VALENCIA.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,
Gabriela Bravo, ha anunciado este viernes que su departamento presentará
la semana próxima un proyecto al Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) que permitirá celebrar juicios por
videoconferencia.
"Para paliar los daños del colapso judicial
que se avecina a causa de la crisis sanitaria, hemos de apostar por el
uso de las nuevas tecnologías, salvaguardando siempre las garantías
procesales", ha explicado. Por ello, asegura que la Comunitat Valenciana
está "en condiciones de poder ofrecer a todos los operadores jurídicos
la posibilidad de celebrar juicios por videoconferencia".
Se trata de un proyecto "pionero" en toda España, ya que el
sistema de reuniones virtuales WEBEX (puesto en marcha al inicio de la
crisis sanitaria para limitar los desplazamientos) se ha integrado con
el sistema de grabación de vistas Arconte, ya operativo en las sedes
judiciales valencianas que garantiza que el fichero de vídeo y audio no
ha sido manipulado de ninguna manera.
Este sistema permite que
todas las partes de un procedimiento puedan conectarse entre ellas,
comparecer ante el tribunal y que la celebración del juicio quede
grabada con todas las garantías.
Por otra parte, Gabriela Bravo ha instado al Ministerio de
Justicia a que se amplíen los servicios esenciales de los juzgados de
forma que se pueda reactivar los tribunales y paliar así el colapso que
amenaza al sistema judicial por el incremento exponencial de
procedimientos derivados de la crisis sanitaria.
Así
lo ha expresado Bravo en la reunión que, por videoconferencia, ha
celebrado con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el resto de
consejeros y consejeras autonómicos y representantes del Consejo General
del Poder Judicial, la Abogacía y el Ministerio Fiscal.
Durante
el encuentro, Bravo ha recordado que el personal mínimo que trabaja
presencialmente ahora mismo en los juzgados valencianos "es
absolutamente insuficiente" y ha propuesto la necesidad de establecer un
periodo transitorio en el que se incremente la presencia de
funcionarios antes del desescalamiento organizado por el Gobierno.
"Lo único que ha suspendido el decreto de alarma son los
plazos, pero se podrían empezar a realizar otro tipo de actuaciones
judiciales e incluso tomar la agenda de señalamientos. Todo ello,
acompañado de un plan de protección de la salud de trabajadores y
usuarios", ha manifestado.
En estos momentos acuden a los
tribunales 987 de las 4.710 personas que conforman la plantilla de la
Administración de Justicia dependiente de la Generalitat. Sin embargo,
para Bravo, "este número puede ser aumentado y que las sedes judiciales
sean atendidas por un número mayor de funcionarios ya que las distancias
mínimas pueden ser atendidas, así como el resto de recomendaciones
sanitarias".
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