ELCHE.- La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en
Elche, ha absuelto a los 13 acusados en la pieza separada del denominado
'Caso Brugal' donde se juzgaban presuntas irregularidades en la
tramitación y adjudicación en 2008 del Plan de Residuos de la Zona XVII,
correspondiente a la comarca de la Vega Baja.
Entre los
absueltos figuran el que fuera presidente de la Diputación alicantina
con el PP y expresidente del Puerto, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa
de Orihuela, Mónica Lorente, el empresario Enrique Ortiz y técnicos de
la corporación provincial, entre otros. La sentencia no es firme y
contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En la sentencia hecha pública este martes, el Tribunal, tras analizar
la prueba practicada, ha concluido que no ha quedado acreditado "la
existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los
acuerdos del consejo, ni que ninguno de los acusados ofreciere o
aceptase regalos tendentes a conseguir una resolución del consorcio que
les favoreciere".
El juicio por estos hechos se celebró entre el 2 de
noviembre de 2021 y el 22 de junio de 2022 a lo largo de 42 sesiones,
según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana.
Del mismo modo, los magistrados tampoco
encuentran pruebas de que los acusados influyeran o trataran de influir
en miembros del Consorcio de Residuos de la Vega Baja "que les fueran
beneficiosos" ni que "revelasen datos del expediente que causaren
perjuicio alguno al resultado del procedimiento".
Por tanto,
absuelve a todos los encausados de los delitos que les atribuía el
Ministerio Fiscal: cohecho, revelación de información privilegiada,
tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a
funcionarios públicos y fraude.
La Sala desestima las
peticiones de nulidad de diferentes diligencias de prueba practicadas y
resoluciones dictadas durante la instrucción de la causa, como registros
domiciliarios, las intervenciones telefónicas o la incorporación de las
grabaciones realizadas por uno de los acusados, el empresario Ángel
Fenoll, que dieron origen a la investigación.
En este sentido,
cita la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de julio de este año,
que valida esas pruebas en el marco del recurso de casación por otra
pieza del caso Brugal, la relativa a la contrata de recogida y
tratamiento de residuos en la ciudad alicantina de Orihuela.
La Fiscalía Anticorrupción sostenía que los acusados se habían
confabulado para amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la
Vega Baja y la ubicación de la planta de tratamiento de residuos a
través de un acuerdo entre dos empresarios, Enrique Ortiz y el citado
Ángel Fenoll, a cambio en algunos casos de diferentes dádivas.
No obstante, el Tribunal considera que todas las decisiones adoptadas
por la comisión y la junta de gobierno del Consorcio de Residuos creado
por la Diputación de Alicante para tramitar el contrato "fueron
colegiadas" y sus miembros "votaron libremente".
Los magistrados tampoco entienden probado que los viajes a la Feria
de Sevilla o a las Islas Baleares en un yate de Enrique Ortiz de los que
disfrutaron junto a otras personas José Joaquín Ripoll y su esposa
entre 2008 y 2009 se realizaran "con la intención de influir en la
conducta" del entonces presidente de la Diputación.
Por otro
lado, respecto al cambio de ubicación para la instalación del vertedero,
la Sección Séptima de la Audiencia señala que fue motivada "por la
respuesta social" y el Consorcio lo aprobó por mayoría "en aras del
interés general", ya que era la mejor oferta y no supuso "un aumento en
el canon" a pagar por la Administración ni, "consecuentemente, un
perjuicio para el erario público".
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