El Consell aprueba la Estrategia valenciana contra la trata de mujeres y niñas para explotación sexual 2026-2027

 VALENCIA.- El Pleno del Consell ha aprobado este viernes la Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2027, que consta de 35 medidas y contará con un presupuesto próximo a los seis millones de euros.

Esta propuesta, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, constituye según el Consell "un instrumento esencial para prevenir, detectar, combatir y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana, garantizando la protección integral de los derechos de las víctimas".

La estrategia valenciana pretende reforzar la actuación pública y "consolidar un modelo de atención centrado en las víctimas, que permita avanzar en la erradicación de las causas estructurales que la perpetúan".

Para la ejecución de este programa se ha estimado un coste presupuestario de 5.931.633,48 de euros, distribuidos entre los seis ejes previstos que incluyen los objetivos a alcanzar y las medidas a realizar en dos años.

La estrategia establece una hoja de ruta configurada en base a seis ejes, formados por diez objetivos y un total de 35 medidas, orientadas a mejorar la detección e identificación proactiva de las víctimas; garantizar una atención integral, especializada y con enfoque de derechos a las víctimas; fortalecer la coordinación institucional y la cooperación con la sociedad civil; además de mejorar el conocimiento sobre el fenómeno del tráfico de mujeres en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la implementación de esta propuesta "permitirá la reducción del riesgo de revictimización; la formación especializada del personal de primera línea; la atención y ampliación de la disponibilidad de recursos específicos, especialmente residenciales y de atención especializada".

Además, según el Consell, permitirá incrementar la eficacia en la persecución de redes, la inserción sociolaboral de las mujeres atendidas y contar con una Comunitat Valenciana alineada con los estándares internacionales de protección de derechos y lucha contra la violencia sobre la mujer.

Esta propuesta estratégica es el resultado de "un largo periodo de trabajo por parte del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, para el que se ha tenido en cuenta la participación del tejido social que trabaja día a día en la prevención y atención a estas víctimas, así como de más de 20 organizaciones del tercer sector especializadas y vinculadas con la problemática", ha destacado el gobierno valenciano.

Con el propósito de analizar el grado de consecución y los resultados de la ejecución de esta estrategia valenciana, se llevarán a cabo informes anuales de seguimiento. El Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer será el órgano responsable del seguimiento de la estrategia, a través de la Comisión Interdepartamental, previo estudio a través del grupo de trabajo de carácter técnico, creado específicamente para su seguimiento.

En la Comunitat Valenciana, la Generalitat ya viene impulsando políticas públicas en coordinación con entidades sociales, instituciones y organismos especializados, como el Programa Alba, un recurso que forma parte de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer, que ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de prostitución o trata, así como a sus hijos e hijas menores que de ellas dependan.

Durante el año 2025 el Programa Alba atendió en la Comunitat Valenciana a un total de 6.035 mujeres, en 2024 fueron 4.407 mujeres y 2.487 en 2023, por lo que se observa un incremento del 36,9 % respecto a 2024 y un 142,6 % respecto a 2023. Unos datos que ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales de prevención, atención y coordinación.

Desmantelan una red que obligaba a mujeres a prostituirse en pisos de Alicante

 ALICANTE.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que presuntamente obligaba a mujeres a ejercer la prostitución en pisos de Alicante para saldar una deuda. En el marco de esta operación, han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 23 y 56 años, y se prevé el arresto de una quinta persona en los próximos días. Dos de ellos ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

La red presuntamente captaba a las víctimas en Sudamérica para que vinieran a España, bajo una falsa promesa de mejores condiciones de trabajo, y las obligaba a pagar 5.000 euros por el viaje, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Se descubrió que al menos una mujer estaba siendo obligada a ejercer la prostitución de manera abusiva en un piso de Alicante para saldar esa deuda impuesta de 5.000 euros por los costes de viaje y gestión.

La organización proporcionó a la víctima los billetes de avión desde su país de origen y la instruyó sobre cómo burlar los controles fronterizos en España como turista, incluso con documentación falsa, como certificados de seguro de viaje y reservas de hotel que posteriormente eran canceladas.

Una vez en España, la mujer era instalada en un piso prostíbulo donde era fotografiada para publicitar sus servicios sexuales. La red contaba con una estructura jerarquizada con «roles definidos» para cada integrante, según ha resaltado la Policía Nacional.

La principal responsable y líder de la organización era una mujer quien, aprovechando la situación de las víctimas, las engañaba para que vinieran a España. Ella presuntamente se encargaba de proporcionar la documentación falsa, financiar los viajes y trasladarlas a los prostíbulos.

Al parecer también controlaba a las víctimas, les imponía la deuda de 5.000 euros, supervisaba los anuncios de servicios sexuales y recibía los pagos de los clientes. También está acusada de amenazar a las mujeres explotadas y a sus familiares en el país de origen para que saldaran las deudas y evitar fugas.

Por su parte, otra mujer supuestamente se hacía cargo del piso prostíbulo y colaboraba con la líder en la explotación de las mujeres y gestionando el alquiler de habitaciones.

Asimismo, un varón era el presunto encargado de los traslados, ya que recogía a las víctimas en la estación de tren y las llevaba a los lugares donde posteriormente serían explotadas.

De la misma forma, otra mujer supuestamente gestionaba los servicios sexuales, ya que utilizaba su teléfono para publicitar a las víctimas en internet y coordinar los contactos con los clientes.

Finalmente, otro varón, pareja de la líder, al parecer se encargaba también de amenazar a las víctimas para que pagara la supuesta deuda. La Policía Nacional sospecha que este hombre también ejercía labores de seguridad para la organización.

La Policía Nacional supo que la víctima viajó a primeros de abril desde Sudamérica a Madrid en avión. Al día siguiente viajó en tren hasta Alicante. Allí fue recogida por la líder y su pareja, fue llevada a un piso donde le realizaron fotos y posteriormente fue trasladada a un piso, donde era obligada a ejercer la prostitución.

En este piso había cámaras para vigilar a la víctima. Durante esta etapa fue amenazada con retirarle el pasaporte si no se «portaba bien». La víctima iba a destinar la mitad de lo que ganara para saldar la supuesta deuda y dar la otra mitad a la líder de la red, por lo que no iba a recibir ningún dinero por sus servicios.

Según ha explicado la Policía, la víctima tenía solo un día libre a la semana y existía un régimen de multas de 300 euros en el caso de que generaran «algún problema». También era obligada a borrar todas las conversaciones mantenidas con el móvil con la líder.

El total de gasto para traer a la víctima ascendía aproximadamente a mil euros. No obstante, le dijeron que había contraído una deuda de 5.000 euros que «solo podía pagar ejerciendo la prostitución».

La investigación se ha realizado de forma coordinada entre la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante y de Madrid.

Detenido un empresario de 41 años por explotar a personas extranjeras sin contrato ni medidas de seguridad en Alcoy

 ALCOY.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcoy a un empresario de 41 años, responsable de una empresa de reciclaje de ropa usada, por presunta explotación laboral a ciudadanos extranjeros, a los que tenía trabajando sin contrato ni medidas de seguridad.

La actuación policial comenzó tras la denuncia presentada por un ciudadano extranjero, que sufrió lesiones en un accidente laboral. El denunciante, de 25 años, relató que trabajaba sin contrato ni seguro, desempeñando tareas de carga y descarga durante jornadas de hasta once horas diarias por un salario mensual de 1.000 euros, del que únicamente había recibido 45 euros, según ha informado la Jefatura Provincial en un comunicado.

Tras sufrir un accidente al caerle encima de un brazo un fardo de ropa de 400 kilogramos, el empresario prescindió de sus servicios sin hacerse cargo de su atención médica.

Fruto de la investigación desarrollada por la Policía Nacional, y tras solicitar la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana, se llevó a cabo una inspección en la nave industrial situada en Alcoy.

En el lugar, los agentes identificaron a cinco trabajadores, todos extranjeros, dos de ellos en situación irregular y sin contrato. La empresa carecía de licencia de apertura municipal, de las medidas de protección de riesgos laborales y de seguridad, y no figuraba en el registro industrial, motivo por el cual se extendió acta para la correspondiente sanción administrativa.

Tras recabar toda la información, los agentes procedieron a la detención del empresario, el cual carecía de antecedentes, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. La Policía Nacional ha dado cuenta de los hechos al Juzgado de Instrucción de Alcoy en funciones de Guardia.

La Policía Nacional libera a nueve mujeres víctimas de explotación sexual en Alicante

 ALICANTE.- La Policía Nacional ha desarticulado en Alicante una organización criminal transnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. La operación ha culminado con la detención de diez personas, la liberación de nueve víctimas y la práctica de cuatro entradas y registros en viviendas de la ciudad, donde se encontraban los pisos utilizados como prostíbulos por la red.

Entre los arrestados se encuentran el líder de la organización y su hijo, quien gestionaba las empresas pantalla usadas para el cobro de servicios sexuales y era dueño de uno de los inmuebles empleados como prostíbulo, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

La organización la conformaban mayoritariamente ciudadanos colombianos que se dedicaban a captar mujeres en el extranjero para luego explotarlas sexualmente en España. Estas víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de hacinamiento durante las 24 horas del día en dos viviendas ubicadas en Alicante.

Las víctimas eran controladas constantemente por encargadas y, además, por cámaras de videovigilancia. En estos inmuebles también se ofrecían sustancias estupefacientes --como cocaína-- y pastillas potenciadoras del rendimiento sexual a los clientes.

En uno de los inmuebles donde ejercían la prostitución, los integrantes de la organización avisaban a las víctimas para que acudieran a ser elegidas por sus clientes. En este sentido, utilizaban un mando a distancia que hacía sonar un timbre situado en la zona donde dormían. A continuación, se veían obligadas a realizar los servicios.

Durante la investigación, los agentes pertenecientes a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) en Alicante descubrieron que una de las víctimas había adquirido una deuda de 4.000 euros con el grupo criminal, lo que le impedía abandonar las viviendas hasta saldarla.

Las condiciones de las viviendas donde dormían eran deplorables, con habitaciones pequeñas que carecían de ventilación y luz natural, y que compartían varias mujeres. Algunas zonas tenían humedades que se observaban a simple vista.

De otro lado, la organización se encargaba de gestionar todo el proceso de traslado --incluidos pasajes de avión, reservas de hotel y cualquier trámite relacionado--, además de instruir a las mujeres para que declararan que eran turistas si las interrogaban las autoridades fronterizas.

En el marco de este operativo, seis mujeres y cuatro hombres, de entre 26 y 64 años, han sido detenidos. Nueve de ellos eran de nacionalidad colombiana y uno español. De los arrestados, dos se encontraban en situación irregular en España y dos contaban con antecedentes policiales.

Durante los registros efectuados, la Policía Nacional intervino una pistola detonadora con 50 cartuchos de munición, 4.550 euros en efectivo, ocho datáfonos utilizados para procesar pagos, 20 gramos de cocaína, una báscula de precisión, 75 pastillas potenciadoras del rendimiento sexual, cinco cronómetros usados para controlar la duración de los servicios sexuales, nueve teléfonos móviles y abundante documentación vinculada con la explotación sexual de las víctimas y el manejo económico de la red. 

Además, se incautó de una motocicleta presuntamente empleada para los desplazamientos y actividades de la organización.

Según la Policía, este material evidencia el "alto grado de organización" y el alcance de las actividades delictivas desarrolladas por esta red, que utilizaba "métodos sofisticados" para maximizar los beneficios obtenidos de la explotación de las víctimas.

Tras las actuaciones efectuadas, siete de los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.

APRAMP detecta más de 5.600 personas en riesgo de explotación y trata en el primer semestre de 2024

 

 MADRID.- La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) detectó más de 5.600 personas en riesgo de explotación y trata en el primer semestre de 2024.

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este lunes 23 de septiembre, ha llamado a "la acción y al compromiso de todos los sectores para fortalecer las políticas públicas y garantizar la protección y atención integral a las víctimas y supervivientes".

En este sentido, ha reclamado políticas públicas integrales que den alternativas "reales y sostenibles" para que las mujeres y niñas víctimas "recuperen su dignidad y se restituyan sus derechos". 

Además, ha destacado que se trata de una realidad que "esclaviza y explota" a miles de mujeres y niñas, tanto en España como en el resto del mundo. 

En esta misma línea, ha recalcado que "mirar hacia otro lado no es una opción" y ha agregado que las políticas públicas deben ser "homogéneas y armonizadas" en todo el territorio, deben dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas para perseguir a explotadores, proxenetas y victimarios, y proveer los medios necesarios para que los servicios sociales y especializados puedan garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

Igualmente, ha expuesto que para el desarrollo de estas políticas es "fundamental" dar voz a las supervivientes "porque ellas son las verdaderas protagonistas y con sus testimonios dan a conocer esta forma extrema de violencia, como lo es escuchar a las entidades especializadas como APRAMP que las acompañan y ofrecen cercanía y atención integral 24h".

También ha alertado de los espacios "invisibles" (pisos y entornos digitales), aquellos que se encuentran fuera del foco público, que ha añadido que son los que aglutinan a la mayoría de las víctimas de explotación.

"Las redes sociales y espacios digitales similares son donde más se producen las acciones de captación y coacción de las víctimas. Espacios que, desde la pandemia de 2020, se configuran como el terreno perfecto para la explotación sexual, especialmente de niñas, adolescentes y jóvenes porque en ellos se da una impunidad prácticamente total para los tratantes y explotadores", ha advertido APRAMP.

Finalmente, ha pedido un pacto social "que visibilice y denuncie la explotación y la trata de mujeres y niñas y rechace las conductas y actividades que conducen a ellas".

El Gobierno califica la trata como "la esclavitud moderna", que utiliza a los más vulnerables "como simple mercancía"

 

MADRID.- El Gobierno de España ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Así, la declaración califica la trata como "la esclavitud moderna" y añade que utiliza a las personas más vulnerables "como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos".

El texto recuerda que, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el 97,6% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Estos datos denuncia que reflejan que la trata con fines de explotación sexual tiene una "innegable dimensión de género".

Por otro lado, la declaración institucional hace referencia a los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. "Las nuevas tecnologías proporcionan medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también para la captación y el control de las víctimas. 

Además, las oleadas migratorias y el desplazamiento forzado de personas por los conflictos armados son un caldo de cultivo para la trata de personas, lo que exige el máximo compromiso y coordinación internacional", concluye.

Tres personas detenidas por retener y explotar en régimen de "semiesclavitud" en fincas agrícolas

 ALICANTE.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Aspe a un grupo de tres personas por presuntamente explotar laboralmente y en régimen de "semiesclavitud" a cuatro personas que mantenían retenidas bajo coacciones y explotadas laboralmente en fincas agrícolas.

La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte de un grupo criminal que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en terrenos agrícolas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes adscritos al Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación y averiguaron la localización concreta de la finca en la que estas personas supuestamente estaban siendo explotadas laboralmente.

Los investigadores observaron a un hombre que trasladaba a otros dos desde un domicilio a la finca agrícola, por lo que posteriormente se desplazaron hasta el lugar donde identificaron a las dos víctimas y a la persona que manifestó ser el propietario de la explotación agrícola, quien afirmó tener como empleados a los otros dos y enseñó una nómina a nombre de uno de ellos.

Tras identificar a estas tres personas, los agentes comprobaron que uno de los dos trabajadores era quien había dado la voz de alarma acerca de su situación. Tras ser preguntado por los agentes si estaban siendo retenidos, coaccionados o explotados laboralmente, este manifestó que sí y pidió ayuda a los agentes.

Una vez la víctima estuvo en privado con la Policía manifestó que, tras pedir un préstamo de 100 euros, el conductor del vehículo le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría.

