VALENCIA.- La Conselleria de Educación ha establecido un nuevo modelo de evaluación externa de los colegios,
que viene recogida en los reglamentos de organización y funcionamiento
aprobados en las últimas semanas, tanto en el de Infantil y Primaria
como en el de Secundaria. No sólo afectará al proyecto educativo, sino
que también tendrá en cuenta la gestión.
Y esta última parte provoca
ciertas cautelas entre los centros concertados, que según los decretos
publicados también deberán pasar por esta auditoría pese a que las
normas, en el resto de aspectos, se ciñen a la red pública, según publica hoy Las Provincias.
La evaluación externa se realizará «sobre los procesos
educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en cuanto a la
organización, gestión y funcionamiento, como en el conjunto de las
actividades de enseñanza y aprendizaje», tal y como se recoge en ambos
decretos. En realidad es algo que ya se contemplaba, de manera literal,
en los reglamentos anteriores, de 1997, si bien se atribuía esta labor a
la inspección.
Ahora es la conselleria la que establecerá los programas de evaluación periódica
con la colaboración de los equipos directivos, el claustro, el consejo
escolar y los inspectores. La clave está en el cambio de la competencia.
En la práctica, según fuentes del sector, no se han realizado
auditorías sobre la gestión, pues las evaluaciones diagnósticas vigentes
son sólo académicas.
La patronal Escuelas Católicas, que agrupa a la mayoría de centros confesionales concertados, ve positivo que se apliquen «medidas para mejorar, siempre que sean objetivas y se tenga en cuenta el contexto con el que trabajan los colegios».
Eso sí, recela de qué abarca el concepto de gestión, «que es
muy amplio». «Vemos necesario todo aquello que se refiera a los fondos
que recibimos de la administración; es lógico, pues debe servir para
comprobar su correcto uso.
Pero debe procederse con cautela en relación a
otros ingresos que van más allá de la partida de otros gastos», que es
el módulo del concierto destinado a cubrir el funcionamiento y
mantenimiento ordinario de las escuelas.
Por ejemplo, son muchos los
centros que funcionan con donativos de las familias -el dinero que da la
administración lleva una década congelado-, por no hablar de que
también hay ingresos por servicios complementarios (como el comedor o
gabinetes psicopedagógicos) y por actividades extraescolares.
«La evaluación, que dará información relevante a los centros
para tomar decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es buena
siempre que no se interprete o utilice interesadamente», añaden desde
la otra patronal valenciana, Feceval, que lamenta que los reglamentos,
pese a afectar en este aspecto a la concertada, no hayan pasado por sus
mesas de negociación.
En cuanto al apartado de la gestión y el funcionamiento,
destacan que los centros son privados «por mucho que estemos sometidos a
normas compartidas, como la admisión de alumnos».
También recelan de
que los resultados globales vayan a ser dados a conocer por la
conselleria (sin identificar centros ni alumnos). «Las estadísticas
pueden ser interpretadas o influir la manera de presentarlas.
Y preocupa
teniendo en cuenta algunos antecedentes», dicen. Un claro ejemplo es la
diferente manera de valorar los resultados de la admisión, pues tal y
como lo hace Educación no ayudan a destacar qué colegios son más
demandados al no basarse en las peticiones brutas en primera opción.
Para Feceval, la mejor manera de evitar susceptibilidades
sería que la evaluación la aplicara una entidad externa, evitando que
se pueda ver a la conselleria como «juez y parte en un litigio donde en
ocasiones anteriores ha tomado partido».
Por último, coincidieron con
Escuelas Católicas en que existe supervisión continua por parte de los
inspectores asignados y en que también se asume desde la Intervención.
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