ALICANTE.- El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante ha presentado este
lunes el anteproyecto de cuentas para 2026, que contempla un presupuesto
consolidado de 418.988.935,29 euros, es decir, un 9,23 por ciento más
respecto al ejercicio anterior.
Esta cifra incluye el de la
propia institución provincial (368.699.860 euros, un 10,2% más) y el de
sus organismos autónomos: 5.300.000 del Patronato Provincial de Turismo,
1.085.492,12 de la Caja de Crédito Provincial, 47.846.917 de Suma
Gestión Tributaria (incluye Geonet Territorial SAU), 1.482.961 de
Alicante Natura Red Ambiental SA, 1.660.901 del Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil Albert (IAC), 1.543.486,1 del Instituto de la Familia
Doctor Pedro Herrero y 5.826.498,28 de Proaguas Costablanca SA.
Así lo han trasladado las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez (PP)
durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Provincial, en la
que también han resaltado que este año se persigue mejorar la
"asistencia a municipios".
Igualmente, han recordado que hay
un plan económico "vigente" que hay que cumplir "de forma obligatoria",
al tiempo que han reiterado que las reglas fiscales "no" permiten
utilizar remanentes de tesorería, algo que "inflyue" en la elaboración
de las cuentas. En este contexto, según Sáez, se pretende promover
planes como Alicante Inteligente Agua.
Por su parte, Serna ha
detallado que "como en años anteriores" el ejecutivo provincial del PP,
que gobierna la Diputación con mayoría absoluta, "ha facilitado" a la
oposición, conformada por PSPV, Compromís y Vox, estos presupuestos para
que pudieran presentar enmiendas, que actualmente se están valorando.
Del mismo modo, ha sostenido que las reglas de gasto suponen que
desde la institución estén "maniatados" para acometer algunas
inversiones y ha incidido en que si el Gobierno de España tomara la
decisión de que se puedan "utilizar" esos remanentes, ello supondría
unos 400 millones de euros de "inyección económica" para la provincia.
Serna ha resaltado también que el presupuesto de este año contempla
dos novedades, que se traducen en dos partidas nuevas: una para
respaldar a los municipios con la reparación y mantenimiento de
cementerios y otra para el cuidado de elementos patrimoniales como
iglesias y ermitas.
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