La cuestión se ha abordado fundamentalmente durante el debate de dos declaraciones institucionales, que han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox. La primera, ha sido una presentada por el PSPV en la que se ha pedido "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la creación la Unidad de Inspección en materia de vivienda prevista en el Decreto-Ley 3/2023, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus funciones". La han respaldado, además de los socialistas, Compromís y EU-Podem.
La edil Silvia Castell, del PSPV, ha señalado que desde el equipo de gobierno 'popular' deben decidir si "votar a favor de esta propuesta y demostrar que quieren establecer controles en la adjudicación de vivienda pública o votar en contra y demostrar que el PP no va a hacer nada para que la vivienda pública no acabe en manos de cargos públicos".
En este sentido, Castell ha recordado el caso de Les Naus, al tiempo que ha pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que solicite al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "que ponga en marcha este cuerpo de inspectores".
Además, ha dicho que la modificación de los pliegos de los pisos de la calle Ceuta es "una cortina de humo" y ha aseverado que "los promotores siguen controlando la adjudicación de vivienda pública" con el "permiso" del gobierno local.
Sobre este asunto, cabe apuntar que el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante anunció un refuerzo de "las medidas de control" de inmuebles públicos con la actualización de los pliegos de la licitación de las futuras VPP de la calle Ceuta.
"Las medidas que se incorporan y de las que se dará cuenta
en la junta rectora del organismo municipal de este viernes mejorarán el
control de todo el proceso de comercialización de las VPP, control de
pagos y transacciones, acceso de los compradores y ausencia de
conflictos de intereses, refuerzo del arraigo y seguimiento posterior",
señaló el equipo de gobierno en un comunicado.
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de
Alicante, Rafa Mas, ha expresado que el ejecutivo del alcalde Luis
Barcala está "salpicado por la corrupción".
"Una panda de sinvergüenzas
traficaron con nuestro suelo", ha enfatizado, en relación con la
polémica de las VPP.
En la misma línea, el portavoz de
EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que, "cuando las leyes no se
aplican, la gente puede pensar que los derechos quedan en papel mojado".
En relación con las inspecciones, ha trasladado que estas acciones no
suponen "un fin en sí mismo", sino que son "una herramienta precisamente
para controlar que la vivienda protegida sirva a quien tiene que
servir". Y ha exigido a la Generalitat Valenciana que cumpla con "sus
obligaciones" y ha afirmado que la ciudad necesita "una política de
vivienda mucho más decidida", así como "más planificación" y "más
participación".
De otro lado, el
concejal de Vox Óscar Castillo ha criticado que la izquierda dé
"lecciones de transparencia, de ética y del uso correcto de los recursos
públicos".
"Si hay un partido en España que ha convertido lo público en
una oportunidad de negocio, para unos pocos, eso sí, ha sido el Partido
Socialista", ha agregado.
En este contexto, Castillo ha
recordado el "escándalo de las mascarillas", en el que, según el
concejal de Vox, "intermediarios vinculados a entornos socialistas se
llevaron comisiones millonarias en plena pandemia, mientras españoles
estaban encerrados en sus casas".
No obstante, ha indicado que
están de acuerdo en que "la vivienda pública no puede ser un negocio",
si bien ha remarcado que están "cansados" de "discursos vacíos", de
"doble moral" y de que "quienes han fallado sistemáticamente pretendan
ahora presentarse como árbitros de la honestidad".
"Mucho titular, pero
ninguna solución real", ha concluido el edil voxista.
Por su parte, el concejal de Vivienda en el consistorio alicantino,
Carlos de Juan, del PP, ha dicho que "el decreto en ningún momento habla
de los mecanismos de control", como tampoco de "la promoción de
vivienda pública".
Así, el edil ha defendido que "los únicos"
que implementan "mecanismos de control" son los 'populares': "De una
forma la Generalitat y de otra forma el Ayuntamiento, modificando los
pliegos".
"Su resultado a día de hoy de cero viviendas es
inamovible y nosotros vamos a seguir trabajando para sacar más
viviendas", ha espetado a los grupos de izquierdas el concejal de
Vivienda, que ha criticado la gestión del anterior Consell del Botànic.
Posteriormente, se ha rechazado la otra declaración institucional, en
este caso presentada por Compromís, en la que se ha planteado "instar
al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el proceso de
modificación de la Ley 8/2024, de Vivienda, con el objetivo de que las
viviendas de protección pública lo sean de forma permanente, así como
para que tanto las promociones públicas como las privadas tengan la
misma consideración y los mismos requisitos de acceso, y para que el
proceso de adjudicación se realice por sorteo público".
En el pleno de marzo también se ha aprobado instar al Gobierno de
España a que declare "acontecimiento de excepcional interés público" el
evento Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, es decir,
la salida de la Volvo Ocean Race desde la ciudad. Se ha acordado en una
declaración institucional del PP, que, además de los 'populares', han
respaldado PSPV, Vox y Compromís, mientras EU-Podem se ha abstenido,
según detalla el Ayuntamiento en un comunicado.
Igualmente, se
ha dado luz verde por unanimidad a otra declaración institucional del
PP para instar al Ejecutivo central a "aprobar un plan de choque de
inversión en carreteras" que "revierta el creciente deterioro del
conjunto de la Red de Carreteras del Estado y el déficit inversor y
garantice que los elementos del patrimonio viario se conserven en
condiciones de funcionalidad".
Asimismo, han salido adelante
dos declaraciones institucionales de Vox. Por un lado, la reprobación de
la concejala socialista Silvia Castell "por llamar futuro pederasta" en
el pleno de febrero a Juan Utrera. La propuesta ha sido aprobada con
los votos de los ediles voxistas y 'populares', mientras PSPV, Compromís
y EU-Podem la han rechazado.
Sobre este último punto, la
portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha reconocido que esas palabras "no
debieron decirse" y que "precisamente por eso fueron retiradas".
"Hubo
rectificación, hubo marcha atrás y eso debería haber bastado para cerrar
un episodio desafortunado", ha aseverado sobre las declaraciones de
Castell, respecto a lo que ha apuntado que fueron fruto de "una reacción
espontánea, humana, un impulso desafortunado en defensa de un compañero
que acababa de ser insultado y tratado con una falta de respeto
intolerable por parte de Vox".
También se ha acordado "llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias para erradicar la proliferación
de asentamientos ilegales en lugares públicos, incluyendo la acción
social y atención a las personas afectadas", así como "las actuaciones
policiales y de otros servicios públicos para alcanzar tales objetivos".
Esta declaración presentada por la formación voxista ha salido adelante con el sí de PP, Vox y PSOE, frente al rechazo de Compromís y EU-Podem.
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