Insistir en las nacionalidades impulsadas por políticos dominados por vanidad personal y olvidar las nuevas políticas de unión económica, de las alianzas y de la necesaria cohesión social, llevaría a una pérdida generalizada, que, aunque se iniciara posteriormente la vuelta atrás, el camino sería muy lento y cubierto de dificultades arduas de superar.
El separatismo lleva aparejada la rotura de la unidad de mercado, la fiscal, la política, la bancaria, la posible monetaria y la confección de presupuestos independientes. Quedaríamos supeditados también a las reacciones de los mercados financieros y competitividad con el exterior.
Exigir y permitir un urgente separatismo coincidiendo, además, con la ya iniciada desaceleración económica internacional, debe ser calificado como “Independentismo Desordenado e Irracional”. Europa necesita una nueva regulación y mecanismos para controlar la inestabilidad política en la UE y las divisiones en los países miembros.
Un ejemplo evidente de volver a la desunión es la complejidad y consecuencias negativas del hasta ahora Brexit desordenado. Bruselas, consciente de la necesidad urgente de reformas, ha tomado la decisión de acometerlas para regular, entre otros, el sistema financiero y su estabilidad, el fiscal, la sostenibilidad del euro, evitar la competencia desleal y las amenazas a la ciberseguridad.
La Constitución Española, en su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Sin embargo, permanece abierto un proceso unilateral de independencia autonómica que vulnera la indisoluble unidad nacional.
Analicemos las consecuencias inevitables de las medidas a adoptar, con gravísima repercusión para las estructuras económicas y su desarrollo futuro requiriendo, además, un muy largo periodo de tiempo en evitación de importantes desacuerdos y desórdenes en las relaciones futuras entre dos nuevos entes independientes:
* División bancaria.
Dos bancos centrales independientes con gobernanza personalizada. Uno,
el de España con territorialidad disminuida y dependencia y control del
Banco Central Europeo como miembro de la zona euro, de quien recibirá
supervisión sobre capital, liquidez, calidad de activos y gestión de su
consejo. Otro, el del nacionalizado, que para el caso de no ser
integrado en la UE originaría incompatibilidades y deterioros
importantes en las relaciones comerciales para los sectores
empresariales, potenciando la desaceleración económica y obligando a
legislar protección como consecuencia de la brecha negativa inevitable
entre ambos países, y para la inseguridad de los depósitos con
independencia de donde vivan sus propietarios. La estabilidad financiera
podría comprometerse también como consecuencia del descontrol de los
riesgos. Un mercado de capitales desintegrado y competitivo sería
rechazado por Europa, uno de los centros principales mundiales.
* Posible nueva moneda para el autónomo. Las posibilidades en cuanto al delicado uso de su moneda son las siguientes:
1
Solicitar y ser aceptado como nuevo miembro de la UE, lo cual llevaría
un muy largo periodo de gestión y aceptación recíproca de las cláusulas
legales de obligado cumplimiento. En este caso, la moneda sería el euro,
previo estudio y decisión de la cobertura del periodo de gestión.
2
Creación de una propia, lo que se asemeja a un proyecto de “moneda
digital”, lo cual quedaría bajo el control, supervisión y resultados de
la política monetaria, de la banca internacional. Indudablemente, la
emisión debería cimentarse en activos sólidos aún desconocidos y un
estrecho control de las tasas de interés, con el fin de consolidar la
situación económico-financieramente de los balances del nuevo banco
central.
3
La alianza a otra moneda de curso legal, lo cual obligaría a un cambio
estructural peligroso, con influencia en sus mercados tradicionales y
PIB.
*Aranceles.
Siendo un impuesto indirecto manejado libremente por los estados,
cuando los productos atraviesan la frontera aduanera, su objetivo es
contener las importaciones y proteger los nacionales. Pueden tener
también un fin fiscal, aunque deben ser incompatibles, y solo deben ser
aplicados como protectores, bien “específicos” o “ad valorem”. Sin duda,
con una independencia mayoritariamente no deseada, con la imposición de
aranceles se pueden originar resultados catastróficos a las empresas y
una paralización del nivel de desarrollo al perder capacidad impulsora
de proyectos empresariales en un entorno competitivo, con perjuicio de
la riqueza y del bienestar social.
* Diferente fiscalidad.
Otra competencia desleal entre los dos países independientes serían
unas reglas fiscales diferentes y más complejas, empeorando la gestión,
su vigilancia y la libertad de mercado. No sería aceptable en Europa una
competencia fiscal, cuando la Comisión ha iniciado el camino de la
unificación para evitar ese dumping desde el área de la competencia y
los acuerdos fiscales ventajosos.
* Nuevos presupuestos generales.
Una división geográfico-económica obligaría a ambos; de una parte para
España a una nueva estructura presupuestaria que requeriría un profundo y
largo estudio de ingresos y gastos; y la confección, sin experiencia
anterior, de uno nuevo para el separado. Los presupuestos mencionados
precisarían previamente de acuerdos complejos concretos que afectarían a
gran parte de los capítulos que los componen, salvando siempre los
déficits públicos y la inestabilidad potencial de las finanzas.
Recordemos que Keynes expresó con gran acierto: “Equivocarse con la mayoría tiene menos costes que acertar con la minoría. Situarse extramuros de la corriente principal de la opinión pública implica asumir un riesgo importante”.
(*) Economista y empresario
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