ALICANTE.- Dos de los cuatro acusados en el juicio por el presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de 40 contenedores de basura soterrados en Alicante en 2009 han negado los hechos y han asegurado que su relación era «estrictamente profesional».
La sección décima de la Audiencia Provincial ha acogido este martes la primera sesión de esta causa, en la que también está acusado el exvicealcalde de la ciudad y concejal de Atención Urbana, el popular Andrés Llorens. El juicio debería haber arrancado el lunes pero no lo hizo por indisposición de una de las magistradas.
En concreto, se aborda el presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de 40 contenedores de basura soterrados sufragados con el Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como ' Plan E'.
Así, el juicio ha empezado este martes con las cuestiones previas y la declaración del exjefe de servicio de Atención Urbana en 2009, José Lidón y el empresario representante de la mercantil subcontratada CCMS. Asimismo, previsiblemente continuará este miércoles con la intervención del exconcejal Llorens y del apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso.
Las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa por falta de motivación durante la instrucción, junto con los autos de entrada y registros domiciliarios y en las sedes empresariales, por vulneración de los derechos fundamentales de los acusados. Un aspecto al que fiscalía se ha opuesto y que la sala ha confirmado que resolverá por sentencia.
Por su parte, el exjefe de servicio de la concejalía de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante en 2009, José Lidón, ha asegurado ante el tribunal que la relación que tenía con las empresas y contratistas en relación a las obras y construcción de contenedores del 'Plan E' era " estrictamente profesional" y que su función se ceñía a la redacción y entrega de los proyectos que le encargaban en el área municipal.
De la misma forma, ha subrayado que él no intervenía en las adjudicaciones y ha negado la existencia de presuntos regalos o favores entre los encausados tal y como se recogen en las intervenciones telefónicas. "Yo tengo esa forma de hablar, eran bromas, no le doy más importancia", ha indicado.
Por su parte, el empresario representante de la subcontrata CCMS, Javier Álvarez, ha manifestado también que su relación con el resto era "profesional" y que su empresa contrató "temporalmente" a la hija de Lidón por dos meses al enterarse que estaba en el paro.
Acusados de manipular contratos públicos
Según las acusaciones, los cuatro encausados se habrían puesto de acuerdo para manipular los contratos públicos de varias obras de renovación urbanística para favorecer a las compañías Civil de Construcción Mantenimientos y Servicios (CCMS), y la delegación en Alicante de Becsa, y así redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos municipales.
Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce la exedil del PSPV, Carmen Sánchez Brufal, solicitan inicialmente para los cuatro acusados sendas penas de cuatro años de prisión por delitos continuados de prevaricación y fraude. Para el exregidor y el técnico solicita además once años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Para los dos empresarios, el apoderado de la mercantil adjudicataria, y el administrador de la subcontratada, pide su inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.
La fiescalía asegura en su escrito de acusación que el Ayuntamiento alicantino resultó perjudicado por estas adjudicaciones irregulares, "al quedar viciada la igualdad en las contrataciones", por lo que pide que sea indemnizado por los encausados de forma solidaria y conjunta con 1.209.700 euros.
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