El diputado regional socialista y alcalde de Alfaz del Pí apela a su aforamiento para no declarar como imputado

ALICANTE/VALENCIA.-El alcalde de l'Alfàs del Pi y diputado en las Cortes Valencianas por el PSOE, Vicente Arques, se ha escudado en su condición de aforado para no acudir a declarar en el Juzgado de Instrucción 4 de Benidorm, donde ha sido citado en condición de investigado -que es como ahora se denomina a los imputados-, según el diario 'Información' y también 'Abc'. 


Arques, investigado por prevaricación continuada en la firma de convenios como alcalde de Alfaz del Pi, ha esgrimido ante la juez su condición de parlamentario autonómico para esquivar la citación judicial. Arques tenía que comparecer el 17 de marzo en el juzgado de Instrucción 4 de Benidorm, para ser interrogado en calidad de investigado (imputado) por un presunto delito de prevaricación al renovar sistemáticamente la ayuda municipal a un albergue de animales con numerosas irregularidades en su gestión.
Sin embargo, el abogado de Arques ha registrado un escrito en el que advierte a la juez de la condición de diputado autonómico de su cliente, y pide dejar sin efecto su citación. «Mi mandante ostenta la condición de aforado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», por lo que solo puede investigarlo «la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia». 
Así, «se solicita se deje sin efecto la comparecencia fijada para recibir declaración en calidad de investigado a mi mandante para el próximo 17 de marzo». De esta forma, el socialista evitará que la causa le afecte mientras la juez de Benidorm no la remita al Alto Tribunal valenciano.
El escrito de Arques se registró en el juzgado el viernes, solo 24 horas después de que Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaran un acuerdo en el que, entre otras medidas, se comprometían a acabar con el aforamiento de los políticos. Una iniciativa que, sobre el papel, persigue evitar precisamente el uso del aforamiento que está haciendo ahora el socialista valenciano para evitar una investigación judicial. 
Paradójicamente, Arques hace uso de la prerrogativa por la que su partido ha estado criticando a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (aforada en el Senado), a la que han llegado a acusar de «atrincherarse» en la Cámara Alta. Con el matiz de que la senadora popular aún no está investigada, y el diputado socialista sí.
A pesar de que hasta febrero no estaba imputado, los problemas judiciales de Arques ya le han costado al Ayuntamiento unos 60.000 euros. El alcalde ha perdido 17 contenciosos -doce de ellos ya son firmes, y contra los otros cinco aún puede recurrir- por denegar información al grupo municipal del PP. 
La cantidad se reparte entre las costas de las sentencias condenatorias y la iguala que el Consistorio paga a la asistencia letrada de Arques, a unos 1.300 euros al mes.

La magistrada lo había convocado el próximo 17 de marzo dentro de las diligencias previas de un procedimiento en el que se investiga el funcionamiento de una perrera clausurada en noviembre de 2014 en l'Alfàs del Pi.

Una causa que parte de una denuncia del grupo municipal del PP en l'Alfàs -cabe recordar que actualmente varios de estos concejales figuran en esta corporación como no adscritos- en la que ponían en tela de juicio la manera de funcionar de esta Asociación de Auxilio de Animales. 

Un centro que el grupo popular en l'Alfàs criticó, en varias ocasiones, por supuestos maltratos a perros, y supuestas irregularidades administrativas, «como la subvención de más de 100.000 euros que el Consistorio le abonó durante 7 años», reseñaron.
Sobre estos mismos hechos, la juez ya ha tomado declaración a tres concejales socialistas del Ayuntamiento alfasino en calidad de investigados, así como a dos funcionarios. 

Arques aseguró a este periódico que está «tranquilo» puesto que «nosotros actuamos con informes favorables tanto de intervención como de la secretaría municipal». También indicó que «he presentado mi certificado de aforado como diputado autonómico porque es lo que siempre he hecho cuando me han llamado a declarar». 

El TSJCV será el que tenga que decidir ahora si le cita o no para que comparezca por estos mismos hechos.
Maite Huerta, miembro del PP y concejal no adscrita en este Ayuntamiento, fue la que realizó esta denuncia, por lo que  reseñó a este diario alicantino que «no entiendo que Arques, tras asegurar que el expediente está inmaculado, se acoja ahora a su aforamiento».