VALENCIA.- La Generalitat Valenciana iniciará el próximo martes la cuenta atrás hacia un nuevo escenario de «máxima normalidad posible» tras 18 meses de pandemia y restricciones para frenar el coronavirus. Pero antes de llegar a ese 9 de octubre, una fecha simbólica escogida a conciencia por el Consell, el Ejecutivo de Ximo Puig debe decidir las medidas con las que se regirán la hostelería o el ocio nocturno a partir del 27 de septiembre, cuando decaerán las limitaciones en vigor.
Son precisamente los bares, restaurantes, pubs y discotecas quienes esperan como agua de mayo esta flexibilización de sus horarios y aforos, que se anunciará el lunes, en el marco del Debate de Política General en Les Corts, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental. Un encuentro previsto inicialmente para este sábado, pero que se ha tenido que retrasar al no poder cuadrar las agendas de todos sus miembros.
En estos momentos, la hostelería esta obligada a cerrar a las 00.30 horas, mientras los locales de ocio nocturno pueden permanecer abiertos hasta las tres de la madrugada, con las pistas de baile clausuradas. No obstante, el Gobierno autonómico ya ha abierto la puerta a que estos espacios puedan recuperar su «naturaleza propia» -en palabras de la vicepresidenta Mónica Oltra- en los próximos días.
Dos semanas más de «apertura progresiva» para ensayar la entrada en un nuevo paradigma, que podría contar con un elemento que hasta ahora se había descartado, pero que empieza a coger fuerza tanto entre los sectores afectados -con tantas sensibilidades como asociaciones- como en la propia Administración: el pasaporte covid.
Tanto el propio presidente Puig como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, han defendido su posible implantación para dar mayor seguridad a los ciudadanos -se exigiría estar vacunado o mostrar una PCR negativa en los accesos-, con un proceso de diálogo previo con los empresarios.
Desde la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería (CEOH) no quieren ni hablar de la implantación de este certificado para acceder a sus establecimientos porque consideran que la medida llegaría demasiado tarde, cuando en otras autonomías con peores datos -la Comunidad Valenciana roza el riesgo bajo de transmisión y se sitúa por debajo de los 200 hospitalizados- se ha adoptado ya prácticamente la normativa previa al estallido de la pandemia.
No obstante, el debate está muy vivo. Los organizadores de festivales y grandes eventos, por ejemplo, ven el certificado como un salvavidas -con miles de entradas vendidas desde 2020- para dejar atrás el formato de butacas preasignadas y permitir al público estar de pie en los conciertos. Lo mismo para pubs y discotecas.
En el seno del Consell barajan incluso la posibilidad de hacerlo opcional y que los establecimientos con pasaporte covid se beneficien de menores restricciones en su interior respecto a los que decidan no implantarlo, aunque todo dependerá -y esa es la clave de todo- de cómo encajen las diferentes propuestas dentro de la legalidad.
El Tribunal Supremo autorizó el uso del pasaporte covid para cribar el acceso a la hostelería hace unas semanas en Galicia, pero solo en zonas con elevado riesgo de contagio y de forma temporal. Andalucía y Canarias, que quisieron extenderlo por el territorio desligándolo de la situación epidemiológica, no obtuvieron el aval judicial.
En este punto, Mónica Oltra ha señalado este viernes que se está estudiando «no para todas las actividades, sino para aquellas que tengan un riesgo mayor porque sean multitudinarias, grandes festivales o porque requieran de estar muy juntos, según Abc.
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