Así lo avanza en su plan anual de actuación para 2020, que también incluye un estudio, a través de las auditorías operativas, de la "eficiencia" del plan para reducir las listas de espera en la asistencia sanitaria de la Comunitat Valenciana y la emisión de un "informe especial" sobre la dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura fiscalizará también la Agencia Tributaria Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y como de costumbre, las cuentas generales de la Generalitat, y de Les Corts, una institución que desde 2015 viene ofreciéndose a ser auditada por la Sindicatura.
Asimismo, prevé concluir este año los informes sobre el Plan de Transformación Digital de la Generalitat o el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora).
Los controles sobre ciberseguridad también "tendrán peso" en el programa anual de actuación de 2020, tanto en la EMT -donde se ha producido un fraude de cuatro millones de euros que se está investigando judicialmente- como en los 15 mayores ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, después de ampliarse la auditoría para cubrir todos los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
En el marco del control a entidades locales, la Sindicatura pondrá el foco en las cuentas de los ayuntamientos de la Vila Joiosa y Torrevieja, los dos de mayor población que no han rendido su cuenta general en la fecha de elaboración del programa de actuación de 2020. Serán objeto de revisión las cuentas de 2018 y la gestión de subvenciones de 2019.
También en el ámbito local, auditará el endeudamiento del Ayuntamiento de Valencia en 2018 y 2019, analizará los grandes entes dependientes de la administración local como el Consorcio de Residuos Área C3/V1 o los ingresos por transporte de viajeros y de tesorería de la EMT en 2019.
Continuará ejerciendo la fiscalización del control interno de los ayuntamientos con población de 20.000 y 25.000 habitantes, con una nueva remesa de diez ayuntamientos. Y a su vez, en los de más de 10.000 habitantes se finalizará la auditoría de las actuaciones en materia medioambiental, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
También en colaboración con el Tribunal de Cuentas se llevará a cabo un "informe especial" sobre los reconocimientos extrajudiciales de créditos y una auditoría horizontal sobre la implantación de la administración electrónica.