MADRID.- El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, y el antiguo
responsable de las empresas de la caja, Daniel Gil Mallebrera,
promovieron y consintieron supuestamente el presunto desvío de fondos de la caja a
paraísos fiscales para su propio beneficio y el de dos socios, publica hoy 'El País'.
Es la
acusación que sustenta la querella presentada en julio por la actual
dirección de la caja —intervenida por el FROB—
en la Audiencia Nacional contra ambos ejecutivos y los administradores
de Valfensal, la sociedad opaca a través de la cual sacaron
supuestamente dinero de la entidad. Uno de los administradores de esta
firma, Juan Vicente Ferri, llegó a comunicar a Gil que facilitar
información sobre Valfensal “le podría llevar a prisión” según el
informe realizado por Deloitte, incluido en el sumario que instruye el
juez Javier Gómez Bermúdez.
Valfensal es una sociedad de promoción turística creada en noviembre de 2003. El 30% del accionariado pertenecía a la CAM —hoy a Banco CAM, adjudicado al Sabadell tras la intervención—
y el otro 70% al grupo hotelero Mar Confort, controlado por Ferri y
José Salvador Baldó, ambos acusados ahora por el FROB junto a López Abad
y Daniel Gil por apropiación indebida, administración desleal, blanqueo
de capitales y delito fiscal. Gran parte de esta última aportación fue,
además, financiada por la propia caja, según el informe sobre la CAM
realizado por el Banco de España.
Ferri y Baldó, según Deloitte, mantenían con ambos ejecutivos de la
caja —López Abad y Gil— “una notable proximidad personal y comercial”.
Hasta el punto de que los dos directivos se ocupaban personalmente de
los créditos de Valfensal gestionándolos al margen de los mecanismos
habituales de la CAM. Se trataba, en definitiva, de una “zona opaca de
gestión”, según la querella de Carlos Gómez-Jara, el abogado designado
por el FROB para defender los intereses de la caja, que permitía a los
directivos conceder créditos a Valfensal (unos préstamos que también ha heredado el Banco CAM)
sin que los proyectos financiados fueran controlados o tasados
previamente por la entidad. En algunos casos, los préstamos se llegaban a
aprobar a ciegas, sin que a la caja le constara el importe de la
operación. En otros, la entidad aceptaba directamente la propuesta de
Valfensal sin evaluación independiente.
La querella identifica un total de cinco proyectos de Valfensal que
la caja financió con esa mecánica. Se trata de compras de hoteles y
terrenos en México y la República Dominicana en las que, además,
intervinieron sociedades radicadas en paraísos fiscales. Como la
adquisición del hotel Caracol, en la Riviera Maya (México), y de una
parcela anexa por 21,9 millones. Los préstamos concedidos por la CAM se
acordaron el 20 de enero de 2005, pero el importe de las distintas
inversiones no se añadió al expediente hasta siete días después, lo que
lleva al FROB y a Deloitte a considerar que la aprobación del préstamo
fue “ficticia”. Después, Valfensal modificó el proyecto: rechazó
adquirir la parcela e incluyó una reforma en el hotel, pero la
financiación no se redujo. La querella lo considera “una transferencia
de fondos no justificada”.
O la rocambolesca compra de una parcela en Playa Bávaro (República
Dominicana) para la construcción de un hotel por 12,7 millones de euros
en marzo de 2005. La CAM concedió la financiación a ciegas a Valfensal, y
su filial dominicana compró la finca por cuatro millones. Lo
sorprendente es que, la víspera, otra sociedad de Valfensal radicada en
el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Jacksonport, había
adquirido una opción de compra sobre el terreno por 7,9 millones a otra
sociedad con cuentas en Suiza. La opción de compra costó el doble que la
parcela y se adquirió sin pagar impuestos. Para el FROB se trata de una
“operación pantalla” para sacar dinero de la CAM.
El juez Bermúdez pidió el 3 de diciembre al Banco CAM que aportara
toda la documentación de los préstamos de esas cinco operaciones y
cualquier otro aprobado a Valfensal o sus empresas “para verificar la
existencia o no de algún beneficio por parte de los exdirectivos de la
CAM”. Los créditos, hasta el momento, se encuentran impagados, pero la
venta de los hoteles y fincas hipotecados podrían servir para devolver
al Estado parte de los 5.249 mllones que inyectó en 2011 para salvar la
entidad.