Debido a la pandemia, la víctima tuvo que regresar a su país (Rumanía), por lo que no pudo saldar la deuda y, tras volver a España, el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3.000 euros.

Tras este suceso, le retuvo la documentación y le obligó a trabajar en explotaciones agrícolas diez horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole 40 euros semanales para que pudiera comer.

La víctima estaba alojada temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera "indigna e insalubre" y estuvo en este estado alrededor de dos años junto con otras personas, también de nacionalidad rumana.

En este contexto, el hombre calcula que ha pagado al investigado unos 90.000 euros mediante los trabajos realizados, a pesar de que este todavía le reclama una deuda de 3.000 euros.

Por otro lado, manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el "temor a las consecuencias", ya que considera "muy peligrosos" tanto a este hombre como a su esposa.

Los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que los tenía presuntamente coaccionados y explotados laboralmente y que el salario de estos dos empleados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a su esposa.

Tras realizar otras indagaciones, los agentes comprobaron que en otras tierras, también propiedad del dueño de la finca, se encontraban trabajando otras dos personas, que han resultado ser otras dos víctimas más del grupo criminal.

Los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo criminal y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla. A estos dos hombres también les había retenido la documentación y les había amenazado con hacer daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la Policía.

En el registro del domicilio del cabecilla del grupo criminal, la Policía intervino 1.650 euros y 1.802 leus rumanos --la moneda oficial de Rumanía-- en efectivo.

Además, se encontraron varios extractos bancarios a nombre de los investigados y de varios de sus familiares, en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado de las víctimas .

También fueron halladas varias nóminas a nombre de las cuatro hombres explotados, pero tras comprobar los agentes sus datos en la Seguridad Social ninguno de estos trabajadores figuraba como dado de alta.

Los agentes localizaron tanto al cabecilla de la organización como a su esposa, que recibía los salarios de los trabajadores en sus cuentas bancarias.

Por estos hechos, tanto el matrimonio como el propietario de las fincas fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores.

Los detenidos, dos hombres y una mujer, de entre 24 y 47 años de edad y de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda.

Los agentes asistieron a las víctimas y las pusieron en contacto con los servicios sociales para que recibiesen la asistencia necesaria y poder solventar su actual situación social.

Por otro lado, las investigaciones continuarán al tener conocimiento de que cuatro víctimas más de este grupo criminal fueron trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente. Por ello, los agentes estarán en contacto con las autoridades francesas y las autoridades rumanas.

"Los prostíbulos son campos de concentración", dicen supervivientes de la explotación sexual

VALENCIA.- Supervivientes de la prostitución y diferentes organizaciones se han mostrado a favor de leyes que prohíban la prostitución y han reclamado conjuntamente planes integrales para ayudar a las mujeres que contemplen ayuda psicológica y jurídica, entre otras materias: «Los prostíbulos son auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas», ha lamentado una víctima.

Así lo han puesto de manifiesto este martes durante la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI que ha tenido lugar en Les Corts en la que, junto a organizaciones y víctimas, han participado las diputadas Verònica Ruiz (Compromís); Rosa Peris (PSPV); Verónica Marcos (PP); y Ángeles Criado (Vox). Las comparecencias se enmarcaban en el procedimiento de elaboración de dos Proposiciones de Ley presentadas por los socialistas y relacionadas con esta materia.

Momentos antes de comenzar la comisión, ha tenido lugar una concentración a las puertas de Les Corts convocada por el Front Abolicionista y en la que su portavoz ha incidido a los grupos a que «sigan avanzando en la legislación abolicionsita». 

«Hay que hacer más cosas», ha reclamado.

Amelia Tiganus, de la asociación Emargi, ha sido una de las participantes en la comisión. «Me vendieron por 300 euros a un español que llenaba burdeles con mujeres de Rumanía y fui explotada por todo el país», ha comenzado su intervención para agregar: «ahora lucho y me pongo frente al sistema».

«Quiero humanizar la figura de las mujeres prostituidas. Seguimos hablando en la actualidad de mujeres prostituidas como si fueran las otras y no nosotras mismas. Tenemos que empezar a ver a las mujeres prostituidas como nuestras iguales», ha pedido.

Tras ello, ha contado su caso: «Yo nací libre, o eso se suponía, y soñaba con ser profesora o médica. Sin embargo, mi destino no pudo cumplirse de esa manera porque me convirtieron en mercancía, en materia prima de esa industria criminal para que los hombres se puedan divertir a un módico precio».

«Se nos fabrica como a putas --ha añadido--. Aprendí que mi sexualidad no era para gozar, no era mía, no me pertenecía. Aprendí, cuando mi tío abusó de mí a los siete años, que la sexualidad es una moneda de cambio para recibir atención, miradas, reconocimiento y, más tarde, dinero con la prostitución. A los 13 años me violaron entre cinco en un portal y aprendí lo que era someterse para sobrevivir, lo que perversamente se llama consentimiento».

Y también se ha referido a los prostíbulos: «Pasé por más de 40, también en la Comunidad Valenciana, porque está en la punta. Son auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas. Allí somos manoseadas y penetradas por todos los agujeros mientras los puteros se divierten y se lucran y la sociedad mira hacia otro lado», ha lamentado visiblemente emocionada.

Con el paso del tiempo, Amelia ha podido salir de este mundo y ha decidido quedarse a vivir en España junto a su marido: «Confío en que somos capaces de cambiar el mundo», ha dicho. Así, ha reclamado leyes, «reconocer a los puteros como agresores sexuales y pensar en el futuro».

