Los trabajadores reparaban palés en la empresa del detenido, en la que supuestamente les amenazaban de muerte si protestaban por el paupérrimo salario que recibían. El encargado de la empresa, también de origen senegalés como las víctimas, era quien presuntamente reclutaba a compatriotas suyos para ser explotados por en la empresa.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de agosto a un empresario la localidad y al encargado de la empresa, por sendos delitos contra el derecho de los trabajadores y amenazas. La investigación se inició a raíz de la denuncia que formuló una de las víctimas a principios del mes de julio.

El Grupo 3 de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF-3) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante se hizo cargo de la investigación y estableció un dispositivo discreto de vigilancia sobre la empresa y el supuesto lugar donde el empresario recogía a los trabajadores para llevarlos a su nave, en el polígono industrial de El Canastel de San Vicente del Raspeig.

Fruto de las vigilancias efectuadas, los investigadores pudieron concretar que, de lunes a viernes a la misma hora , el empresario detenido, recogía con la furgoneta de la empresa en un punto del barrio de Virgen del Remedio de Alicante a un grupo de individuos de origen africano y se desplazaban hasta la nave, donde permanecían hasta las 19.00 horas, momento en que los llevaba de nuevo hasta el punto de recogida y los sábados regresaban a las 12.30.

Las pesquisas realizadas pudieron concretar que estas personas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, realizaban turnos de doce horas seguidas y percibían un salario de entre 600 a 700 euros al mes, unos 2,5 euros la hora, si trabajan todos los días, mientras que si hacían once días en jornadas de 12 horas recibían 0,58 euros por cada hora.

En el caso de no ir al trabajo por encontrarse enfermos o, como declaró alguna de las víctimas, por ir a vacunarse contra la covid-19, les descontaban 25 euros. Además, recibían amenazas de muerte cuando reclamaban más salario presuntamente por parte de quien hacía de encargado en la empresa.

Una vez obtenidos todos los indicios, los agentes coordinaron la investigación con la Inspección de Trabajo de Alicante para realizar una inspección en la empresa. La explotación del operativo se saldó con las detenciones del empresario y del encargado, que presuntamente era quien reclutaba a sus compatriotas y les amenazaba y con la identificación de los siete trabajadores que había allí bajo las condiciones descritas.

El empresario detenido, de nacionalidad española y 43 años de edad, sin antecedentes previos, junto con el encargado, senegalés, de 44 años, con antecedentes anteriores, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad.