VALENCIA.- CCOO PV ha reclamado al Consell una "intervención inmediata a todos los
niveles" frente a la "extrema gravedad" del problema de acceso a la
vivienda en la Comunitat Valenciana, con medidas como el límite de los
precios del alquiler en aplicación de la Ley de Vivienda estatal; una
regulación autonómica que limite los apartamentos turísticos, aumentar
el parque público e impulsar programas de rehabilitación para viviendas
vacías.
"Estamos ante una situación crítica en la que, si no
se ponen en marcha políticas públicas, si no hay una intervención en el
mercado de la vivienda, estamos convencidas de que en los próximos
tiempos va a suponer un fuerte conflicto social" en la Comunitat
Valenciana, han advertido la secretaria de Políticas Públicas y
Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y la secretaria de
Juventud del sindicato, Rocío Pascual.
Montero y Pascual han
presentado este viernes el informe de CCOO PV 'Derechos y propuestas
ante la situación de la vivienda en el País Valenciano', elaborado por
ambas secretarias, en el que se reclama a la administración que "cumpla
con su responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y
asequible".
El sindicato ha revindicado que tanto el Consell
como el Gobierno central pongan en marcha de forma simultánea medidas a
corto, medio y largo plazo. Por ello, la responsable de Políticas
Públicas ha pedido "voluntad política y una correcta financiación,
presupuestaria progresiva en los próximos años" para vivienda.
Así, ha reprochado al gobierno autonómico que en 2024 haya "recortado"
17 millones de euros "destinados a vivienda". Además, ha instado a que
se escuche al sindicato en la mesa de diálogo social que "el gobierno
valenciano se ha comprometido a convocar en breve".
"Pedimos a
(el 'president') Carlos Mazón que limite los precios de la vivienda,
estamos ante una situación alarmante. Es lamentable que se siga
manteniendo firme el gobierno valenciano en su posición de no declarar
zonas tensionadas y no limitar los precios del alquiler" en aplicación
de la ley estatal, ha recriminado.
En este sentido, CCOO PV ha expuesto que la Comunitat Valenciana vive
"el mayor encarecimiento del arrendamiento en los últimos años". Así,
el precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido un 139% en 10
años, y un 10% en el último año, con lo que la Comunitat Valenciana se
sitúa como la segunda con mayor incremento acumulativo.
El
precio medio del alquiler, ha detallado el sindicato, se sitúa en en 972
euros mensuales, mientras que el salario medio de los jóvenes "apenas
roza el SMI". Por ello, la tasa de emancipación en la Comunitat
Valenciana es del 15,5% y a edad media supera los 30 años, ha apuntado
Rocío Pascual.
"Hoy en día una persona joven que quiera
emanciparse en solitario, según datos del Consejo de la Juventud de
España, tiene que destinar cerca de un 80% de salario solo para pagar el
alquiler, a lo que hay que sumarle otros gastos obviamente como es la
luz, el agua, la comida o el transporte. Mientras que, si prefiere optar
por la compra, tiene que ahorrar más de 3,5 años de salario íntegro
para la entrada de la vivienda", ha lamentado.
CCOO PV considera "esencial" una regulación del alquiler de temporada
y habitacional para "realmente poner freno a todos los abusos que se
están produciendo".
El sindicato ha defendido una limitación
de las viviendas turísticas con un porcentaje máximo sobre la vivienda
disponible para que no reduzca la oferta residencial, con prohibiciones
en zonas tensionadas. Además, ha señalado que la regulación de las
viviendas turísticas tiene que ser de carácter autonómico y no
municipal.
Junto a ello, ha reclamado incrementar el parque
público de vivienda, no solo mediante la construcción, sino también con
programas de rehabilitación para que los propietarios de viviendas
vacías las cedan a la administración y puedan ser sacarse al mercado en
régimen de alquiler asequible. El sindicato ha afirmado que el 14% de
las viviendas de la Comunitat Valenciana están en desuso.
Montero ha criticado que "el Gobierno de Mazón, por un lado, está
anunciando el Plan Vive, la construcción de más de 10.000 viviendas de
protección pública en nuestra comunidad, pero no cuenta la letra
pequeña, que es que están trabajando en una modificación de la
rehabilitación de la vivienda protegida" para incrementar su precio y
descalificarla en pocos años, de forma que pueda "pasar a manos
privadas".
De este modo, ha denunciado que el Plan Vive
contempla un 40% de viviendas destinadas a personas jóvenes que "van a
poder ser descalificadas en 15 años".
CCOO PV ha explicado que
el precio medio de la vivienda libre en marzo se situó en 1.449 euros,
según datos del Consejo General del Notariado, con un incremento del
6,5% en el primer trimestre del año, por encima de la media nacional
(INE), precisado CCOO PV.
Además, el informe pone de relieve
que, de las aproximadamente 105.000 operaciones de compraventas que se
han realizado en la Comunitat Valenciana, solo el 38,7% se produjeron
con financiación hipotecaria.
"Esto nos indica que gran parte de esas
operaciones son inversiones de mayoristas de uso no residencial y que
realmente lo que están ocasionando es una subida de precios
obstaculizando el acceder a una primera vivienda", ha alertado Montero.
Sobre las ayudas al alquiler, el sindicado ha defendido que tienen
que ser "permanentes en el tiempo, mientras esa necesidad persista, no
como ayudas que van saliendo año a año y que no sabemos si el año que
viene seguirán saliendo".
Considera que, "si no van acompañadas de
inversión importante en el parque público y una regulación de precios,
solo supone una transferencia de dinero público a los propietarios".
CCOO PV ha criticado que "el Gobierno valenciano ha dejado a 4.266
solicitantes sin ayudas al alquiler, correspondientes al ejercicio
2023".
"Son más personas de las que sí se les ha concedido la ayuda y lo
ha justificado en haber consumido la financiación de la línea
presupuestaria de las cuentas públicas de la Generalitat", ha criticado
Pascual.
En ese sentido, ha subrayado que estas ayudas
tuvieron financiación estatal pero no autonómica "porque el gobierno de
Mazón desvió una partida presupuestaria y ésta se quedó a cero euros".
Considera el presupuesto de estas ayudas para este año "insuficiente".
Además, ha reprochado que los avales del Institut Valencià de
Financez (IVF) para menores de 45 años "no tienen ningún límite de
renta" en los solicitantes, por lo que "no favorecen en nada el acceso a
las personas que lo necesitan y siguen fomentando el
sobre-endeudamiento".
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