HOTEL CARACOL
Un préstamo concedido sin saber el importe
La CAM, a través de su filial inmobiliaria, Tenedora de Inversiones y
Participaciones, aprobó el 20 de enero de 2005 la financiación de la
compra por Sandos Internacional, una filial de Valfensal, del hotel
Caracol en la Riviera Maya (México). Pero hasta siete días después del
acuerdo no conoció que el importe de la compraventa ascendía a 21,9
millones de euros. El informe de Deloitte considera por ello que la
propuesta se aprobó “con unas determinadas condiciones que más tarde
pudieron haber sido alteradas”. La querella considera que la CAM
financió “una actividad de la que carece de toda referencia y que
equivale a la entrega sin más de los correspondientes fondos como
financiación”. “El hecho de que no exista nada que dote de contenido al
proyecto resulta tan excepcional que impone la conclusión de que hubo
una transferencia de fondos injustificada”, señala.
FINCA EN BÁVARO
Una opción de compra pagada en Suiza
La CAM prestó a la filial dominicana de Valfensal, Tulcani, 12,7
millones de euros para la compra de una finca en Playa Bávaro (República
Dominicana). El precio de la parcela, adquirida el 30 de marzo de 2005,
fue de cuatro millones de euros. Sin embargo, la víspera, otra sociedad
de Valfensal, Jacksonport, radicada en las Antillas Holandesas, había
adquirido una opción de compra sobre el terreno por 7,9 millones, es
decir, el doble del importe de la finca. La obtuvo de Caribbean Holiday
Investment, una sociedad panameña con una cuenta en Suiza. “Los
elementos de prueba concurrentes indican de modo abrumador que toda la
operación es una mera pantalla para ocultar la transferencia de fondos
de la CAM a Valfensal en un sentido económico que, desde luego, no
guarda relación alguna con la operación”, mantiene la querella.
HOTEL GALA
Derechos de explotación desorbitados
Valfensal adquirió el hotel Gala en Playa del Carmen (México). Según
Deloitte, en el contrato “no se hacía referencia a la existencia de un
derecho de comercialización” del establecimiento que se transmitía “sin
restricción, limitación ni salvedad alguna”. Sin embargo, el 20 de
febrero de 2005, la sociedad de Valfensa1 en las Antillas Holandesas,
Jacksonport, compró los derechos de comercialización del hotel a otra
sociedad por 34,8 millones. Según la querella se trata de “una operación
cuyo sentido económico es incomprensible si no se parte de la base de
que se trata de una pantalla para ocultar lo realmente acontecido: una
disposición de fondos de la CAM no justificados por la racionalidad
económica”. La intervención de Jacksonport, prosigue, “solo puede
justificarse por razones que se sitúan, muy probablemente, en el ámbito
de la ocultación fiscal”.
PARCELAS EN MÉXICO
Comisiones imposibles de justificar
La CAM financió a Valfensal la compra por mitades de una parcela
situada en Playa del Carmen (México). Para la compra de la primera mitad
Valfensal desembolsó tres comisiones por valor de 715.600 euros, lo que
suponía alrededor del 12% del importe de la finca (5,7 millones de
euros). Dos de esas comisiones, justificadas por el asesoramiento y la
intermediación en la operación, fueron a parar a una sociedad mexicana y
otra estadounidense. La tercera, de 325.000 euros, ni siquiera aparece
justificada. Nueve meses después, Valfensal se hizo con la segunda mitad
de la finca cuyo precio se había incrementado en ese tiempo un 41%. En
esta ocasión pagó una comisión de 1,5 millones. Para la acusación, la
operación solo se entiende “si se ve el principal objetivo de la
adquisición, precisamente, en transferir fondos CAM a Valfensal”.
HOTEL SAN BLAS
Desproporción en el riesgo de la operación
La operación consistió en la entrada de Valfensal en el accionariado
del hotel Eco Resort San Blas, en Tenerife en otoño de 2010. La
adquisición, que tenía como objetivo atribuir la gestión del
establecimiento al Grupo Mar Confort, accionista de Valfensal, supuso
para la CAM la condonación de una deuda de tres millones de euros. La
compra, en la que la caja asumió, según el FROB, “riesgos y costes
desproporcionados” se realizó sin que la entidad hubiera hecho “un
análisis de su impacto económico”, según Deloitte. La operación, según
la querella, “solo tiene sentido si el objetivo es maximizar el interés
de Valfensal”. Se trataría “de una transferencia de fondos CAM carente
de toda justificación económica”, ya que la caja “asume el coste de la
inversión, pero no tiene control de la gestión que de ello derivaría”,
mantiene la acusación.
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