MADRID.- Conseguir una plaza de
funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a
diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados
públicos pueden ser despedidos por multitud de razones,
de forma similar a lo que sucede en el sector privado. En Suecia, por
ejemplo, tan sólo el 1% de los trabajadores de la Administración
ostentan la condición de funcionario, recuerda https://www.libremercado.com.
En
España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es
casi imposible despedir a un funcionario. Y la prueba esta en el
escasísimo número de ceses registrado en los últimos años. La Fundación Civio acaba de publica un detallado informe al respecto, y las cifras hablan por sí solas.
Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996. En
concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría
por dejar de ir a trabajar- y los otros 505, el grupo más numeroso,
perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por
sentencia firme. Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla
pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores.
Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a
que estas representan más de la mitad del funcionariado.
Hay
cinco formas de perder una plaza en España, tal y como señala el
estudio: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación,
por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la
sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier
puesto) o especial (para un sector o profesión concreta).
Esta última
es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar
con menores tras ser condenado por abusos.
El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación,
cometido por 109 de los funcionarios cesados. "Un ejemplo: el concejal
de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en
prostíbulos, o la pareja formada por el decano de la facultad de
Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de
Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos
de la facultad".
Le siguen los delitos de falsedad documental (94) y
cohecho (61).
El
cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la
Policía Nacional, con 201 casos. Sus delitos más comunes son aquellos
contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas,
y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno
de ellos.
Otros de los cuerpos con
más presencia en la lista son los administrativos, con 97 pérdidas de
plaza, o las 87 de los cuerpos de servicios postales.
En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los
delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la
custodia de documentos y revelación de secretos.
Le siguen los 41 funcionarios de Justicia, solo uno de ellos juez.
Igualmente, 31 profesores
de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de
ellos maestros. Su delito más común fue el de abusos sexuales (9). Le
siguen los 16 de la administración local, en su mayoría interventores,
y, a la cola, un meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación.
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