VALENCIA.- Los partidos firmantes del pacto del Botànic han asegurado que el
informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2018 demuestra
que el Consell "progresa adecuadamente" y es "eficaz", y han celebrado
que el gasto social haya crecido hasta acercarse a la media de las
autonomías.
Así lo han puesto de manifiesto dirigentes del PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem, después de que el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haya entregado al Parlamento autonómico el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2018.
Para el vicesecretario general del PSPV–PSOE y síndic en Les Corts, Manolo Mata, el informe de la Sindicatura de Comptes confirma que "el Consell del Botànic progresa adecuadamente", y ha celebrado que no haya responsabilidad contable en la cuentas autonómicas.
Asimismo, ha defendido los 1.325 millones de euros reivindicativos. "Nunca lo hemos ocultado, siempre lo hemos dicho y son millones que se han gastado en políticas sociales", según Mata.
El dirigente socialista ha asegurado que a pesar de la infrafinanciación, desde el Consell no se va a tolerar "tener un gasto por debajo del resto de comunidades autónomas en Sanidad, Educación y Servicios Sociales".
Por ello, ha añadido, "la reivindicación siempre es tratar el déficit de manera asimétrica en función de la financiación que tengan las comunidades autónomas", pues el déficit "no puede ser el mismo para una comunidad sobrefinanciada que para una infrafinanciada".
Por su parte, la diputada de Compromís Graciela Ferrer ha señalado que el informe demuestra que la Administración "funciona de una manera razonable y eficaz" y que el problema recurrente es "la falta de financiación para poder dar los servicios a los que tienen derecho de los ciudadanos".
En este sentido, ha dicho que seguirán defendiendo una financiación justa, especialmente, en relación con la ley de la Dependencia.
Ferrer ha defendido también los 1.325 millones. "Es una partida presupuestaria reivindicativa porque a lo que aspiramos y queremos hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos igual que en el resto del Estado español".
Ha valorado que en este momento se está llegando al gasto social medio del resto de autonomías, tras muchos años por debajo, pero el problema, ha dicho, "es que tenemos mucho menos dinero del que nos correspondería" para poder prestar esos servicios.
"No vamos a recortar derechos que son fundamentales para la calidad de vida de las personas", ha asegurado, y ha destacado que aunque el déficit ha subido en términos absolutos, es el segundo año que se reduce en porcentaje del PIB.
Desde Unides-Podem, Irene Gómez ha manifestado que el mayor gasto que ha habido por parte del Consell no es "porque sí", sino que es porque "se hacen cosas en beneficio de los ciudadanos" y para mejorar su vida.
Así lo han puesto de manifiesto dirigentes del PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem, después de que el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haya entregado al Parlamento autonómico el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2018.
Para el vicesecretario general del PSPV–PSOE y síndic en Les Corts, Manolo Mata, el informe de la Sindicatura de Comptes confirma que "el Consell del Botànic progresa adecuadamente", y ha celebrado que no haya responsabilidad contable en la cuentas autonómicas.
Asimismo, ha defendido los 1.325 millones de euros reivindicativos. "Nunca lo hemos ocultado, siempre lo hemos dicho y son millones que se han gastado en políticas sociales", según Mata.
El dirigente socialista ha asegurado que a pesar de la infrafinanciación, desde el Consell no se va a tolerar "tener un gasto por debajo del resto de comunidades autónomas en Sanidad, Educación y Servicios Sociales".
Por ello, ha añadido, "la reivindicación siempre es tratar el déficit de manera asimétrica en función de la financiación que tengan las comunidades autónomas", pues el déficit "no puede ser el mismo para una comunidad sobrefinanciada que para una infrafinanciada".
Por su parte, la diputada de Compromís Graciela Ferrer ha señalado que el informe demuestra que la Administración "funciona de una manera razonable y eficaz" y que el problema recurrente es "la falta de financiación para poder dar los servicios a los que tienen derecho de los ciudadanos".
En este sentido, ha dicho que seguirán defendiendo una financiación justa, especialmente, en relación con la ley de la Dependencia.
Ferrer ha defendido también los 1.325 millones. "Es una partida presupuestaria reivindicativa porque a lo que aspiramos y queremos hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos igual que en el resto del Estado español".
