Ximo Puig vulneró cinco leyes para condonar la deuda de la empresa de la que es accionista

MADRID.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , se saltó cinco leyes y normativas para aprobar el pasado marzo que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) condonara el 70 por ciento de un crédito a Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa) , editora del «Periódico Mediterráneo», diario líder en Castellón. Ximo Puig es propietario de un 1,16% del capital de esta sociedad, una participación valorada en 177.886,06 euros, según publica hoy Abc. 

El accionista mayoritario del diario castellonense era el Grupo Zeta, con un 84% del capital. Dentro de las negociaciones de la venta de Zeta a Prensa Ibérica, el instituto público valenciano de finanzas aprobó la condonación de la deuda, renunciando al cobro de 1,3 millones de los 1,8 que Pecsa le adeudaba.

Ximo Puig votó a favor de la aprobación del Decreto 38/2019 de 19 de marzo por el que el Consell autorizaba al IVF a condonar varias deudas, pero hasta la fecha solo ha sido utilizado para perdonar los créditos de la editora del «Periódico Mediterráneo».

Fue el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, quien pidió expresamente esta autorización, pese a que se habían realizado al menos tres operaciones previas similares sin pasar por ese trámite.

Puig arguyó que la Abogacía General de la Generalitat dijo que no existía conflicto alguno de intereses en la operación porque el capital en manos del presidente valenciano no superaba el 10 por ciento de las acciones de la empresa. 

Efectivamente, la Ley 8/2016, de 28 de octubre -de la Generalitat- de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos establece que un cargo público no podrá ser propietario «de participaciones directas o indirectas que superen el 10 por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público». 

Esto significa que es perfectamente legal que Ximo Puig sea propietario de un 1,16% por ciento del capital de Pecsa, pero en ningún caso le permite condonarle deudas, con su voto expreso a favor, o adjudicarle contratos. 

De hecho, Pecsa habría cobrado desde 2015 en concepto de publicidad 600.000 euros adjudicados desde Presidencia de la Generalitat, según publicó el diario «El Confidencial».

Solicitudes de información

Abc ha solicitado al Gobierno valenciano vía Transparencia que acredite las cantidades entregadas a la empresa de la que Puig es accionista, pero se ha negado. En paralelo a los contratos publicitarios, Ximo Puig ha recibido de Pecsa 18.900 euros en reparto de dividendos, según sus propias declaraciones de bienes: 6.510 en 2016; 5.880 en 2017; y otros 6.510 en 2018. Llama la atención que una empresa que reparte dividendos a sus accionistas anualmente necesite la condonación de sus deudas.

Son cinco las leyes que prohíben expresamente el comportamiento de Ximo Puig, comenzando por la Directiva 2014/241 de la Unión Europea y siguiendo por el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, que transpone el mandato europeo en la legislación nacional. 

Esta normativa sostiene que se incurre en conflicto de intereses si el alto cargo tieen «directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». Ximo Puig no solo adjudica contratos y condona deudas a la empresa de la que es accionista, sino que, como decíamos, también obtiene beneficios económicos.

Por otro lado, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 23 obliga a abstenerse en todos los asuntos en los que existe conflicto de intereses. Además, el Decreto 56/2016 del Consell, de 6 de mayo, que aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, dice en su artículo 16 que los miembros del Gobierno autonómico «en ningún momento realizarán conductas o tomarán decisiones que puedan suponer la incurrencia en conflicto de intereses».

Ximo Puig es el presidente valenciano desde junio de 2015, por lo que este decreto salió adelante durante su mandato. Además, el año pasado aprobaron el Decreto 65/2018 de 18 de mayo, que desarrolla la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos de la Comunitat Valenciana. 

El artículo 7 establece que un alto cargo debe poner en conocimiento de la Oficina de Control de Conflicto e Intereses la existencia de una situación como la de Ximo Puig, en un plazo máximo de diez días, dejando constancia expresa de su abstención o inhibición del asunto.

Incompatibilidad

Tal y como consta en la documentación que obra en poder de Abc, tras distintas solicitudes de información pública, Ximo Puig no ha manifestado en ningún momento, desde 2015 y hasta la actualidad, hallarse incurso en esa incompatibilidad y su consiguiente prohibición para adjudicar dinero público a Pecsa. 

Asimismo, tampoco consta que se haya puesto en conocimiento del Consell de Gobierno la existencia de tal incompatibilidad y del conflicto de intereses del presidente valenciano.

Puig, que ejerció como periodista, posee las acciones de Pecsa desde 1984. Las compró con la indemnización que percibió al ser despedido del «Periódico Mediterráneo», diario en el que trabajó antes de dar el salto a la política.

Las mantuvo cuando pasó a ser secretario general del PSPV y, posteriormente, presidente de la Generalitat. El pasado mes de octubre, la mayoría que componen PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida rechazó en las Cortes Valencianas, la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre este asunto. La había solicitado Ciudadanos y la apoyaron también los grupos del Partido Popular y Vox, pero perdieron por 48 votos contra 45.