La entidad ecologista ha presentado este viernes la décima edición de su informe 'Destrucción a Toda Costa', donde se analizan y recopilan los datos sobre la situación del litoral español durante la última década y se propone una hoja de ruta para proteger "la poca costa que queda en buen estado", según ha informado la formación en un comunicado.
Tras años vigilando el litoral español, la organización ecologista destaca que "el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día". Asimismo, denuncia el "acoso" a los "escasos" espacios vírgenes que quedan y exige su protección.
Greenpeace asegura que, en toda España, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera, "7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial".
"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral", ha subrayado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.
En su opinión, "lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas" y ha asegurado que desde la entidad que preside van a "seguir luchando para que esto no pase". Asimismo, ha comentado que "es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".
Greenpeace, en su informe, además de alertar sobre el urbanismo "salvaje", hace hincapié también en que, durante esta década, "se ha justificado la avalancha de proyectos de nuevos amarres deportivos con la excusa de la Copa América en 2007 y 2010". "El evento deportivo se convirtió en la coartada perfecta para intentar realizar una ampliación desmedida de los puertos", destaca.
Asimismo, también se refiere a la contaminación de las aguas. Para el colectivo ecologista, esta década "ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas".
"Sistemáticamente desde Guardamar del Segura, pasando por L'Albufera y hasta el entorno de la refinería de BP en Castellón, la Comunitat ha incumplido estas directivas", señala, y añade que en el cómputo total de vertidos de sustancias contaminantes al litoral la autonomía valenciana vierte casi un 18 por ciento de las emitidas por el Estado español al Mediterráneo.
Greenpeace señala dos "asignaturas pendientes" en la gestión del litoral valenciano y recuerda que las iniciativas sobre una economía sostenible no pueden ser reales si los casos de destrucción costera más icónicos siguen presentes en la próxima década.
En primer lugar, esta entidad considera que, tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en la que se declara nula la concesión de la ampliación del puerto deportivo de Campomanes (Altea), la Generalitat "debe abandonar sus intentos por promover la legalidad del puerto en el Supremo y restaurar la zona ya dañada por la ampliación".
Además, entiende que los Espacios Naturales Protegidos de la costa están "asfixiados por el ladrillo y el hormigón". En esta línea, destaca que "marjales, albuferas y dunas deben ser gestionados adecuadamente sin supeditar los planes urbanísticos sobre la protección ambiental".
Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.
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