MADRID.- Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso,
ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de
prevaricación administrativa. El titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de Sueca (Valencia) ha iniciado esta semana los trámites para
localizar al diputado de Compromís
y citarle a declarar como investigado, lo que antes era imputado.
Baldoví fue concejal de urbanismo de este municipio valenciano desde
1999 hasta 2007 y posteriormente alcalde del mismo hasta 2011.
El titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Sueca inició esta
semana unas diligencias para localizar al diputado, así como a la
secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, para citarlos a
declarar.
El juzgado del municipio valenciano debe presentar un suplicatorio
ante el Tribunal Supremo al estar aforado Baldoví por ser diputado. Los
hechos por los que el juzgado de Sueca quiere imputar al ahora diputado
de Compromís se remontan a 2007, cuando los propietarios de un inmueble
de la urbanización de Les Palmeres denunciaron unas obras ilegales en la calle Vía Sant Roc por un exceso de volumetría, según revela Las Provincias.
La denuncia de estos vecinos se presentó a principios de 2007, meses
antes de que Joan Baldoví tomara posesión de su cargo como alcalde del
municipio pero ocupando la concejalía de urbanismo en el Consistorio.
El entonces jefe del servicio jurídico del Ayuntamiento de Sueca
ordenó a través de un informe la paralización de estas obras. Este mismo
informe instaba también a la demolición de esta construcción si no se
disponía de la licencia pertinente y advertía de una posible sanción de
hasta 43.112 euros, el 35% del valor de la obra. A
pesar de esto, un nuevo informe del 22 de mayo de 2007 del Consistorio
aseguraba que no sólo se hizo caso omiso a los avisos anteriores, sino
que las obras seguían avanzando.
Con Baldoví ya en la alcaldía del municipio, los denunciantes
siguieron reclamando la paralización de las obras ilegales y su
posterior demolición. Las obras continuaron y finalizaron estando
Baldoví al frente del Consistorio. En la actualidad, está construcción
sigue estando vigente. Esta situación no cambió con la llegada de la
nueva alcaldesa, Raquel Tamarit, también de Compromís.
Tamarit fue alcaldesa de Sueca entre 2015 y 2019 gracias al apoyo del
Grup Independent de Sueca, Perelló i Mareny (Gispm). Tras las
elecciones municipales del pasado 26-M, no logró revalidar su cargo al
frente del Ayuntamiento valenciano, pero su partido la incorporó como
alto cargo en la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig.
Actualmente es secretaria autonómica de Cultura y Deportes en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que dirige Vicent Marzà, también de Compromís. Tamarit está también citada como investigada.
Durante el mandato de Baldoví y de Tamarit al frente del Ayuntamiento
de Sueca se fue desarrollando un expediente urbanístico por un exceso
de volumetría. La Audiencia Provincial de Valencia aseguró en un auto el
pasado 24 de junio de este año que los hechos recogidos en este
expediente «podrían tener indiciariamente y de forma provisional los caracteres propios de un delito de prevaricación
y en su caso una desobediencia».
«Resulta obligada la investigación
penal para determinar el motivo por el que las personas responsables de
ello –de no haber paralizado la construcción y de no haber ejecutado el
derribo– no cumplieron con la legalidad administrativa aplicable«, añadía este auto.
El Supremo les dio la razón
Desde 2007, los vecinos denunciantes siguieron con su batalla
judicial por las obras ilegales hasta que años después el Tribunal
Supremo les dio la razón. El Consistorio, tras la decisión del Alto
Tribunal, ordenó la demolición de las obras en cuestión en 2018, pero el
expediente se archivó y se abrió uno nuevo, como revela Las Provincias. Esta decisión del Consistorio valenciano fue tumbada por la Audiencia Provincial. El actual alcalde de Sueca es Dimas Vázquez, del PSPV-PSOE, gracias al apoyo del PP y de Ciudadanos.
El titular de Instrucción 2 de Sueca debe ahora iniciar los trámites
para imputar a Joan Baldoví, al estar aforado por ser diputado en el
Congreso. El juzgado del municipio valenciano debe presentar un suplicatorio al Tribunal Supremo,
es decir, una exposición explicando los motivos de su imputación para
que el Alto Tribunal decida si hay motivos para que finalmente se le
cite como imputado y así poder determinar cómo debe instruirse la causa.
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