Entre todas las fracturas que hoy dividen la política española hay una que llama la atención; la que separa a quienes apuestan por el diálogo y los que creen que hablar con el otro es una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos. En el peor, una traición. "Es una deslealtad nacional, una humillación para todos los españoles de bien", sentencia Isabel Díaz Ayuso, que en su rechazo frontal al diálogo se alinea con sus mayores antagonistas: con esa parte del independentismo catalán que tacha de estéril este diálogo y apuesta al 'cuanto peor, mejor'.
"La mesa de diálogo va a ser un fracaso, haremos una estrategia enfocada a la confrontación", admite abiertamente Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de Junts, que desde posiciones, valores e ideas diametralmente opuestas, comparte análisis y estrategia con el PP y con Vox. Cada uno de ellos, a su manera, apuesta por lo mismo: porque el diálogo no funcionará. Y creen que no moverse de su postura de máximos y azuzar el enfrentamiento tendrá su premio electoral.
Tal vez quienes no se sientan en esa mesa acierten en su pronóstico. Tal vez fracase la negociación. Pero la pregunta clave es qué alternativa ofrecen. Y si esa alternativa es mejor.
Se sabe cómo acaba la propuesta que aún hoy defienden Junts y la CUP, la de la declaración de independencia unilateral. El resultado está a la vista. Ya se probó en 2017 y es obvio que se volvería a repetir. Otra vez los presos, el ninguneo internacional, el rechazo de una mitad de los propios catalanes y la frustración, ante un nuevo fracaso, de la otra mitad.
También se sabe cómo acaba la alternativa que ofrece la derecha española, la de la mano dura, la respuesta autoritaria y la recentralización. Hay que recordar que fue precisamente eso –encarnado en la campaña del PP contra el Estatut– lo que en buena medida explica cómo hemos llegado hasta aquí.
La mesa de diálogo lo tiene muy difícil. Y así lo admiten todos los que allí se sientan, del Gobierno y la Generalitat. Una parte considera irrenunciable un referéndum de autodeterminación. La otra se niega a dárselo, y es dudoso que pudiera hacerlo, incluso si llegara a tener esa voluntad.
Son tan lejanas las posiciones de partida que el primer gran acuerdo –que no haya plazos, que las reuniones sean "periódicas y discretas"– es un buen comienzo. Solo así será posible avanzar.
La foto entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès era más que necesaria. Se había roto tanto la convivencia institucional desde 2017 que algo muy básico, el reconocimiento explícito del otro como interlocutor, supone un paso espectacular. Pero después de la foto, esa anunciada discreción será fundamental.
También es un gran paso por lo que implica por sí mismo esta mesa, donde ambas partes con el hecho de sentarse han cedido ya. El reconocimiento, por parte del Gobierno, de que lo ocurrido en Catalunya es un problema político, y no una cuestión de orden público que dependa de los jueces o de las fuerzas de seguridad. Y el reconocimiento, por parte de ERC, de que esa independencia que legítimamente reivindican no depende solo del pueblo catalán, ni se puede imponer de forma unilateral.
La libertad de movimientos de ambas partes es reducida, por la presión que ambos soportan de quienes apuestan por que este intento fracasará. ¿Sobrevivirá el Govern de la Generalitat esta legislatura cuando ERC y Junts mantienen posiciones tan distintas en una cuestión tan fundamental? ¿Qué capacidad de decisión tiene realmente el Gobierno frente al poder de ese Estado profundo que la derecha nunca ha dejado de controlar?
(*) Columnista
https://www.eldiario.es/escolar/alternativa-dialogo_132_8306657.html
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