VALENCIA.- La sección quinta de la Audiencia de Valencia juzgará este martes al director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, por un presunto delito de falsedad en documento público relacionado con la concesión de ayudas a las productoras administradas por Francis Puig, hermano del presidente autonómico Ximo Puig.
La Fiscalía pidió el archivo de la causa que ha llevado el Juzgado de Instrucción número 9 al considerar que estos hechos no constituyen ninguna falta, pero el PP -única acusación en todo el proceso- reclama seis años de prisión para el alto cargo de Compromís, uno de los tres partidos que conforman el Gobierno del Botànic, junto a PSPV y Unidas Podemos.
El caso tiene su origen en una denuncia ante los tribunales de la diputada popular en las Cortes Valencianas Eva Ortiz, a raíz de que la Conselleria de Educación otorgara subvenciones a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -vinculadas al hermano de Puig- en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros.
Trenzano afirmó en abril de 2018, en una respuesta parlamentaria -un escrito oficial, según el juez- dirigida a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a dichas mercantiles y no había evidencias de irregularidades. Pero realmente estas actuaciones se llevaron a cabo con posterioridad, motivo por el que acabará sentado en el banquillo.
El auto de apertura de juicio oral contra el político señala que, aunque «la falta a la verdad en la narración de los hechos es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse» en la vista, «resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».
«Pero esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad, el 16/7/2018 -dos meses después de firmarse el escrito- y es lógicamente después de esta fecha cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo», sostiene.
Los magistrados explican asimismo que, pese a que la Fiscalía argumenta que Trenzano es filólogo y se limita a firmar la respuesta redactada por un técnico de su gabinete, «el investigado no dice que firmara en blanco, o sin leer, o sin saber lo que ponía, o engañado por el técnico; ni lo dice ni, en consecuencia, lo prueba».
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