Ha valorado que en este momento se está llegando al gasto social medio del resto de autonomías, tras muchos años por debajo, pero el problema, ha dicho, "es que tenemos mucho menos dinero del que nos correspondería" para poder prestar esos servicios.
"No vamos a recortar derechos que son fundamentales para la calidad de vida de las personas", ha asegurado, y ha destacado que aunque el déficit ha subido en términos absolutos, es el segundo año que se reduce en porcentaje del PIB.
Desde Unides-Podem, Irene Gómez ha manifestado que el mayor gasto que ha habido por parte del Consell no es "porque sí", sino que es porque "se hacen cosas en beneficio de los ciudadanos" y para mejorar su vida.
Soler se siente respaldado
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler,
ha valorado el informe anual de la Sindicatura de Comptes referido al
ejercicio de 2018, del que ha considerado que "respalda" la
"reivindicación del Consell de una reforma urgente de la financiación y
de la compensación de la deuda histórica". El Síndic Major de Comptes,
Vicent Cucarella, ha entregado a Les Corts el informe, que
incluye un apartado sobre el sistema de financiación autonómica.
Soler
ha subrayado el hecho de que la Sindicatura advierta de que la
"discriminación" financiera de la Comunitat Valenciana, --que, según ha
apuntado en un comunicado es la que motiva la inclusión de la partida de
1.325 millones en los presupuestos autonómicos--, "compromete el acceso
de las y los valencianos a los servicios básicos como la sanidad, la
educación o la dependencia en condiciones de igualdad con el resto de
autonomías".
Asimismo, la Sindicatura
alerta de que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de
esta infrafinanciación, "condicionará negativamente el desarrollo futuro
de los servicios públicos valencianos, salvo que se tomen medidas de
resarcimiento de la infrafinanciación autonómica sufrida durante los
últimos años".
Por otra parte, según
Soler, la Sindicatura de Comptes señala que si los fondos que
actualmente recibe la Comunitat Valenciana a través de los mecanismos
especiales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA),
"llegasen a través del sistema de financiación autonómico, no
incrementarían el endeudamiento de la Comunitat Valenciana".
El
informe subraya que estos mecanismos especiales incrementan la deuda,
por lo que "dificultan la consecución de los objetivos tanto de déficit
como de endeudamiento, incidiendo en el normal funcionamiento de la
Administración de la Generalitat", ha apuntado el conseller.
Aún
así, Soler ha recalcado que el síndic destaca en su informe de
fiscalización el "cambio de tendencia" en el endeudamiento de la
Generalitat en porcentaje de PIB, "que se ha reducido en 2018 por
segundo año consecutivo".
En su
valoración, Soler ha destacado igualmente el aviso de Cucarella de las
"consecuencias negativas" que el actual sistema de financiación
autonómico tiene sobre la Comunitat Valenciana en forma de "falta de
equidad horizontal y vertical" y especifica que los ingresos del sistema
de financiación de los ejercicios 2014 a 2018 no han sido "suficientes"
para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos
presupuestos, ni para cubrir el gasto presupuestario de naturaleza no
financiera, excluyendo el servicio de la deuda.
Además
asegura que, teniendo en cuenta que el resto de ingresos no financieros
obtenidos por la Generalitat tan solo representan un 5,9% del total, la
administración "está abocada a cubrir el déficit presupuestario
mediante el recurso al endeudamiento", añade Soler.
El PP y Ciudadanos han criticado este lunes el incremento del déficit de
la Generalitat en 2018 en un 7,7 % en 2018 hasta los 2.187 millones,
han advertido del incremento del gastos y han reclamado más
responsabilidad al Consell a la hora de gastar el dinero público.
El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado en un comunicado que con el Gobierno de Ximo Puig los valencianos "solo tenemos más deuda, más déficit y más impagos" y ha señalado que la cuenta de 2018 demuestra "la nefasta gestión económica" del Consell.
"Además de estos malos datos se puede comprobar cómo la Generalitat no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos", ya que, según ha dicho, en 2018 éste "se desbocó un 7,7 % respecto a 2017, a pesar de tener más ingresos, lo que demuestra un claro desequilibrio en las cuentas".
