ALICANTE.- Un total de diez causas de "nulidad de pleno derecho" son las que fundamentan la demanda contra el plan parcial de Rabasa que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) ha presentado al Tribunal Superior de Justicia, y en la que solicita que declare la nulidad de esta actuación urbanística. Entre las causas de nulidad argumentadas se incluye las infracciones por no haberse expuesto "en rigor" al público, carecer de "evaluación ambiental estratégica", la falta de estudios de sostenibilidad económica y la inexistencia de garantía para abastecer de agua a las más de 13.000 viviendas y casi 40.000 habitantes previstos en Rabasa, según 'Información'.
La PIC denuncia en su demanda que el Plan Rabasa no ha sido sometido a exposición pública porque las dos veces que el Ayuntamiento lo ha hecho han sido defectuosas.
Así, se señala que en la primera exposición pública la propuesta de la mercantil de Enrique Ortiz (Viviendas Sociales del Mediterráneo) a la que se adjudicó el plan "no estuvo materialmente expuesta al público, además de ser alterada sustancialmente, una vez seleccionada, en su presupuesto, edificabilidad y número de viviendas".
También se impugna la segunda exposición pública porque la misma no incluyó, según la PIC, la adjudicación y los "aspectos esenciales (del plan) ya aprobados".
El Plan Rabasa incurre en "incumplimiento flagrante de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de las Directivas Europeas", señala en segundo lugar el colectivo ciudadano en su demanda, por la falta de publicación del Plan Rabasa en el Diario Oficial de Unión Europea "pese a su cuantía de casi 200 millones de euros, modificaciones unilaterales del contenido después de hacer la adjudicación y falseamiento de las reglas de competencia", entre otras.
Este argumento se acompaña con sentencias del Tribunal Supremo de actuaciones urbanísticas anuladas por tales circunstancias.
Otro argumento se refiere a la decisión del Ministerio de Fomento de ampliar la zona de dominio público de trazado ferroviario que bordea el plan Rabasa, que de 107.670 metros cuadrados pasa a 421.600.
La PIC afirma en su demanda que esta ampliación supone "un cambio sustancial en la ordenación" del plan Rabasa y recalca que el informe de Fomento fue anterior a la aprobación definitiva del mismo, y que la Conselleria de Urbanismo conocía este informe "por lo que no debió aprobar" el plan Rabasa.
Sobre la falta de evaluación ambiental estratégica, la PIC aclara en su demanda que aunque no estaba aún en vigor la Ley que la exige cuando en agosto de 2005 se expuso de forma incompleta el plan parcial "sí estaba en vigor la Directiva 2001/42, que es de aplicación directa".
Otras carencias que hacen el plan nulo de pleno derecho, según la demanda de la PIC son los estudios de sostenibilidad económica y de integración paisajística.
Otro argumento se centra en el Plan General de Ordenación Urbana en tramitación, que según la demanda, debió quedar sin efecto al incumplir el plazo fijado por el Consell para la vigencia del concierto previo del mismo. La PIC denuncia que una prórroga con carácter retroactivo acordada por el Consell "que consideramos ilegal" evitó volver a reiniciar la redacción del PGOU, que incluye Rabasa.
Además, la PIC se adhiere a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que informa el plan en contra por no garantizar el agua potable, y también a los argumentos del Síndic de Greuges contra la aprobación del plan parcial. Finalmente, La PIC cree necesaria una revisión del PGOU en tramitación para poder llevar a cabo "una actuación de estas características".
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