UGT denuncia que un informe de Intervención "paraliza" la prestación de servicios de 'Vaersa'

VALENCIA.- El sindicato UGT PV ha denunciado que un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 3 de octubre de 2019 publicado recientemente "está paralizando" y "poniendo en jaque" la prestación de los servicios que ejecuta la empresa pública Vaersa.

El sindicato ha explicado que, según dicho informe, Vaersa "no puede seguir ejecutando los servicios atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público". Esta situación provocó el cese el día 7 de diciembre de diez personas en la Unidad de Análisis de Sanidad Animal integradas en el Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria, que entre otras responsabilidades se encuentran la Red de Alerta Sanitaria
Veterinaria y el Programa Nacional del Control de Enfermedades, ha lamentado UGT.

Sin embargo, la organización sindical ha afirmado que "gracias a la intervención de la Conselleria de Agricultura "se han podido recuperar a ocho de las diez personas cesadas y el servicio solo ha estado paralizado 16 días".

"Cuestión diferente es lo que ocurre con las obras de mantenimiento y apertura de Áreas Cortafuegos, ya que han cesado a 30 personas en la provincia de Valencia porque las nueva obras previstas por un valor de dos millones de euros, no se pueden ejecutar debido al informe de la Intervención", ha denunciado UGT. 

El sindicato ha hecho hincapié en que además no se ha podido finalizar los trabajos en las Áreas Cortafuegos de la zona de Tous.

Asimismo, ha remarcado que del mismo modo "se va a cesar el día 31 de diciembre a cinco personas que prestan servicio para la Conselleria de Economía Sostenible". 

"Este personal realiza los controles de las explotaciones mineras en cuanto a restauración y medioambiente", ha detallado.

En este sentido, UGT ha criticado que la "falta de personal" en la Dirección General de Industria, Energía y Minas provoca que "no se puedan revisar los Planes de Labores y los avales presentados por las explotaciones mineras, que en muchos casos no coincide con la realidad, aprobándose por silencio administrativo a los dos meses de su presentación".

UGT también ha alertado de que "puede dejar de ejecutarse el Plan de Vigilancia Preventiva contra el Riesgo de Incendios Forestales, un dispositivo de unidades de vigilancia, motobombas y la red de observatorios forestales que tiene un valor estimado de 14 millones de euros al año y que está integrado por más de 400 personas".