MADRID.-España ha recibido al menos
107.542 solicitudes de protección internacional
durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se
presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse
este máximo, se están rompiendo las costuras de un sistema de acogida
"colapsado" que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo.
"El asilo se ha convertido en la única fórmula de entrada y permanencia en España", ha afirmado la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tal y como ha señalado, "buena parte" de los solicitantes utilizan la vía del asilo porque no tienen otra alternativa para poder quedarse o regularizar su situación. Este hecho, según ha destacado, "está desvirtuando el sistema de asilo y generando graves problemas".
El "colapso" en los servicios de acogida se ha evidenciado en las últimas semanas en Madrid, donde muchos solicitantes de asilo han estado durmiendo en la calle, a las puertas del Samur Social, cuyas plazas están previstas para las personas sin hogar y para situaciones de emergencia. Por su parte, desde Migraciones destacan que actualmente el sistema estatal acoge a 30.000 personas en toda España.
Esta saturación se ha producido ante la falta de plazas del sistema de acogida, a cuyo acceso tiene derecho toda persona que formalice una solicitud de asilo hasta que las autoridades españolas resuelvan su expediente -en caso de denegación, el usuario debe abandonarl
Agilizar las resoluciones
En este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo
Rumí, ha urgido a "agilizar" las resoluciones, teniendo en cuenta que la
mayoría de las personas que piden asilo proceden de Latinoamérica y
"no van a tener derecho a protección internacional". Por tanto, tendrán
que salir del sistema" al tratarse de una migración de carácter
económico.
Si bien a lo largo de 2019 la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha agilizado las resoluciones -ha tramitado un total de 62.641 solicitudes, lo que supone casi cinco veces más que las 12.889 resueltas en todo 2018-, la oficina tiene pendientes de resolver más de 100.000.
Tal y como ha precisado Galán, a pesar de que las resoluciones se han agilizado, "se están notificando muy lentamente" a los usuarios. "Si se resuelven pero no se notifican, las personas se mantienen en el sistema de acogida sin poder dar paso a otras personas que lo necesiten", ha remarcado. Así pues, sostiene que es "importante" superar este "escollo" administrativo ya que "por muy rápido" que se resuelvan los expedientes, "sin herramientas para notificar no servirá de mucho".
Si bien a lo largo de 2019 la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha agilizado las resoluciones -ha tramitado un total de 62.641 solicitudes, lo que supone casi cinco veces más que las 12.889 resueltas en todo 2018-, la oficina tiene pendientes de resolver más de 100.000.
Tal y como ha precisado Galán, a pesar de que las resoluciones se han agilizado, "se están notificando muy lentamente" a los usuarios. "Si se resuelven pero no se notifican, las personas se mantienen en el sistema de acogida sin poder dar paso a otras personas que lo necesiten", ha remarcado. Así pues, sostiene que es "importante" superar este "escollo" administrativo ya que "por muy rápido" que se resuelvan los expedientes, "sin herramientas para notificar no servirá de mucho".
Desde
Interior, por su parte, destacan la mejora en el ritmo de las
tramitaciones que se ha producido en 2019, año en el que precisamente el
Gobierno habilitó la concesión del permiso de residencia por razones
humanitarias para venezolanos debido a la compleja situación que vive el
país. Desde el mes de enero, casi 40.000 ciudadanos de Venezuela se han
beneficiado de este mecanismo previsto en la ley de asilo.
El Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les deniegue por la vía convencional la petición de protección formalizada en España desde el año 2014. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, unos 37.313 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, seguidos de 25.949 colombianos, 6.134 hondureños, 5.483 nicaragüenses y 4.467 ciudadanos de El Salvador.
"La respuesta del Gobierno español para otorgar razones humanitarias a las personas de origen venezolano es positiva, pero nos parece discriminatoria para otros colectivos que proceden de países donde las condiciones y situaciones son igual o más graves", ha manifestado Galán.
En esta línea, ha expresado su preocupación por el gran número de negaciones sistemáticas de asilo a personas de centroamérica que vienen a España huyendo de la violencia de las maras -pandillas violentas-, y ha abogado por "ampliar" las razones humanitarias a este colectivo. "Su denegación es absolutamente injusta. Son personas que han tenido que huir por la falta de protección de sus estados ante esa extrema violencia", ha dicho.
Para Galán, el reto principal para 2020 es poner en marcha un plan global que dé respuesta a las necesidades migratorias y de asilo "que se ajuste a los extranjeros cuyo perfil no es de protección internacional y también al colectivo de refugiados".
Por su parte, la directora de misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha defendido un sistema de acogida que esté "bien dotado económicamente, seguro y predecible"; así como la cooperación en la acogida y una redistribución justa entre todos los niveles del Estado.
El Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les deniegue por la vía convencional la petición de protección formalizada en España desde el año 2014. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, unos 37.313 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, seguidos de 25.949 colombianos, 6.134 hondureños, 5.483 nicaragüenses y 4.467 ciudadanos de El Salvador.
"La respuesta del Gobierno español para otorgar razones humanitarias a las personas de origen venezolano es positiva, pero nos parece discriminatoria para otros colectivos que proceden de países donde las condiciones y situaciones son igual o más graves", ha manifestado Galán.
En esta línea, ha expresado su preocupación por el gran número de negaciones sistemáticas de asilo a personas de centroamérica que vienen a España huyendo de la violencia de las maras -pandillas violentas-, y ha abogado por "ampliar" las razones humanitarias a este colectivo. "Su denegación es absolutamente injusta. Son personas que han tenido que huir por la falta de protección de sus estados ante esa extrema violencia", ha dicho.
Para Galán, el reto principal para 2020 es poner en marcha un plan global que dé respuesta a las necesidades migratorias y de asilo "que se ajuste a los extranjeros cuyo perfil no es de protección internacional y también al colectivo de refugiados".
Por su parte, la directora de misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha defendido un sistema de acogida que esté "bien dotado económicamente, seguro y predecible"; así como la cooperación en la acogida y una redistribución justa entre todos los niveles del Estado.
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