BRUSELAS.- Agricultores procedentes de España, Francia e Italia han pedido al Parlamento Europeo que bloquee el acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros que han cerrado la Unión Europea y Marruecos, porque dicen que perjudica gravemente los intereses del sector hortofrutícola europeo y no soluciona la falta de control que en su opinión hay sobre la entrada de producto marroquí.
Las partes cerraron los términos del acuerdo hace más de un año, en diciembre de 2009, pero el texto está aún pendiente de la ratificación de la Eurocámara, que puede aprobarlo o rechazarlo, pero no modificarlo. El Parlamento Europeo prevé votar el informe sobre este asunto en el pleno del mes de junio.
Los agricultores españoles --sobre todo de Valencia, Andalucía, Canarias y Murcia-- temen pérdidas y denuncian que los alimentos marroquíes, especialmente en lo que se refiere a los cupos de tomate, no cumplen las exigencias del acuerdo actual ni las mismas normas fitosanitarias que los productos comunitarios.
En un encuentro este lunes con miembros de la comisión de Agricultura del PE, las organizaciones del sector de frutas y hortalizas de España, Francia e Italia han dejado claro a los eurodiputados su "gran preocupación" por el impacto del acuerdo si entra en vigor, por lo que les ha pedido que "no ratifiquen" el documento.
También han reclamado a los eurodiputados que "pongan en marcha las acciones que estén en su mano y que estimen conveniente" en defensa de los agricultores europeos y sus cooperativas, según un comunicado de Cooperativas Agro-alimentarias. Y han apostado por reforzar los controles de aduanas en la entrada de productos de terceros países.
"El aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector de la UE, más aún cuando se tiene constancia de la vulneración continuada del acuerdo en vigor", dice la nota.
Las cooperativas insisten en que se han producido "incumplimientos y vulneraciones" del lado marroquí, "tanto en lo que se refiere a las cantidades contingentadas como en el pago de los derechos de aduana, que generan profundas distorsiones en los mercados europeos".
Por su parte, el responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, ha agradecido el acto organizado en el PE por el eurodiputado francés José Bové, porque a su juicio prueba la "unidad" del sector agrario europeo contra el convenio.
"Hemos decidido poner en marcha una campaña informativa para explicar a los ciudadanos europeos las implicaciones sociales, económicas y medioambientales que tiene el acuerdo más allá de los perjuicios estrictamente agrarios", ha indicado Góngora.
El representante de COAG ha advertido a la Eurocámara que ratificar el convenio equivaldría a legitimar la competencia desleal y ha pedido salvaguardas para controlar su impacto. "Es imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria", ha pedido.
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