ALICANTE.- 15 minutos justos de reloj separan la salida del peaje de la AP-7 que va de la playa de Poniente de Benidorm hasta San Juan,
en el centro de la provincia de Alicante. Hasta el pasado día 31 de
diciembre a las diez de la noche el trayecto, de apenas 37 kilómetros,
tenía un coste de 3,95 euros por vehículo. Esto supone un coste de 26 céntimos por minuto. Es decir, seis veces más de lo que se pagaría por estacionar en un parking en
una de las ciudades más grandes de España, según la tarifa media
calculada por la Organización de Consumidores (OCU), calcula hoy El Mundo.
Pasadas las tres y media de la tarde del 1 de enero, con el fin de la concesión privada tras más de 40 años y
la decisión del Ministerio de Fomento de retirar los peajes en todo el
Levante español, no puede decirse que la salida de Benidorm tenga más
tráfico del habitual. Puede que no sea un buen baremo -al fin y al cabo
hace apenas unas horas que las barreras están levantadas- pero no deja
de ser la principal salida de una ciudad con 40.000 camas hoteleras,
diez millones de pernoctaciones anuales y un 95% de ocupación en
Nochevieja.
«La liberalización del
peaje era ya un hecho y no se podía dar marcha atrás», señala la
secretaria general de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Nuria
Montes.
«Lo importante es qué va a pasar a partir de ahora». Su asociación ha
sido una de las más beligerantes contra la apertura total de la AP7, al
asegurar que la falta de tramos alternativos en determinadas comarcas
(como Las Marinas, ubicadas en la costa norte de la provincia)
provocarán un colapso que restará competitividad al sector turístico, generador del 13% del PIB valenciano.
«La gente confunde gratis con que no cueste dinero. Y no es así. El
mantenimiento hay que pagarlo, y ahora se va a multiplicar con el
incremento de tráfico. La cuestión ya no es si se impondrá, sino cómo y
cuándo lo hará».
En ese sentido se ha pronunciado también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
La intención del Ejecutivo es reformular el sistema para financiar el
mantenimiento de las autopistas de peaje que sea «igualitario» en todo
el país.
Con ese objetivo se licitaron el pasado mes de agosto dos
estudios sobre la «distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en Autopista AP-7»,
uno para el tramo Tarragona-Valencia y otro para el de
Valencia-Alicante.
Estos informes determinarán «las mejores soluciones
para las actuaciones que se deban acometer para acomodar la demanda en
la Red de Carreteras del Estado tras la redistribución de tráfico» y el
nuevo escenario que se abre al no tener que pagar por los trayectos.
Un
movimiento que puede tener consecuencias en las siguientes carreteras
donde se acaba el peaje, como la AP-2 que va desde Zaragoza hasta El
Vendrell y cuya adjudicación vence el 31 de agosto de 2021.
La
clave ahora está en ver cómo evoluciona el tráfico, pero lo cierto es
que la autopista que recorre la costa tiene un margen importante hasta
recuperar el volumen de antaño.
Según
los datos del Ministerio de Fomento, entre 2008 y 2018 el tramo que va
desde Alicante a Tarragona perdió aproximadamente una cuarta parte de
sus vehículos (unos
9.000 diarios de casi 40.000), principalmente por la existencia de
otras alternativas como por ejemplo la Autovía del Mediterráneo,
inaugurada en el año 2011 y que supone la manera más eficaz de llegar
desde las comarcas alicantinas de interior hasta la provincia de
Valencia.
Ante esto, Montes destaca la necesidad de «acometer inversiones» para
«reforzar las alternativas a la AP-7», algo que, en el caso concreto de
Alicante, evidencia «el abandono de determinadas infraestructuras como
la N-332» o, en un plano más general, la «ausencia de actuaciones concretas ya ejecutadas en el Corredor Mediterráneo».
Unas autopistas un 0,84% más caras
El precio medio del peaje de las autopistas que
conforman la red estatal subió ayer un 0,84%. Este incremento se aplicó
en todas las autopistas dependientes de la Administración General del
Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al
quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de
Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros en total,
son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el
aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y
los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de
Alicante.
Seittsa, la firma pública que explota estas vías, lo hace a
través de un contrato que no es de concesión, por lo que no se les
aplica la subida fijada como sí sucede en el resto de carreteras
españolas.
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