Las ayudas a dedo de Ximo Puig, en cuestión: más de la mitad de la subvención a su pueblo para catering

VALENCIA.- «Las subvenciones directas concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y fundamenten su régimen excepcional, revisadas en la presente fiscalización no se han ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones».

 Con esta rotundidad, la Sindicatura de Comptes pone en solfa el millón de euros consignado en los presupuestos de 2018 a Presidencia para la concesión de ayudas a dedo a 47 entidades, según recoge El Mundo. 

Aunque la Generalitat destacó, en un comunicado posterior, que «estas subvenciones se tramitaron en su integridad con el aval de los servicios técnicos y económicos de la Generalitat, así como de los correspondientes informes de la Abogacía y de la fiscalización de la Intervención Delegada», lo cierto es que la Sindicatura pone ciertos reparos.

En su informe, destaca que la modificación de la ley que da competencias al presidente de la Generalitat «debilita las garantías legales» previstas en la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y en la Ley General de Subvenciones. El síndic destaca que no se ha podido comprobar «el procedimiento seguido para seleccionar a los beneficiarios de las subvenciones». 

Tampoco, prosigue, «existe una publicidad previa de las subvenciones presupuestadas ni las fichas presupuestarias contienen la información relativa a su forma de concesión». Así, añade, «tampoco existe un procedimiento reglado de solicitud por parte del interesado». Así, se destaca que «las bases reguladoras se aprueban y publican en el DOGV junto con la propia concesión de la subvención, sin que exista, por tanto, un procedimiento previo reglado de solicitud e instrucción del expediente, que se inicia mediante la propuesta de Presidencia». 

Por último, señala que «la excepcionalidad de la actividad a subvencionar no es objeto de valoración por parte de un órgano técnico con carácter previo a la propuesta de gasto».

El síndic analiza seis expedientes revisados. Curiosamente, uno atañe a una ayuda de 40.000 euros al Ayuntamiento de Morella (del que Puig fue alcalde de durante cuatro legislaturas y media) para la celebración del 54 Sexenni. 

El órgano fiscalizador señala que «el 61,9% de los justificantes presentados corresponde a gastos protocolarios y de restauración, cuya vinculación directa con la actividad subvencionada no se encuentra debidamente justificada».

Una afirmación que rebate el Ayuntamiento de Morella. Fuentes del consistorio explican se gastaron 9.398 euros en un catering para una romería; 824 en manutención de Protección Civil y 1.934 euros para dar un sustento a los participantes en les Danses. En total, algo más de 12.000 de una subvención de 42.000 euros. Un 25% que contrasta con el 61% que detecta el órgano fiscalizador

El síndic también censura que «el 85% de las facturas se han pagado con posterioridad a la finalización del plazo de justificación, por lo que no deberían haberse considerado gastos subvencionables». 

Una circunstancia que el Consell justifica en el hecho de que la orden se publicara con retraso en el DOGV y solo diera 5 días al Ayuntamiento para presentar los recibos. Se optó, explican fuentes de la Generalitat, por «flexibilizar los plazos».