 «Necesitamos que nuestros derechos estén garantizados. Yo me recuperé gracias a la mirada de muchas mujeres y de algunos hombres que me veían como algo más que a un cuerpo», ha relatado.

«Es necesario una legislación abolicionista para garantizar los derechos de las mujeres prostituidas y para lograr la dignidad de la sociedad. No hablo por todas las mujeres pero sí como mujer, como una persona que ha podido reconquistar su cuerpo y su vida», ha incidido.

La «necesaria» legislación y de medios materiales y personales también ha sido reclamada por otras organizaciones que han comparecido en Les Corts como Associació Alanna; Associació Amar Dragoste o Front Abolicionista.

De hecho, Carolina López, víctima superviviente del sistema prostitucional y miembro de Alanna, ha manifestado que «está muy bien legislar, perseguir al proxeneta y a la demanda, establecer leyes, pero no podemos dejar a las mujeres atrás». «Necesitamos planes efectivos con la adecuada perspectiva. La prostitución es violencia extrema para las mujeres y hay que acompañarlas adecuadamente», ha pedido.

Al respecto, ha reclamado: «Poned la oreja. Contad con las supervivientes. Somos mujeres resilentes con una perspectiva real de lo que es el sistema y cómo daña a las mujeres y sabemos los pasos a seguir».

Su compañera, la psico-terapeuta María Consuelo Álvarez, también de Alanna, ha abogado por perseguir el proxenetismo «en todas sus formas». Se ha referido a sancionar a la demanda y a la compra de sexo, así como a proteger a las mujeres y a considerarlas víctimas de violencia machista.

Ha reclamado una respuesta «integral» que castigue todos los tipos de proxenetismo y que articule distintas medidas para garantizar los derechos de estas mujeres: dispositivos de acogimiento para alejarse del sistema prostitucional; acceso a ayudas a viviendas reales e inmediatas; planes socio-laborales individualizados basados en sus propias propuestas; prestaciones económicas inmediatas y una correcta atención sanitaria teniendo en cuenta el daño psicológico y la atención de profesionales de salud mental con una empatía femenista «necesaria».

«Tenemos clarisimo --ha dicho-- que tiene que haber punitivismo, sanciones al putero y al proxeneta. Pero, además, hacen falta medidas que aseguren la salida de las mujeres de forma digna y la recuperación de sus derechos humanos. Las medidas que hoy discutimos son el primer paso para conseguir una Ley Integral Abolicionista y tiene que ir todo en paralelo».

Por su parte, Tamara Kelppler, de Amar Dragoste, también ha mostrado el apoyo de su entidad a las propuestas de ley el grupo socialista y ha presentado algunas enmiendas relacionadas con la necesidad de incluir apoyo psicológico y jurídico a las víctimas; plazos concretos para los planes de apoyo; y presupuesto específico para desarrollar el plan, «en ningún caso inferior a tres millones de euros». 

Además, ha abogado por cursos de sensibilización complementarios junto a las sanciones.

En esta línea, Concha Hurtado, portavoz del Front Abolicionista del País Valencià, ha reclamado un estudio «riguroso» en la Comunitat sobre el impacto de la prostitución en la salud y ha mostrado su apoyo a las dos modificaciones de ley, «un paso muy necesario», ha dicho, «que debe ir acompañado de más recursos para las víctimas». 

«Os pedimos hacer historia y que ayudéis a poner fin a tanto sufrimiento», ha reclamado a las diputadas presentes.

Ante estas intervenciones, la diputada Verònica Ruiz ha insistido en la «necesaria» puesta en marcha de un plan integral para las mujeres víctimas de la prostitución que acompañe la reforma legislativa, mientras que la socialista Rosa Peris ha coincidido con las entidades que hay que perseguir el proxenetismo «en todas sus formas» y ha abogado por penalizar la compra, desincentivar la demanda y mejorar la calidad de vida de las mujeres sometidas a la prostitución.

Por su parte, la diputada de Vox ha coincidido en el «grave problema» que supone la prostitución y se ha interesado por si las entidades comparecientes atendían a niños y a hombres y no solo a mujeres víctimas de la prostitución. 

La diputada del PP Verónica Marcos también ha subrayado la importancia de la legislación junto con planes integrales socio-laborales o de vivienda. También ha reclamado que sea un asunto «nacional».

Compromís pide a Consell, Gobierno y UE que aumenten medidas contra explotación infantil

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha presentado una proposición no de ley en Las Cortes Valencianas para plantear al Consell, al Gobierno central y a la Unión Europea incrementar las medidas "para extender la protección social para los menores de edad y sus familias, con el objetivo de mitigar la pobreza y la incertidumbre económica que subyacen al trabajo infantil".

"La esclavitud sigue presente en el siglo XXI y lo hace con rostro de niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil es un problema persistente en el mundo", ha lamentado Navarro.

En este sentido, la coalición ha indicado, a través de un comunicado, que según UNICEF 160 millones de menores de edad --63 millones de niñas y 97 millones de niños-- se encuentran en situación de trabajo infantil a nivel mundial, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Un total de 79 millones de niños, de 5 a 17 años, que hacen trabajos peligrosos para su salud, seguridad y desarrollo moral.

