jueves, 20 de enero de 2022

Austria, primer país de la UE en imponer por ley la vacunación obligatoria contra la COVID en adultos


 VIENA.- El Parlamento de Austria ha aprobado este jueves la primera ley en la Unión Europea (UE) que obliga a los mayores de 18 años residentes en el país a vacunarse contra la COVID-19 desde el 1 de febrero.

Asimismo, podrán imponerse multas de hasta 3.600 euros (4.085 dólares) por ignorar la norma, que cuenta con amplio respaldo político, pero ha provocado gran polarización en la calle. 

Cientos de personas se han manifestado en el centro de Viena, vigilados por un fuerte dispositivo policial que ha bloqueado los accesos a la zona del Hofburg, el antiguo palacio imperial que acoge la sede del Gobierno y del Parlamento.

La ley ha sido respaldada por 137 de los 170 diputados que participaron en la votación en el Parlamento (de 183 escaños), donde solo el partido ultranacionalista y antivacunas FPÖ se opuso en bloque.

El FPÖ, que tiene una intención de voto del 20%, lleva semanas convocando manifestaciones contra las medidas para contener la pandemia, y el pasado domingo reunió a 30.000 protestantes en Viena.

De la obligatoriedad de vacunarse, quedan exentas las mujeres embarazadas, las personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días.

Asimismo, el texto legal deja claro que la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza" y reduce los castigos a las multas económicas, que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros. El importe de las sanciones irá destinado a financiar los hospitales públicos.

El Gobierno de coalición que forman el conservador Partido Popular (OEVP) y el ecologista Los Verdes argumentó el pasado noviembre que se vio obligado a tomar esa decisión ante la incapacidad de convencer a suficientes ciudadanos de la necesidad de vacunarse. 

Desde entonces, la tasa de vacunación ha pasado supuestamente del 65 al actual 71 % de la población.

Según las últimas encuestas, solo el 45 % de la población apoya que la ley entre en vigor en febrero, mientras que otro 17% prefiere retrasar su aplicación y otro 34% se opone totalmente a la norma.

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