MADRID.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, han presentado primero en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus solicitudes para presidir la Audiencia Nacional. También ha anunciado su opción, Baltasar Garzón.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, parte como favorito, a la espera de cerrar la lista de candidatos. El Poder Judicial se prepara para una dura controversia jurídica sobre los votos necesarios para elegir presidente de la Audiencia Nacional.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, parte como favorito, a la espera de cerrar la lista de candidatos. El Poder Judicial se prepara para una dura controversia jurídica sobre los votos necesarios para elegir presidente de la Audiencia Nacional.
La plaza de presidente de la Audiencia Nacional está vacante desde que Carlos Dívar asumió el pasado mes de septiembre la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS).
Vicente Magro (en la imagen) accedió a la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante en 2001 y fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
También es autor del protocolo de coordinación para la lucha contra la violencia doméstica puesto en práctica en Alicante en 2001.
El nombramiento tiene que ser decidido por el pleno del Consejo por una mayoría de tres quintos de sus miembros.
Varios candidatos al cierre del plazo
Casi todos apuraron hasta el último día el plazo para presentar su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, pero al final no faltó a la cita ninguno de los magistrados más esperados.
El que más expectación concita es Baltasar Garzón, que en plena polémica por la investigación del 'caso Gürtel' decidió optar a la plaza que permanece vacante desde que Carlos Dívar fue designado presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Horas después hizo llegar su instancia el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M y que ya arrebató a Garzón la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Cerrado el registro del CGPJ a las 18:30 horas de la tarde, la lista de candidatos ascendía a once magistrados, incluidos los cuatro ya citados. Pero cualquier juez pudo presentar su petición en cualquier juzgado de guardia hasta las 24 horas, por lo que la relación definitiva se conocerá este jueves.
Garzón presenta como avales su currículo y la proyección internacional que ostenta, que le sitúan en puestos destacados del escalafón de la carrera judicial. Sin embargo, no podrá sortear el lastre que supone su proyección mediática y su pasado político, que le restan apoyos, según reconocieron fuentes jurídicas. La último vez que aspiró a promocionar acabó escaldado. En 2006 compitió por la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con Gómez Bermúdez, mil puestos por debajo de él en el escalafón judicial, y perdió.
El vencedor entonces tampoco tiene posibilidades ahora. El expediente de Gómez Bermúdez está manchado por la sospecha de que fue la fuente de información que utilizó su mujer en el libro de confidencias que escribió sobre el proceso del 11-M, lo que le valió su despido como jefa de prensa de los tribunales madrileños.
Otros magistrados de la Audiencia Nacional que, sin posibilidades, optan a su presidencia son Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 y con "buena imagen" entre los conservadores, incluido el presidente Carlos Dívar; los dos magistrados que integraron el tribunal del 11-M, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás; el actual presidente en funciones, el magistrado Carlos Lesmes, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y otro compañero de esa sala y el más veterano de todos los candidatos, José Luis Sánchez García. El presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díaz Delgado, también fue antes magistrado del tribunal central.
Quinielas
En muchas quinielas, el magistrado que parte con ventaja es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, miembro de la ejecutiva de Jueces para la Democracia (JpD), respetado por la carrera, de quien se destaca su apuesta por el consenso y su carácter discreto.
Parece el candidato del sector progresista del CGPJ, ya que cinco de los 20 vocales pertenecen a su misma asociación, aunque tiene una dura rival, la magistrada de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional Elisa Veiga, ex vocal del Poder Judicial (1996-2001), que retiró su candidatura a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para competir por la plaza ahora en concurso. Es la única mujer que lo intenta.
Y todo a expensas de lo que decida el magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo Ángel Juanes, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también miembro de JpD, respetado por toda la judicatura sin distinciones ideológicas.
Desde el sector conservador, el apoyo parece decido a favor del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que fue miembro del servicio de inspección del Poder Judicial y conoce bien los entresijos de la 'casa' y de la carrera judicial.
Los once candidatos serán entrevistados a partir de la próxima semana por un grupo de cinco vocales que conforman la Comisión de Calificación. Un sistema de elección donde prima el "mérito y la calidad" y evita "amiguismos". Dicha comisión elevará una terna de aspirantes al pleno del consejo, que previsiblemente el 26 de marzo elegirá al sustituto de Carlos Dívar.
Pero antes será necesario resolver un último escollo procesal.
El presidente de la Audiencia Nacional tiene categoría de magistrado del Supremo, pero no lo es. En principio, la mayoría de los vocales cree que su nombramiento debe acogerse al sistema reforzado que exige al menos tres quintos de los votos, es decir, 13 de los 21 vocales del Poder Judicial.
Pero un combativo grupo de ellos defiende que la ley no menciona de manera expresa esa plaza, por lo que debe ser cubierta por el sistema normal, con el que bastan once votos para salir. La elección de uno u otro sistema puede inclinar la balanza a favor de distintos candidatos, por lo que la diatriba no es baladí.
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