El Trabajo infantil en la industria textil empieza en una edad temprana. Con tan solo 10 años se hacen frente a jornadas de 12 a 15 horas diarias, en lugares donde además de trabajar también duermen y comen. Se trata de fábricas clandestinas en la práctica convertidas en celdas-prisión, ha continuado la formación.

Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 50 millones de personas son víctimas de esta esclavitud moderna que se esconde en la industria de la moda, la mayoría con rostro de mujer y de las cuales el 12% son menores de edad.

Navarro ha remarcado que "la ropa que el mundo occidental adquiere a bajo precio soportando brutales abusos laborales, cuando no lo son sexuales, representan la última pieza de una industria que oculta la esclavitud moderna entre los más vulnerables de la sociedad".

"La pobreza obliga a las niñas a trabajar en un régimen de servidumbre, en condiciones infrahumanas y de hacinamiento, con reiterados abusos, ausencia de control sindical y eliminación de estándares de seguridad que ocasionan accidentes como el ocurrido en Bangladesh en 2013 con el hundimiento del edificio Rana Plaza, con más de 1.000 muertos y 2.400 heridas", ha alertado.

"Marcas reconocidas internacionalmente que explotan a niños y niñas cada día en sus fábricas trabajando en condiciones inhumanas, insalubres, nocivas, sin descanso, violando sus derechos, afectando su salud psíquica y física, desarrollando enfermedades y enfermedades crónicas y desnutrición, impidiéndolos el desarrollo de su infancia, limitando su tiempo de juego y de descanso e interfiriendo en su educación y dignidad que afrontan separados de sus familias", ha agregado.

En esta línea, ha diputada ha sostenido que "en el horizonte de la Agenda 2030, parece difícil ver cumplidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que obliga a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y el tráfico de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas".

"Por eso reclamamos a las distintas administraciones que intensifiquen en su ámbito competencial políticas de protección de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 respecto de la explotación infantil, al tiempo que restrinjan la entrada de mercancías producidas a través de trabajo forzado y obliguen a que se cumplan los requisitos en materia de salarios dignos, derechos humanos y sostenibilidad", ha apuntado.

Finalmente, desde Compromís han puesto en valor la necesidad de garantizar una educación gratuita y de buena calidad para "proporcionar una alternativa viable al trabajo infantil y brindar a los niños y niñas una oportunidad de un futuro mejor".

La Generalitat atendió a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación sexual en el primer semestre de 2021

VALENCIA.- Los recursos de la Generalitat atendieron a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación sexual durante el primer semestre de este año, así como a cinco menores que estaban a su cargo. Esta cifra es superior a la de todo 2020, cuando fueron atendidas 16 mujeres.

Así se desprende de una respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a una pregunta escrita en Corts del diputado Jesús Salmerón, donde se detalla que la Generalitat cuenta actualmente con tres recursos residenciales especializados en víctimas de explotación sexual o tráfico de personas que tienen 19 plazas en total.

En estos centros, remarca la Conselleria en la respuesta, las mujeres reciben prestaciones integrales para cubrir sus necesidades y realizan un itinerario de intervención para conseguir su recuperación e inserción en la sociedad.

Además, desde el 15 de octubre está en funcionamiento el Programa Alba en cada una de las tres provincias, que ofrece atención en los locales y en itinerancia. Estos equipos, de nueve personas cada uno, cuantan con dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, una abogada, una psicóloga, una técnica de integración social, una auxiliar administrativa y una auxiliar superviviente.

Estas personas proporcionan "una atención integral que va desde la información hasta el asesoramiento en materia social, formativa y laboral y su autonomía para que puedan retomar una vida independiente en la que elijan su propio camino".

El programa también ofrece "alojamiento inmediato" a las mujeres que lo necesitan, y ofrece la posibilidad de alojarse en un hotel mientras se tramita su ingreso en un recurso de la red residencial, siempre de acuerdo con su voluntad.

En una respuesta anterior a otra pregunta de Salmerón sobre este programa, la Conselleria de Iguladad señaló que para 2022, el Programa Alba contará con un presupuesto de 1,05 millones, lo que supondrá unos recursos de 29.126,66 euros mensuales para cada uno de los tres equipos. La dotación en 2021 era inferior, de 222.678,03 euros, ya que se puso en marcha a mitad de octubre.

Detenido un empresario textil marroquí en Cocentaina por obligar a sus empleados a trabajar a destajo por 400 euros al mes

ALCOY.- Un empresario marroquí de 44 años había conseguido crear un importante negocio de reciclaje de ropa usada en Cocentaina, una ciudad industrial en la montaña del interior de Alicante. La firma textil se había convertido en una de las más importantes del sector en España. 

Sin embargo, su estructura legal y perfectamente organizada ocultaba la existencia de tres naves industriales en la que trabajaban al menos 15 empleados marroquíes, 12 horas al día y seis días a la semana, en condiciones precarias, sin contrato laboral y, en cuatro casos, sin permiso de residencia ni trabajo. 

La Policía Nacional detuvo a principios de este mes al propietario de la compañía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según ha dado a conocer este miércoles el organismo.

La nave principal del negocio funcionaba a pleno rendimiento. Pero hace unos meses, un chivatazo originó una investigación que desembocó en la localización de tres naves industriales clandestinas, destinadas a nutrir de material textil no declarado a la matriz de la empresa. Tres instalaciones apenas acondicionadas, sin ventanas ni otro tipo de ventilación, ni tampoco medida alguna de prevención de riesgos laborales o contra la covid, que además estaban atestadas de montañas de ropa usada. 

