VALENCIA.- El Consell del Botànic quiso cerrar por todo lo alto su primera
legislatura vendiendo el hito logrado con las cinco universidades
públicas:el acuerdo histórico sobre el convenio del personal laboral universitario. El problema, que dicho acuerdo, negociado durante años, se firmó en plena campaña electoral de abril. Y, además, resultó ser solo un preacuerdo,
es decir, sin ninguna validez. Es más, en este inicio de la segunda
legislatura, las mejoras salariales prometidas -y que afectan a las
figuras laborales más precarias, como el profesorado asociado- no se
pueden materializar porque resulta que nadie ha firmado dicho convenio ni nadie se responsabiliza ahora de su entrada en vigor, según la crónica de El Mundo.
La razón no es otra que la imposibilidad legal de aumentar la masa
salarial de las plantillas públicas por encima del 0,3%. De ahí que el
Ministerio de Hacienda no diese su visto bueno a la aplicación del
convenio laboral, dándose la paradoja de que está presupuestado -el
dinero está consignado-, pero el Consell no autoriza formalmente a subir los salarios.
Así que los rectores y rectoras se niegan a asumir en primera persona
la autorización a liberar el dinero, como así se les dio a entender
desde el propio Gobierno valenciano.
Y en este callejón sin
salida se encontraban las universidades -lo que no ha contribuido
precisamente a facilitar la relación de los rectores con la nueva
Conselleria de Innovación y Universidades- hasta que ayer sus dirigentes se reunieron con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
A la cita no faltó ninguno, ya que estuvieron presentes la rectora de
la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat
Politècnica de València, Francisco Mora; el rector de la Universitat
d'Alacant, Manuel Palomar; la rectora de la Universitat Jaume I de
Castellón, Eva Alcón, y el rector de la Universitat Miguel Hernández de
Elche, Juanjo Ruiz.
Aunque Eva Alcón, portavoz de los rectores de
las universidades públicas valencianas, enmarcó el encuentro en la serie
de reuniones habituales que mantienen los responsables universitarios
con el presidente Puig, lo cierto es que sirvió para pactar una salida al embrollo.
Según informó posteriormente Alcón, el Consell confía en la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para arrancar la autorización de Hacienda a la subida salarial,
a través de la correspondiente Ley de Acompañamiento. «Nos hemos
comprometido a instar al Gobierno de España en los nuevos Presupuestos
Generales del Estado a que mediante Ley de Acompañamiento se pueda hacer
efectiva la firma», indicó la también rectora de la Universitat Jaume
I.
Alcón puso en valor también «la voluntad política del Consell y de las universidades» por desbloquear el convenio laboral.
Una frase significativa teniendo en cuenta el rifirrafe que hubo a
finales del año pasado entre la Conselleria de Universidades y las
propias universidades, que llegaron a pedir formalmente -y por registro
de entrada- al departamento de Carolina Pascual que autorizase
expresamente y por escrito la aplicación de dicho convenio.
Los
rectores lo hicieron precisamente para blindarse ante las críticas de la
comunidad universitaria, traspasando al Consell toda la responsabilidad
por la no entrada en vigor del convenio. No hay que olvidar que la
Universitat de València, por ejemplo, se ha enfrentado a una huelga de profesorado asociado, cuya plataforma reclama una mejora de sus condiciones laborales que la institución académica fía a la aplicación del convenio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario