MADRID.- Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y
AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las
00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus
usuarios.
Los conductores que
diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y
24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país,
dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes.
La
supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia
de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que
actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.
Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión,
levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año
después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el
grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.
En
todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno
actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de
autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y
dejaran de cobrar por su uso.
De esta
forma, desde el miércoles los 467 kilómetros de longitud que suman estas
autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el
Ministerio de Fomento.
La AP-4
Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que
actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien
esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.
De
su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante,
cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente.
El
primero de estos trazados registra un tráfico medio de 22.707 vehículos
al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante
contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales
superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos oficiales
del Ministerio de Fomento.
Su mantenimiento pasa al erario público
Este
Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también
de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta
ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios
de las vías.
No obstante, Fomento no
ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para
seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y
mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.
Por ello, ha resuelto encomendarselo a través de 'contratos de emergencia' y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad.
Estas
empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas
de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la
AP-7 tienen instaladas.
Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante
las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los
trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de
mantenimiento.
El grupo de autopistas
ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3%
de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del
peaje.
Estas dos nuevas autopistas
levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el
debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para
consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa
por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red
de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.
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