Esta iniciativa, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, cuenta con un presupuesto estimado de 5.931.633,48 millones de euros, y tiene como objetivo «prevenir, detectar, combatir y erradicar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana y garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas», explica la administración autonómica en un comunicado.
Desde el gobierno valenciano recalcal que el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más graves de violencia y vulneración de los derechos humanos, que afecta especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, desde la Generalitat se llevan a cabo políticas públicas en coordinación con entidades sociales, instituciones y organismos especializados para prevenir, detectar y asistir a las víctimas de explotación sexual y trata.
Es el caso del Programa Alba, que forma parte de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por explotación sexual en contextos de prostitución y/o trata, así como a sus hijos e hijas menores que de ellas dependan.
Este programa atendió en 2025 a un total de 6.035 mujeres en la Comunitat Valenciana, en 2024 fueron 4.407 mujeres y 2.487 en 2023, lo que supone un incremento del 36,9% respecto a 2024 y un 142,6 % respecto a 2023 de las mujeres atendidas en la Comunitat Valenciana.
La Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual permitirá reforzar esta labor y para su puesta en marcha ha contado con la participación de más de 20 organizaciones dedicadas específicamente a la lucha contra la violencia sobre la mujer, y que resultan fundamentales por ser, en muchas ocasiones, el primer contacto con la víctima.
La hoja de ruta se basa en seis ejes de acción centrados en la prevención y sensibilización, a través de campañas ciudadanas y formación en centros educativos para disminuir el riesgo; la detección y asistencia integral a las víctimas, mediante el refuerzo de recursos residenciales, atención psicológica y protocolos de identificación temprana.
También se contempla la cooperación internacional, sellando alianzas con países de origen para prevenir la captación y apoyar la reintegración, así como la colaboración institucional, para garantizar el acceso efectivo a derechos básicos.
Por último, las dos últimas líneas de actuación de este programa son la persecución del delito, mejorando la coordinación con fiscalías para asegurar la protección de testigos; y la gobernanza y evaluación, mediante la realización de un seguimiento institucional y una evaluación anual de resultados.
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