La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la adopción de medidas para evitar la demolición del conjunto que supondría “un daño irreversible” al patrimonio por el valor etnológico (?) que tienen estas viviendas del municipio alicantino Guardamar del Segura.
Desde la Generalitat se recuerda que la normativa establece que la Conselleria competente en materia de cultura tiene en su mano suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno de los valores mencionados en la ley del Patrimonio Cultural Valenciano cuando estime que la intervención pone en peligro dichos valores.
Por ello, también se ha solicitado al Ayuntamiento de Guardamar que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.
Con esta decisión, la Generalitat Valenciana busca evitar el inminente derribo de este conjunto de viviendas el próximo día 15 y proteger a este núcleo costero, incluido en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell, argumenta la Generalitat.
Costas se mantiene firme y señala que las casas, que se extienden a lo largo de 600 metros lineales, son el primer factor de regresión de la playa de Babilonia e impiden la continuidad del litoral con el cordón dunar.
La resolución de la Conselleria de Educación, Cultura Universidades y Empleo tiene lugar después de que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio haya sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con supuesto valor etnológico (?).
Una medida trasladada esta semana a los vecinos afectados que también tiene el objetivo de que se frene la demolición de las edificaciones de la franja costera, según la agencia de noticias Europa Press.
Según el «compromiso verbal» al que los vecinos de Babilonia y el Servicio Provincial de Costas llegaron antes del verano, el trabajo de vaciado de las viviendas debería comenzar el próximo martes 9 de septiembre y el derribo el martes 15.
De las algo más de 60 viviendas que tienen orden de derribo siete no han solicitado autorización alguna al Ayuntamiento y la demolición deberá ser asumida por Costas.
La mayor parte de los afectados han optado por presentar su propio proyecto para evitar que el coste, que deben asumir de sus bolsillos, lo calcule el Estado, lo que sería mucho más caro, unos 56.000 euros por vivienda.
Los residentes se comprometieron a acatar los derribos que, inicialmente, estaban previstos el pasado mes de mayo, a cambio de disfrutar de un verano más en la playa.
No parece que exista una posibilidad legal de última hora de paralizarlos más allá de la voluntad del propio Ministerio para la Transición Ecológica, que no responde a las peticiones de paralización por el patrimonial de las casas.
Ni a las de la Generalitat, en función del articulado de la nueva ley de Costas Valenciana que considera la posibilidad de preservar este tipo de viviendas como supuesto núcleo etnológico en dominio público.
La Generalitat carece de las competencias para llevar a cabo esa protección, según el diario Información.
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