ALICANTE.- La Guardia Civil ha hallado una 'granja' de minería de criptomonedas en un local anexo a una casa rural de Crevillente que usaba una conexión eléctrica ilegal, en una operación que se inició por un consumo excesivo de luz que hizo pensar en un principio a los agentes que estaban ante un caso de cultivo de marihuana.
En esa 'granja' había gran cantidad de procesadores y ordenadores, que fue lo que provocó el gran gasto energético. Los agentes detuvieron a dos hombres, españoles de 30 y 53 años, como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico por valor de 24.657 euros, según un comunicado del instituto armado.
Los agentes han detenido a dos hombres, españoles de 30 y 53 años, como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico, por valor de 24.657 euros. En el interior de la vivienda, en un local anexo, había instalados equipos informáticos “con gran cantidad de procesadores, ordenadores y sofisticados, que fue lo que provocó el gran gasto energético”.
En total se localizaron ocho procesadores, 100 tarjetas gráficas, un ordenador portátil y “sofisticados equipos de refrigeración y de extracción de humos”. Hasta el lugar se desplazaron especialistas en investigación tecnológica de la Unidad Orgánica de Policial Judicial de la Comandancia de Alicante para analizar su fabricación y uso.
La generación de criptomonedas se lleva a cabo mediante lo que se conoce como prueba de esfuerzo. Miles de personas en todo el mundo (los llamados mineros) compiten por ser los primeros en anotar cada transacción de criptomonedas en el blockchain, el registro compartido y descentralizado de la red Bitcoin que protege al sistema contra el fraude.
Para evitar entradas duplicadas en esta especie de notaría virtual, la red obliga a los mineros a resolver un cálculo matemático tremendamente complicado (llamado hash) cada vez que hay que añadir algo al registro; el primero en completarlo es el que anota la transacción y, como recompensa, recibe monedas. La Guardia Civil asegura en su nota que estos ciberactivos son empleados “habitualmente como medio de pago habitual en actividades ilícitas vinculadas a delitos tecnológicos y el blanqueo de capitales”.
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