En esas instalaciones los empleados eran “encerrados todo el día”, desde primera hora de la mañana, relata la Policía. Su cometido: “labores de reciclado de ropa en condiciones peligrosas para la salud”, señalan las mismas fuentes.

Una vez detectadas las naves, agentes de varias unidades de la comisaría de Alcoy, junto a otra adscrita a la Generalitat Valenciana y la Inspección de Trabajo de Alicante irrumpieron en su interior. 

“Algunos de los trabajadores trataron de huir a la carrera, mientras que otros comenzaron a ocultarse entre las montañas de ropa para no ser localizados”, señalan las mismas fuentes. Lo intentaron esconderse sin éxito: los 15 empleados fueron interceptados y, después, se comprobó que ninguno tenía contrato laboral y que cuatro de ellos se encontraban en España en situación irregular.

Al tomarles declaración, los trabajadores manifestaron que realizaban jornadas de 12 horas diarias con un único día de descanso a la semana, por 400 euros mensuales, “menos de la mitad del salario mínimo interprofesional”, tal como recuerdan las fuentes consultadas. 

Los cuatro empleados que carecían de permisos de residencia y trabajo fueron detenidos para abrirles un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Extranjería por estancia irregular, y quedaron en libertad a las pocas horas.

A primeros de este mes, los agentes detuvieron al empresario como presunto responsable de la organización clandestina de parte de su empresa y de la precaria situación laboral de sus empleados. 

Hasta ahora, había conseguido esconder sus negocios clandestinos, puesto que no tenía antecedentes previos relacionados con posibles irregularidades laborales, indica la Policía. Pasó a disposición judicial con la imputación de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La indignante esclavitud de las aparadoras: cobran 0,60 por unas sandalias que se venden por 800 euros

ELCHE.- Las aparadoras surgieron en la época de los 60 para poder trabajar desde casa y poder cuidar a sus hijos, lo que trajo consigo deplorables condiciones laborales: sin contratos ni medidas de seguridad, no pueden cobrar ningún tipo de jubilación, recuerda laSexta.

Andrea Ropero se trasladó a finales de 2019 a Elche, cuna del negocio del calzado, para conocer de primera mano las condiciones de estas trabajadoras. 

Las aparadoras dedican hasta 14 horas al día al calzado, no tienen derecho al paro, nadie responde por ellas en caso de accidente laboral y parecen tener la sensación de que si hablan nadie las va a escuchar.

Dos detenidos por tener a trabajadores africanos en condiciones de semiesclavitud en una fábrica de palés

SAN VICENTE DEL RASPEIG.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, el dueño y el encargado de una empresa de palés en Sant Vicent del Raspeig, acusados de tener a trabajadores de origen africano en condiciones de semiesclavitud, con jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, que pagaban a entre 0,58 céntimos y 2,5 euros la hora, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y bajo amenazas, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los trabajadores reparaban palés en la empresa del detenido, en la que supuestamente les amenazaban de muerte si protestaban por el paupérrimo salario que recibían. El encargado de la empresa, también de origen senegalés como las víctimas, era quien presuntamente reclutaba a compatriotas suyos para ser explotados por en la empresa.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de agosto a un empresario la localidad y al encargado de la empresa, por sendos delitos contra el derecho de los trabajadores y amenazas. La investigación se inició a raíz de la denuncia que formuló una de las víctimas a principios del mes de julio.

El Grupo 3 de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF-3) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante se hizo cargo de la investigación y estableció un dispositivo discreto de vigilancia sobre la empresa y el supuesto lugar donde el empresario recogía a los trabajadores para llevarlos a su nave, en el polígono industrial de El Canastel de San Vicente del Raspeig.

Fruto de las vigilancias efectuadas, los investigadores pudieron concretar que, de lunes a viernes a la misma hora , el empresario detenido, recogía con la furgoneta de la empresa en un punto del barrio de Virgen del Remedio de Alicante a un grupo de individuos de origen africano y se desplazaban hasta la nave, donde permanecían hasta las 19.00 horas, momento en que los llevaba de nuevo hasta el punto de recogida y los sábados regresaban a las 12.30.

Las pesquisas realizadas pudieron concretar que estas personas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, realizaban turnos de doce horas seguidas y percibían un salario de entre 600 a 700 euros al mes, unos 2,5 euros la hora, si trabajan todos los días, mientras que si hacían once días en jornadas de 12 horas recibían 0,58 euros por cada hora.

En el caso de no ir al trabajo por encontrarse enfermos o, como declaró alguna de las víctimas, por ir a vacunarse contra la covid-19, les descontaban 25 euros. Además, recibían amenazas de muerte cuando reclamaban más salario presuntamente por parte de quien hacía de encargado en la empresa.

Una vez obtenidos todos los indicios, los agentes coordinaron la investigación con la Inspección de Trabajo de Alicante para realizar una inspección en la empresa. La explotación del operativo se saldó con las detenciones del empresario y del encargado, que presuntamente era quien reclutaba a sus compatriotas y les amenazaba y con la identificación de los siete trabajadores que había allí bajo las condiciones descritas.

