ALICANTE.- Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, esperan que la causa judicial sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, llegue «hasta el final» y permita aclarar si ha habido o no irregularidades en este proceso, al que se han referido como un «escándalo» de «gravedad extraordinaria».
Así lo han trasladado este miércoles los respectivos portavoces de estas formaciones, en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, después de que la jueza haya citado como investigadas a 15 personas, entre las que están la exconcejala de Urbanismo que integró el gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.
La magistrada, además de a Gómez y a Pérez-Hickman, ha citado como investigados a funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, así como a diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. Las 15 personas investigadas se suman a otras siete que declararán como testigos.
La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas del caso de Les Naus «ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde, Luis Barcala, y que han formado parte de la estructura municipal».
«Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial, sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria», ha señalado, al tiempo que ha abundado en que «el PSOE denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción y está personado en la causa».
Y ha continuado: «Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante».
En esta línea, Barceló ha señalado que «algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos».
Además, ha insistido en que «este escándalo no ocurrió al margen del Ayuntamiento, sino dentro del propio Ayuntamiento», lo que, a su juicio, «evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde» después de que hayan sido citadas como investigadas Gómez y Pérez-Hickman.
Finalmente, la portavoz del grupo municipal socialista ha reiterado «la exigencia de transparencia» y ha reclamado que «se esclarezcan todos los hechos relacionados con la gestión de las viviendas de Les Naus».
Desde Vox, su portavoz en el consistorio, Carmen Robledillo, ha remarcado que su partido exige «que esta investigación llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga».
«No vamos a aceptar excusas, silencios ni intentos de tapar lo que ya es uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Ayuntamiento de Alicante», ha destacado, al tiempo que ha señalado:
«Esperamos que comparezcan ante la justicia todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de responsabilidad, ya sea política, técnica o administrativa. Los alicantinos merecen saber quién tomó las decisiones, quién permitió estas adjudicaciones y quién miró hacia otro lado».
A juicio de Robledillo, «no puede haber privilegios ni impunidad para nadie» y, «si alguien ha actuado mal, debe responder ante la justicia».
«Alicante necesita claridad, responsabilidades y recuperar la confianza en sus instituciones», ha zanjado.
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha resaltado que la justicia ya va «dando pasos» e «imputando a personas por el escándalo de Les Naus».
«15 son los imputados, dos de ellos de la máxima confianza de Luis Barcala, y mientras tanto nosotros en la comisión de investigación municipal seguimos con falta de documentación, se nos oculta información. Se nos ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no nos dan explicaciones. Por fin la justicia actúa y máxima confianza a la jueza en este caso de investigación», ha aseverado.
Mas se ha preguntado «qué más datos le faltan» al alcalde «para apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas por este caso de presunta corrupción como es el caso de Les Naus».
«Qué más motivos le faltan», ha insistido.
«Nos lo tendrá que explicar, lejos de amedrentar, lejos de amenazar, lejos de coaccionar a los concejales de la oposición tendría que estar ya el propio alcalde declarando de forma voluntaria ante la jueza», ha sentenciado el portavoz de Compromís.
Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que la citación de 15 investigados en el caso de las VPP de Alicante «confirma» que esta no era una «polémica menor» ni «una simple discusión administrativa», sino «un asunto de enorme gravedad que afecta de lleno a la gestión del suelo público, a la limpieza institucional y al derecho a la vivienda de miles de familias».
«Cuando un juzgado da este paso, lo que queda claro es que existen indicios suficientemente serios como para investigar a fondo lo ocurrido», ha aseverado el edil de la coalición, quien ha pedido «máxima transparencia, colaboración absoluta con la justicia y la asunción de todas las responsabilidades políticas que correspondan» porque «Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio de quién».
Al respecto, ha indicado:
«No podemos normalizar que, mientras cerca de 10.000 solicitudes de vivienda evidencian la emergencia habitacional que vive nuestra ciudad, el suelo público destinado a vivienda protegida quede bajo sospecha de haber sido utilizado para favorecer intereses particulares».
«Este caso demuestra también la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control, fiscalización y transparencia en el Ayuntamiento de Alicante para impedir que algo así vuelva a repetirse. La vivienda pública es una herramienta esencial para garantizar derechos, no un espacio para privilegios ni para prácticas opacas», ha concluido.
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