ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante, que gobierna el PP, ha aprobado de forma inicial el cambio en la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) con los votos a favor de 'populares' y Vox, que han defendido que la medida va a suponer una «rebaja» para la ciudadanía, cifrada en 1,1 millones para 2026 y con algunas «bonificaciones».
Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem se han opuesto. En concreto, los socialistas consideran que implica «tan solo tres euros al año de media de ahorro por familia» y, «sin embargo, supone un agujero de un millón» para las arcas municipales. Los otros dos grupos creen, respectivamente, que es una «gran estafa» y una modificación «injusta».
La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali (PP), ha defendido que el cambio en la ordenanza fiscal reguladora del IBI contempla una «bajada» de 1,1 millones en este impuesto para 2026, «que se suma» a la del cinco por ciento que hubo en 2019.
Según la edil 'popular', un total de 336.409 inmuebles, entre viviendas y locales, se podrán beneficiar de esta «rebaja». En este sentido, ha detallado que habrá «bonificaciones» a viviendas de protección oficial (VPO), concretamente de un 50% en la cuota íntegra en los tres primeros años y de un 25% en los dos siguientes.
También a jóvenes de hasta 35 años, con un 50% durante cinco años en la compra de VPO; a familias numerosas, con hasta un 90% en la cuota íntegra en función del valor catastral del inmueble y el número de hijos respecto de su residencia habitual, es decir, en la que estén empadronados; a casas con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, con hasta un 50% en la cuota íntegra, y en inmuebles con actividades económicas «de especial interés» o municipales.
El pago se podrá realizar entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año. Los interesados se podrán acoger al fraccionamiento para abonar este impuesto, ya que el pago se podrá extender hasta seis plazos.
Beldjilali ha sostenido que esta medida alivia la carga fiscal del IBI a los alicantinos después de la nueva tasa de basuras «obligada e impulsada por el Gobierno de Sánchez y sus socios a todos los ayuntamientos». «El dinero de los alicantinos tiene que estar en el bolsillo de los alicantinos», ha enfatizado durante su intervención.
En la misma línea, el edil de Vox, Mario Ortolá, ha agradecido la «capacidad» del equipo de gobierno del PP «para negociar esta rebaja» del IBI y ha lamentado «el precio que han tenido que pagar» los 'populares' por la negociación del plan económico-financiero, también conocido como plan de ajuste, que salió adelante con los votos de PP y Vox.
«Vox apoyará o promoverá cualquier rebaja fiscal que esté en la mano de las competencias municipales. Lástima que el señor Sánchez no nos haya dado esa posibilidad con la tasa de basuras», ha argumentado Ortolá.
Por su parte, desde el resto de la oposición, la edil socialista Silvia Castell ha acusado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), de «ignorar» las propuestas concretas del PSPV «para dar respuesta al derecho de la vivienda».
Así, se ha mostrado partidaria de «ampliar reducción del IBI en VPO para familias y en especial para jóvenes porque son ellos quienes están condenados a irse de Alicante mientras» el primer edil «les da la espalda».
Castell ha indicado que el PSPV también quiere que «los grandes propietarios con más de diez viviendas vacías paguen un 30% más de IBI», ya que «existen más de 15.000 casas cerradas» en la ciudad, donde «el alquiler medio ya supera los 1.100 euros».
Por ello, ha acusado a Barcala de «proteger a los fondos de inversión y grandes propietarios en vez de ponerse al lado de las familias y los jóvenes». Además, ha asegurado que este ahorro será «tan solo» de «tres euros al año de media» y dejará «un agujero de un millón de euros» al consistorio y «Vox quiere» que «sea de nueve millones».
«Si no sabe o no quiere hacerse responsable de esta ciudad, lo que tiene que hacer es dejar su cargo como alcalde», ha apuntado la concejala socialista, que considera que el alcalde «está asumiendo la doctrina trumpista» porque «no debate» y «solo ataca, ataca y ataca».
De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha planteado a PP y Vox que es «mejor» bajar el IBI «a las personas que menos tienen» y subirlo «a los que más tienen». Para este último caso, también ha puesto como ejemplo a los «grandes tenedores de vivienda», para «que las saquen en alquiler».
«Es una gran estafa», ha afirmado Mas, que ha criticado el nuevo impuesto de basuras y la «expulsión» a personas mayores de centros sociales, mientras el consistorio crea «chiringuitos de Vox», con «más toros», «oficinas antiabortos ilegales» y una «antiokupa que solo tiene un presupuesto de 30 euros y cero intervenciones». «Son un meme y esta ciudad se lo hará ver en breve», ha sentenciado.
A estas críticas también se han sumado durante sus intervenciones Castell (PSPV) y Copé (EU-Podem), que han lamentado que se vayan a destinar cerca de 390.000 euros a la que oficialmente se denomina Oficina de Atención a la Maternidad, pactada por PP y Vox e inaugurada en noviembre de 2024.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha criticado que PP y Vox rechazaran «en bloque 19 enmiendas» planteadas por su grupo a esta ordenanza y ha insistido en que «no es un debate técnico», ya que «detrás de los informes restrictivos hay una decisión que es mantener una rebaja que sea lineal y que trata igual a quien no es igual».
«Por tanto, entendemos que es una rebaja totalmente injusta», ha apuntado.
El representante de la coalición ha indicado que sus planteamientos persiguen «ayudar a las familias más vulnerables»; «penalizar a los grandes tenedores» con viviendas vacías, «que son muchos»; «impulsar la transición ecológica entre los vecinos y las comunidades» y «apoyar el alquiler asequible para jóvenes y familias trabajadoras».
Todo ello, con «criterios de progresividad».
Sobre las enmiendas, Ortolá (Vox) le ha dicho al edil de EU-Podem que «fueron rechazadas por deficiencias técnicas» y porque «no» estaban bien hechas. Copé ya lamentó que estas propuestas fueran tumbadas en la comisión de Hacienda previa al pleno donde se debatió el cambio en la ordenanza. En la sesión de este jueves, antes de votar la medida, PP y Vox han tumbado otras dos enmiendas del grupo socialista.
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