Todo ello además, ha destacado, "con innumerables facturas en el cajón, por valor de cerca de 1.000 millones; de pagos sin contrato por valor de 1.400 millones y en definitiva una larga lista de impagos a los valencianos y a sus derechos".
"Estamos ante la evidencia más clara de una gestión caótica", ha asegurado Ibáñez, quien ha alertado sobre "la mala justificación de subvenciones, de forma especial en Presidencia", así como del abuso de pagos sin contratos y la falta de liquidación en las concesiones sanitarias".
"Hay un riesgo de prescripción de derechos de cobro de impuestos y aumento descomunal del gasto. Especialmente relevante es el caso de la Conselleria de Sanidad, que paga farmacia y productos sanitarios por caja fija sin contrato y fraccionando", ha indicado.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha manifestado que el hecho de que la Comunitat tenga menos dinero y esté peor financiada "no es una carta blanca para poder gastar todo lo que se quiera sin todo el control que se debiera".
"Se debería tener más responsabilidad a la hora de gastar porque si no, ocurre lo que ocurre, el déficit y la deuda aumentan y nos lleva a una situación cada vez más insostenible", ha manifestado.
Merino también ha dicho compartir con la Sindicatura la idea de que no se deberían incluir en el Presupuesto los 1.325 millones de euros que el Consell califica de reivindicativos y que desde la oposición ven ficticios.
"Nos parece una irresponsabilidad y una irrealidad", ha afirmado la parlamentaria, quien cree que se trata de promesas que se hacen y que al final se incumplen porque "son gastos o inversiones que se dejan de ejecutar porque son ingresos que no llegan".
"Está muy bien reivindicarlos pero no creemos que sea la forma, la forma de reivindicar la financiación es otra, no poner 1.325 millones año tras año de forma reiterada en los presupuestos que nunca llegan", ha denunciado.
El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado en un comunicado que con el Gobierno de Ximo Puig los valencianos "solo tenemos más deuda, más déficit y más impagos" y ha señalado que la cuenta de 2018 demuestra "la nefasta gestión económica" del Consell.
"Además de estos malos datos se puede comprobar cómo la Generalitat no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos", ya que, según ha dicho, en 2018 éste "se desbocó un 7,7 % respecto a 2017, a pesar de tener más ingresos, lo que demuestra un claro desequilibrio en las cuentas".
Todo ello además, ha destacado, "con innumerables facturas en el cajón, por valor de cerca de 1.000 millones; de pagos sin contrato por valor de 1.400 millones y en definitiva una larga lista de impagos a los valencianos y a sus derechos".
"Estamos ante la evidencia más clara de una gestión caótica", ha asegurado Ibáñez, quien ha alertado sobre "la mala justificación de subvenciones, de forma especial en Presidencia", así como del abuso de pagos sin contratos y la falta de liquidación en las concesiones sanitarias".
"Hay un riesgo de prescripción de derechos de cobro de impuestos y aumento descomunal del gasto. Especialmente relevante es el caso de la Conselleria de Sanidad, que paga farmacia y productos sanitarios por caja fija sin contrato y fraccionando", ha indicado.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha manifestado que el hecho de que la Comunitat tenga menos dinero y esté peor financiada "no es una carta blanca para poder gastar todo lo que se quiera sin todo el control que se debiera".
"Se debería tener más responsabilidad a la hora de gastar porque si no, ocurre lo que ocurre, el déficit y la deuda aumentan y nos lleva a una situación cada vez más insostenible", ha manifestado.
Merino también ha dicho compartir con la Sindicatura la idea de que no se deberían incluir en el Presupuesto los 1.325 millones de euros que el Consell califica de reivindicativos y que desde la oposición ven ficticios.
"Nos parece una irresponsabilidad y una irrealidad", ha afirmado la parlamentaria, quien cree que se trata de promesas que se hacen y que al final se incumplen porque "son gastos o inversiones que se dejan de ejecutar porque son ingresos que no llegan".
"Está muy bien reivindicarlos pero no creemos que sea la forma, la forma de reivindicar la financiación es otra, no poner 1.325 millones año tras año de forma reiterada en los presupuestos que nunca llegan", ha denunciado.
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