Las nuevas normas del alquiler entrarán en vigor este miércoles

MADRID.- El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que entre otras cosas establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC, entrará en vigor mañana, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, para mantenerse, la nueva normativa deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, trámite para el que en principio el Ejecutivo socialista se ha garantizado los votos necesarios tras recabar el apoyo de Podemos y PDeCAT, a los que podrían sumarse los del PNV.

El real decreto-ley, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, establece que las rentas no podrán subir en su revisión anual por encima del IPC, al tiempo que fija determinados incentivos fiscales y un índice de precios de referencia de los alquileres.

Con el objetivo de incentivar la oferta de vivienda en alquiler, se establecen una serie de medidas fiscales, entre otras, permitir bonificaciones de hasta un 95 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de Administraciones Públicas en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

Asimismo, se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos o a 7 años si es una persona jurídica y pasa a cuatro meses el período de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario.

Para dar apoyo a los grupos más vulnerables se mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad y se clarifica la obligación de señalar el día y la hora del desahucio.

Respecto a la vivienda turística, también se incorporan mejoras en su exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que sea específicamente regulada por las Comunidades Autónomas, al tiempo que se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar este tipo de viviendas o asignarles mayores gastos comunes.