ALICANTE.- El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Alicante, Juan
Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular'
Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique
Ortíz, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades
relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se
prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.
En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa
de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de
influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se
cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor
Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas; a dos técnicos
del Ayuntamiento --Enrique Sanus e Isabel Campos-- para el 28 de octubre
y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco
Javier Criado al día siguiente.
El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas
--EUPV y PSOE-- si procede la declaración como imputados del exalcalde
de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la
exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe
policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de
Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución,
se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo
del 'Plan Rabasa' y estando suspendida la ejecución del plan parcial
desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana --sala de lo contencioso-administrativo--, el
Ayuntamiento continuó el proceso.
En el pleno de 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición
pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles
Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular
las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector
Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial "existen
indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los
intereses" del empresario Enrique Ortíz.
El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de
Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las
comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción nº 3 de
Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como
'caso Brugal', del que se han desligado esta pieza que investiga
presuntas irregularidades en la tramitación del 'plan Rabasa' y otra que
instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En
esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.
El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de
su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios
"pudieron dar un trato de favor" en el ejercicio de sus funciones al
empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo
de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede
considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de
tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo
como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.
La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del 'caso
Brugal' que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los
delitos de revelación de información privilegiada facilitada por
autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta el pasado
mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada,
por lo que volvió a los juzgados de Alicante.
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