VALENCIA.- Vox pide en sus propuestas de resolución registradas para el Debate de Política General en Les Corts derogar «todas las leyes de género e igualdad» de la Comunitat Valenciana, así como eliminar las direcciones generales de «marcado carácter ideológico» de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, entre otras medidas.
En materia de reconstrucción tras la dana, plantea a la Generalitat estudiar nuevas líneas de préstamo con una parte no reembolsable para hacer frente a los daños, ayudas a fondo perdido a las empresas afectadas, desarrollar parques en zonas inundables que permitan gestionar grandes volúmenes de agua de lluvia y actualizar el plan especial contra inundaciones de la Comunitat.
Mientras, reclama al Gobierno de España que acelere los pagos y realice «una valoración justa» de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, redefinir los cauces de los barrancos «con el fin de conseguir la seguridad de las personas», reparar y limpiar los afectados, instalar un sistema «eficaz y preciso» de predicción de inundaciones y alertas hidrológicas y recuperar los proyectos de construcción de presas en Cheste, Vilamarxant o Estubeny.
En materia de agricultura y medio ambiente, los de Abascal apuestan por promover la caza como herramienta «fundamental» para la protección de la agricultura ante las sobrepoblaciones descontroladas como la del jabalí, denunciar ante las instituciones europeas aquellas disposiciones incluidas en el Pacto Verde Europeo que haya ocasionado «consecuencias negativas» para la economía española y derogar «todas» las políticas inspiradas en este acuerdo «que perjudiquen a nuestro sector primario».
Respecto a agua, plantean avanzar en la modernización de las infraestructuras hídricas, más inversiones en regadíos, un plan de inversiones para posibilitar la creación de biogás, un nuevo Plan Nacional del Agua bajo los principios de «solidaridad y bien común», un Plan Nacional de Sequía y que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en «criterios técnicos».
Por otro lado, en materia de economía, hacienda y empleo, Vox pide estudiar una revisión de la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales para «evitar privilegios» y garantizar «el principio de igualdad», así como trabajar en la racionalización del sector público instrumental y contemplar la posibilidad de eliminar aquellos organismos «cuyas funciones puedas ser asumidas por la Conselleria competente» y modificar las Relación de Puestos de Trabajo «en pro de la eficiencia de la Administración».
En educación y cultura, la formación pide garantizar que en todos los centros educativos de titularidad pública se utilicen «únicamente los símbolos estatutarios, de manera habitual y conforme a la legislación vigente», blindar la libre elección por parte de las familias del modelo educativo que desean para sus hijos, promover «todas las expresiones culturales como señas de nuestra identidad, entre otras, las Fallas, Hogueras, Gaiatas y la tauromaquia».
Respecto al valenciano, plantean llevar a cabo «los necesarios estudios técnicos, sociológicos e históricos que actualicen la situación sociolingüística actual» y permitan realizar «con garantías» la modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, además, de modificar las líneas de fomento del valenciano para que sean diseñadas «de manera que reflejen la realidad lingüística de la región, con las que se identifiquen los hablantes del valenciano, respetando la libertad de elección de todos los ciudadanos y asegurando la garantía de la enseñanza del español».
En industria y turismo piden un plan estratégico de protección y promoción del turismo, proteger la industria cerámica valenciana, reconocer la nuclear como una fuente de energía «imprescindible» y prorrogar la vida útil de las centrales actualmente activas e incluso estudiar la implantación de nuevas.
Paralelamente, en materia de obras públicas, infraestructuras, transportes y vivienda, Vox exige un plan de choque para la «liberación inmediata» de las viviendas ocupadas ilegalmente del parque público y que estas se pongan a disposición de los solicitantes de vivienda de propiedad pública de la Generalitat en régimen de alquiler y mejorar la oficina de apoyo a las víctimas de la ocupación ilegal.
Además, insta al Gobierno de España a derogar la ley por el derecho a la vivienda, agravar las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y que los grupos reincidentes en este tipo de delitos tengan la consideración de bandas organizadas, liberalizar el suelo que no se encuentre especialmente protegido para abaratar el coste de la vivienda, agilizar la redacción del proyecto y la posterior construcción de la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche, la mejora y adecuación de los aeropuertos y el soterramiento urgente de las vías en Alfafar, Sedaví y Benetússer.
Vox incluye un apartado específico destinado a inmigración ilegal, con medidas como el compromiso a no subvencionar a asociaciones u ONG que promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas, no conceder ayudas a personas que hayan entrado ilegalmente a España y establecer la «prioridad nacional» en la concesión de ayudas públicas e implementar «el protocolo para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de la Generalitat» con la realización de pruebas periciales y medidas «más exhaustivas».
Además, insta al Gobierno a impulsar «un bloqueo naval que proteja nuestras costas frente al aumento de la inmigración ilegal» y un plan de «repatriación de los menas en sus países de origen».
En política social pide agilizar trámites a la hora de conceder ayudas, impulsar una ley integral de protección a la familia, derogar «todas las leyes de género e igualdad» de la Comunitat Valenciana, impulsar políticas de apoyo a familia y vida «desde la concepción hasta la muerte natural», eliminar «todas las líneas presupuestarias de género» y suprimir las direcciones generales de «marcado carácter ideológico» de la Generalitat.
Finalmente, en sanidad, Vox reclama la derogación de la ley sobre la regulación de la eutanasia aprobada por el Gobierno y, respecto a políticas de vivienda, exige derogar la ley por el derecho a la vivienda y pide un plan donde «el español siempre tenga prioridad» en el acceso y priorizar que las ayudas se destinen a personas físicas que tengan «arraigo social y cultural en España».
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