ALICANTE.- Compromís ha acusado este martes al PP de "desmantelar servicios
públicos inclusivos" en la ciudad de Alicante debido al "paradigma de
una gestión pésima y de abandono de la acción social".
La
portavoz de Servicios Sociales de la coalición en Les Corts, Nathalie
Torres, ha explicado en una rueda de prensa --junto al portavoz
municipal Rafa Mas-- que la vicepresidenta primera y consellera de
Servicios Sociales, Susana Camarero, y el alcalde Luis Barcala "no han
hecho nada por consolidar una estructura de atención a la ciudadanía más
necesitada, al dejar morir el conocido como contrato-programa, una
herramienta administrativa que garantizaba durante cuatro años la
financiación de la acción social a las entidades locales valencianas".
Torres, quien ha registrado una proposición no de ley en el
parlamento autonómico para el "refuerzo urgente" de los servicios de
atención social, ha señalado que "lo que está ocurriendo en Alicante es
la clara ejemplificación del desmantelamiento de los servicios sociales
públicos".
"Los ayuntamientos y los servicios sociales llevan
desde noviembre de 2023 advirtiendo sobre el fin del contrato programa",
ha remarcado la diputada, y se ha referido a las actas de las reuniones
celebradas en noviembre de ese año y de 2024 en la dirección
territorial de la provincia de Alicante.
Igualmente, ha
indicado que "en junio de 2024, la Conselleria ya debería haber enviado
las instrucciones para la renovación y no ha reaccionado hasta hace un
mes".
"No creen en la inversión social. Para Camarero es solo un gasto",
ha agregado.
A juicio de Torres, "son muchos los
ayuntamientos de menor tamaño que sí han tenido la voluntad de
consolidar la ley de acceso a los servicios públicos valenciana, así
como estructuras profesionales en estos cuatro años de duración del
contrato-programa.
"Banyeres de Mariola, una ciudad de apenas
7.000 habitantes y gobernada por Compromís desde 2015, ha aprovechado el
contrato-programa para aumentar un 50 por ciento las plazas de los
equipos y establecer la práctica totalidad de la plantilla laboral", ha
sostenido Torres "como ejemplo contrario al alicantino".
De otro lado, Mas ha manifestado que "el despido del 80% de la
plantilla de trabajadoras sociales ya está ocasionando que los cálculos
para ver reconocidos los derechos de dependencia superen el máximo legal
que recoge la ley".
"El contrato-programa se hizo para anular
las subvenciones anuales a los ayuntamientos y que existiera una
planificación a cinco años vista de la acción social de la
Administración, para agilizar trámites y consolidar plantillas de
trabajo, así como atender a los derechos sociales de las personas", ha
resaltado el portavoz municipal de la coalición.
Para el edil,
"Compromís, que impulsó el contrato-programa, atendió a una demanda
social y del sector para reforzar un escudo social y garantizar el
acceso a los derechos ciudadanos allí donde van a pedir ayuda, que es a
la puerta de los ayuntamientos".
"El Ayuntamiento de Alicante
es uno de los pocos que no ha hecho nada por paliar esta situación.
Pasamos de los nueve meses establecidos como máximo para que una persona
vea reconocido su derecho a la ayuda a una espera de mínimo año y
medio. La situación es alarmante porque no solo han destrozado los
equipo de trabajo, sino que dejan de atender directamente a las
personas", ha sentenciado Mas.
El portavoz de la coalición ha
agregado que "ya no hay servicio de salud mental ni jurídico, y que se
desatienden programas del departamento como el de atención infantil".
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