ALICANTE.- El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que investiga la parte del caso 'Brugal' que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha admitido la personación de EU como acusación popular y del empresario Enrique Ortiz, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Tras conocer la decisión del juez, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha destacado que el auto haya atendido la petición formulada por EU y no haya impuesto fianza alguna.
EU presentó en el juzgado el pasado mes de diciembre una querella contra la actual alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, --ampliable a cualquier otra persona que del resultado de la instrucción pudiera ser considerada penalmente responsable--.
Así, pide que se investigue su actuación por si pudiera ser constitutiva de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y negociaciones prohibidas, entre otros delitos.
Miguel Ángel Pavón ha asegurado que la intención de EU al personarse en este caso es "defender los intereses generales de la ciudad frente a intereses privados que han podido ser ilegalmente beneficiados a través del nuevo PGOU".
Además, ha recordado que el PGOU se encuentra en trámite de aprobación definitiva por parte del Consell y puede resultar anulado si finalmente se confirmaran los presuntos delitos que la Fiscalía Anticorrupción aprecia de forma indiciaria.
De igual modo, ha indicado que el programa municipal de EU para Alicante propone rescatar el PGOU de manos del Consell para volver a definirlo desde el Ayuntamiento mediante una participación ciudadana real y aplicando criterios de sostenibilidad que considera ausentes del documento actual.
Así mismo, el alcaldable de EU ha criticado que el PP sitúe ante los ciudadanos como "máximo referente" político local y provincial de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas "a una alcaldesa, Sonia Castedo, acusada por Anticorrupción".
En este sentido, ha considerado que la inclusión de Castedo en la lista autonómica por Alicante y el mantenimiento en la misma del actual diputado Díaz Alperi "obedecen a conseguir y mantener, respectivamente, el aforamiento judicial de ambos ante la pieza de Brugal del PGOU".
Con ello, deberá ser el TSJCV y no el juzgado de instrucción número 5 de Alicante el órgano judicial que lleve el caso, tal y como ocurrió con el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en el caso de los aparcamientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario