Ordenan reabrir la causa por una presunta estafa de la alicantina ASV mediante la gestión del tanatorio municipal de Almería

 ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha ordenado reabrir la investigación por las presuntas irregularidades en la gestión y cobro de servicios en el tanatorio municipal de Almería por parte de la empresa concesionaria después de que el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital acordara el archivo de las diligencias el pasado mes de febrero.

El tribunal ha revocado la decisión tras el recurso de apelación impulsado por varios concejales del PSOE y el sindicato CSIF, quienes denunciaron originalmente que la empresa alicantina ASV Funeser se estaría sirviendo de una segunda mercantil --La Nueva de Málaga-- para prestar servicios con el mismo personal pero sin emitir facturas que repercutieran en el pago del canon anual al Ayuntamiento, engrosando así sus beneficios en detrimento de las arcas municipales.

En su auto, dictado el pasado 23 de septiembre, los magistrados de la Sección Segunda instan al juez instructor a que continúe con la investigación y efectúe una serie de pruebas no practicadas y solicitadas por los denunciantes, así como aquellas que prevea convenientes, para esclarecer los hechos.

En este sentido, rechaza el sobreseimiento dictado hasta ahora puesto que se basa únicamente en el análisis de dos informes, uno municipal y otro perito judicial, del que no se apreciaron indicios pero que, a juicio del tribunal, no son suficientes para dar por cerradas las indagaciones puesto que "no entran en el fondo de la cuestión" y son "inconcluyentes".

Con ello, instan al instructor a que pida, por su relevancia para aclarar el caso, un análisis de la facturas emitidas por la concesionaria ASV Funeser y la empresa La Nueva de Málaga para ver si se produjo una "facturación paralela", ya que aunque se les requirió dicha documentación, nunca la aportaron al procedimiento.

El tribunal, en contra de la postura del Ayuntamiento y de la Fiscalía, ve "indispensable" este aspecto a la hora de despejar si, a través de una segunda empresa, se habría dejado "indebidamente" fuera de la aplicación del canon una parte de los ingresos de la concesionaria, lo cual es objeto principal de la denuncia.

El auto, que recuerda al instructor la posibilidad aún no aplicada de comisionar a la Policía Judicial para que profundice en la investigación de los hechos, también insta a solicitar al Ayuntamiento un informe para determinar si se han advertido "perjuicios" de esa presunta "facturación paralela" y, en su caso, cuantificar dicho importe.

También aboga por requerir la liquidación y extinción del contrato que se suscribió en 2010 para la gestión de los cementerios, tanatorio y crematorio que había pedido los denunciantes y al que el juzgado no dio respuesta, puesto que "podría contribuir también a determinar la repercusión económica que tuvieron para las arcas municipales los ingresos de La Nueva en la liquidación de la anterior concesión, tal y como argumentan los recursos".

Los denunciantes advirtieron la posible comisión de un delito continuado de estafa por parte de la empresa ASV Funeser, concesionaria del servicio de cementerios, tanatorio y crematorio, así como por parte de La Nueva de Málaga, la cual habría hecho uso de las instalaciones municipales con el beneplácito de la anterior mercantil, incluso mediante el empleo de la misma plantilla.

La denuncia apuntaba que la concesionaria cuenta con la obligación de "abonar un canon anual del 12% de todos los ingresos generados por la gestión y explotación de dichos servicios, según lo regulado en el contrato", si bien para amortiguar dicho pago se habría servido de una segunda compañía para dar servicios y facturar sin hacer los correspondientes abonos al Consistorio.

En su denuncia, advertían que lo habría hecho incluso con los mismos trabajadores que realizaban servicios que le eran propios a ASV Funeser por contrato con el Ayuntamiento. La denuncia apuntaba que "había hasta dos datáfonos distintos en las instalaciones" y desglosaba numerosas irregularidades, sobre todo en materia laboral.

Cabe recordar que, inicialmente, el PSOE también dirigió su denuncia contra la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, al estimar que habrían incurrido en un delito de prevaricación por omisión, aunque el juez valoró que las responsables municipales "actuaron cuando tuvieron conocimiento" de los hechos denunciados y que "llevaron a cabo acciones tendentes" a su esclarecimiento, por lo que rechazó esta parte de la denuncia.

En su auto original, indicaba el juez que "en ningún caso" podía atribuirse a ambas la prevaricación por omisión, puesto que "una vez tuvieron conocimiento de las irregularidades en la empresa concesionaria", denunciadas por CSIF, procedieron a convocar "una comisión de seguimiento, a reunirse en la misma y a resolver sobre las medidas que se iban a adoptar".

Añade que requirieron a ASV Funeser, entre otras cosas, una "declaración responsable", así como la facturación de dicha empresa en los últimos cinco años, que se recibieron en el Ayuntamiento en julio de 2023, por lo que, según remarca, "en modo alguno omitieron los deberes que les correspondían".

El auto precisaba que, posteriormente y "ante una nueva denuncia del PSOE" entendiendo que, pese a la declaración responsable "seguían cometiendo irregularidades", ambas manifestaron que se procediera a la investigación de los hechos, "además de que señalaron en un pleno ordinario que los hechos conllevarían la apertura de un expediente sancionador".

También se comunicó que este expediente se producía tras haber instado a la empresa para que "saliera lo antes posible el personal que, en su caso, no fuera de Funeser" de la sede y se les había dado un tiempo para hacerlo.

En este sentido, el Ayuntamiento hizo firme en mayo de 2024 la multa de 40.393,36 euros impuesta a ASV Funeser, a la que se adjudicó en 2022 el servicio por casi 22 millones de euros y un periodo de 15 años, al entender que había incurrido en un uso indebido de las instalaciones por emplearse para actividades distintas al objeto de la concesión a través de su personal en beneficio de la propia empresa.

El procedimiento administrativo arrancó en noviembre de 2023, cuando el sindicato CSIF y el grupo municipal del PSOE advirtieron de "graves irregularidades" por las que finalmente se impusieron dos sanciones por importe de 20.269,68 euros cada una: una por permitir el uso de las instalaciones municipales a empresas externas y otra por permitir que el personal desarrollara tareas ajenas a la encomienda del contrato con el Ayuntamiento.

El mismo pliego recogía que el personal adscrito al servicio debía tener "dedicación exclusiva" sin que pudiera realizar "bajo ningún concepto" otras labores; cuestión que se habría producido también a la hora de haber dado "soporte logístico a empresas ajenas al contrato de la concesión" mediante el uso de las instalaciones municipales a favor de la empresa Agencia Funeraria La Nueva Málaga.

La resolución determinaba que dicha sociedad ha utilizado las cocheras para el estacionamiento de sus vehículos, el almacén como depósito de ataúdes o féretros y demás espacios "para atender los servicios funerarios a través del personal del Grupo ASV, sin título ni autorización municipal".

De otro lado, el informe municipal señalaba además que se ha efectuado la explotación de una cafetería mediante arrendamiento a favor de un tercero "sin autorización municipal" toda vez que también se ha empleado un espacio municipal para instalar una floristería "sin título ni autorización municipal".