VALENCIA.- La entrevista a Ximo Puig publicada en un espacio comercial del diario británico «The Guardian» en noviembre de 2016 podría chocar con varios artículos de leyes aprobadas durante su etapa al frente del Gobierno valenciano relacionadas, sobre todo, con códigos éticos.
La
Generalitat ha negado durante meses que pagara por la polémica
entrevista, y así ha insistido ante las informaciones de Abc de los
últimos días. Únicamente admite que abonó dinero por un libro y un
encarte que se introdujo en los ejemplares del diario en abril de 2017
para promocionar la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, esta
argumentación resulta difícil de sostener cuando el propio «The
Guardian» borró el cuestionario a Puig al tratarse de un acuerdo
comercial. A este periódico, respondió igualmente que se trató de una
serie publicitaria, escrita y pagada por la empresa The Report Company,
en la que se incluía la entrevista.
Por su parte, la propia
compañía intermediaria se manifiesta en línea con la Generalitat y
asegura que Puig no pagó nada por este servicio, que colocaron en base
al «interés general».
La baza que juegan ambas es la factura
final de los servicios que mostró Abc el pasado jueves.
En abril de
2016, se suscribió un contrato entre la Administración y la central de
medios Mec Mediterránea para acciones de comunicación. Esta última es a
la que The Report Company facturó todo lo relacionado con «The
Guardian», y en ese documento no aparece la palabra entrevista.
O mentira o regalía
Si ese cuestionario entró dentro del pack de la publicación comercial en el diario británico, que Ximo Puig apareciera en él costó a los valencianos un total de 52.030 euros
-los 43.000 declarados por la Generalitat en 2017 dentro de la
publicidad institucional más 9.030 correspondientes al 21% del IVA- y
miente al negar que sea así.
Si realmente no pagó por la entrevista, supondría que aceptó una regalía en forma de propaganda
por parte de la empresa intermediaria y podría incurrir en delito,
puesto que la compañía tuvo cinco meses después un contrato con la
Administración.
La actitud choca con diversos artículos del Código de Buen Gobierno
del Consell, aprobado mediante decreto en 2016. El más significativo es
el número 21, precisamente dedicado a la publicidad institucional a los
medios de comunicación, apartado en el que se incluyó el gasto de «The
Guardian».
«Las personas sujetas a este Código se abstendrán de utilizar
la comunicación publicitaria institucional para fines partidistas o como elemento de propaganda personal.
La publicidad institucional que realizan las organizaciones e
instituciones públicas se ajustará siempre a los principios de interés
ciudadano, veracidad y lealtad institucional».
Resulta bastante
evidente que la entrevista al presidente de la Generalitat
fue de promoción personal y que no respondía al interés ciudadano
. En ella se ensalzaba su figura, se le presentaba como un líder,
aprovechó para criticar al PP por la corrupción, expuso sus grandes
propuestas de legislatura y se le llegó a preguntar por cómo rescató la
sociedad y la democracia.
Favores o servicios
Otro de los
artículos de podrían entrar en contradicción con estas acciones es el
17, en el cual se expone que se evitará «el uso o abuso del cargo para
obtener ninguna ventaja o beneficio, en especial los privilegios
informativos, reguladores y/o aquellos que puedan generarse como
consecuencia del ejercicio de su mandato o que estén asociados a este».
Tanto
en el Código de Buen Gobierno como en la ley de Transparencia
valenciana consta igualmente que «no aceptarán regalos que sobrepasen
los usos y costumbres de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas
que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones». Si la entrevista
fuera una regalía, podría ser considerada un favor o servicio en
condición ventajosa.
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