ALICANTE.- El ex alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri,
ha comparecido este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante
para dar cuentas por el despido de una trabajadora interina del
Ayuntamiento que resultó ser cuñada del entonces líder de la oposición y
portavoz del PP, Luis Barcala. El primer edil tomó esta decisión apenas unos días después de que los populares presentasen
en Fiscalía una denuncia contra Echávarri por el fraccionamiento de
contratos en el área de Comercio, un caso por el que fue juzgado y
condenado en primera instancia el pasado mes de octubre.
En su comparecencia el ex alcalde socialista ha asegurado que se encontró en el consistorio con unos 300 trabajadores interinos en situación irregular,
y que después de la denuncia del PP tuvo miedo de que le llevasen a los
tribunales también por esto.
Así, decidió seguir las recomendación del
Síndic, que ya se había pronunciado sobre los empleados sin cargo a
plaza, y empezar a regularizar si situación echándolos a la calle. La
cuestión es que empezó precisamente por la cuñada de su rival político,
porque, dijo, "por alguien había que empezar".
También
destacó en todo momento que el despido se ejecutó de manera
completamente legal, y que la empleada más tarde fue readmitida porque
la mayoría del pleno -con el voto en contra del PSOE- así lo decidió.
Echávarri
rebaja así a categoría de casualidad el hecho de despedir a la pariente
del entonces protavoz del PP, pese a que durante aquellos días colgó
una publicación en Facebook en la que manifestaba que el despido se
había ejecutado a raíz de la denuncia del PP. Lo decía con estas
palabras: "A veces el corazón vence a la razón y hace saltar los planes y
los plazos, sobre todo cuando ves que una persona interpone una denuncia (a mi entender falsa y ya se verá),
y alardea de ello diciendo 'sé que no hay nada, pero esto va a hundir
al alcalde y a su familia', o 'a ver si ahora tiene cojones el alcalde
de pasear por el centro de Alicante con sus hijos como si nada', pues te
replanteas tu prudencia y decides empezar a mover ese expediente que
lleva en tu mesa varios meses y que por una cosa u otra (...) no habías
hecho".
En el procesamiento del ex
primer edil ha sido clave también un informe, elaborado pro la
Concejalía de Cultura que entonces controlaba Guanyar, y en el que se señalaba que la decisión de prescindir de esta persona se había tomado de manera unilateral y por el propio ex alcalde,
hasta el punto de que el no poder contar con ella supuso un problema de
operatividad: "La Concejalía sufre un problema de falta de personal,
agravado por el traslado de diversos funcionarios a otras dependencias
sin que se hayan repuesto".
"Desde el inicio de la legislatura la
Concejalía ha perdido 17 funcionarios (...). En este contexto, la Concejalía no podía renunciar a una técnico de museos,
por interina que fuera, so pena de poder incurrir en irresponsabilidad
que dejara sin servicio adecuado los centros municipales", explicó el ex
edil Dani Simón a la Fiscalía cuando se lo requirió.
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