El empresario detenido, de nacionalidad española y 43 años de edad, sin antecedentes previos, junto con el encargado, senegalés, de 44 años, con antecedentes anteriores, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad.

Detenidos los dueños de un local de hostelería de Elda por hacer trabajar a sus empleados todos los días y sin contrato

ELDA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elda a dos hombres de 43 y 52 años, responsables de un negocio de hostelería, porque al parecer tenían a tres empleados trabajando todos los días de la semana, sin contrato y "sin respetar ningún derecho de los reconocidos para los trabajadores". Las víctimas tenían un salario de 100 a 150 euros mensuales, pero llevaban tres meses sin cobrar.

Los detenidos regentaban un kebab en el que trabajaban las victimas "sin descanso alguno", según han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado. Al parecer, los empleados, de origen pakistaní, realizaban jornadas laborales los siete días de la semana, desde por la mañana hasta la madrugada.
A cambio de su trabajo, se les permitía residir junto con otras tres personas más en una habitación de una vivienda propiedad de los dueños del negocio. Como sueldo, recibían entre 100 y 150 euros al mes, si bien desde hacía tres meses no habían cobrado nada.
Estos empleados comenzaron a trabajar supuestamente con la promesa de los propietarios de recibir un precontrato de trabajo que les pudiera ayudar a conseguir la residencia, si bien esta promesa nunca se materializaba. Mientras tanto, trabajaban al parecer sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y residiendo de manera irregular en España.
Los propietarios presuntamente impartían instrucciones a los perjudicados para que en el caso de producirse una inspección los mismos salieran de sus puestos de trabajo y se comportaran como meros clientes o directamente huyeran del lugar.
Los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Elda iniciaron una investigación tras recibir información de la posible situación laboral de las victimas. 

Así, desarrollaron un dispositivo especial y, tras varias vigilancias discretas del lugar, realizaron una inspección en el local. Posteriormente procedieron a la detención de los dos propietarios del establecimiento.
Los detenidos están acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elda.

Mafia y explotación, la cara oscura de la agricultura en Italia

ROMA.- Les pagan una miseria y trabajan en condiciones deplorables. Miles de trabajadores son explotados durante las cosechas en Italia y son la cara oscura de la agricultura italiana, en la que también pesa la sombra de la mafia.

Cada verano, miles de trabajadores africanos, pero también búlgaros o rumanos, llegan a la península para recoger tomates o sandías bajo un sol abrasador.

Según un estudio realizado por el sindicato Flai-CGIL, unos 400.000 trabajadores agrícolas corren el riesgo de ser explotados irregularmente, de los cuales más de 100.000 se encuentran en una situación de "vulnerabilidad grave".

Si bien la mayoría son extranjeros, los italianos también están involucrados.

"Han sido reducidos a la esclavitud", a través del llamado sistema de "caporalato", explicó  Jean-Rene Bilongo, responsable de la política migratoria y las desigualdades de Flai-CGIL.

El "caporal" es un intermediario entre el agricultor y los trabajadores, resume.

"Es el que negocia el pago embolsándose una margen. Por ejemplo: si pagan cinco euros por una enorme caja de tomates, pagará solo tres euros a los trabajadores", sostiene Bilongo.

Si bien el convenio colectivo para la agricultura prevé un horario de trabajo diario de 6H40 con una remuneración de 50 euros por día, estos trabajadores trabajan más de ocho o diez horas al día e incluso 14 horas.

Además les pagan por cantidad (3 a 4 euros por 350 kilos), lo que les permite llegar sólo a 20-30 euros por día.

A esa cifra, que ya es baja, deben recortar los costos. "Los 'caporales' les piden cinco euros para el transporte ida y vuelta a los campos, por el agua que beben y los bocadillos les cobran 3,5 euros. Una verdadera extorsión", denuncia Angelo Cleopazzo, vicepresidente de la asociación Diritti a Sud ("Derechos en el Sur"), con sede en Nardo (Apulia).

Muchos de los trabajadores viven en barrios marginales, en terrenos al aire libre, unos "güetos", sin acueducto ni alcantarillas.

"Es inhumano", protesta Bilongo, quien ha denunciado también la violencia e incluso la agresión sexual contra las mujeres.

Su extrema vulnerabilidad a menudo les impide denunciar esta explotación. Sin embargo, en agosto de 2018, cientos de ellos manifestaron su indignación y rabia en Foggia (Apulia), después de la muerte de 16 trabajadores en un accidente automovilístico.

Todos los veranos se registra la muerte de varios trabajadores en los campos, en general debido a la ola de calor y la insolación.

Para Bilongo no ha faltado la intervención de la policía así como la apertura de investigaciones judiciales, gracias a una ley del 2016 que ataca el fenómeno del "corporalato".

Pero el sindicalista lamenta que no se apliquen las medidas preventivas para luchar contra ese fenómeno.

La ley establece la creación de "una red de trabajo agrícola de calidad", con compromisos y controles por parte de los operadores, algo que no se aplica a nivel local.

Esas redes deberían, por ejemplo, organizar el transporte para que los trabajadores no dependan de los caporales.

"Pero hay mucha resistencia", reconoce Bilongo.

Los sindicatos Flai-CGIL, como Coldiretti, la principal organización agrícola, así como los mismos trabajadores, consideran que una de las causas de esa injusticia son las exigencias de la grande distribución.

"Son entre los responsables ya que imponen precios muy bajos", asegura Cleopazzo, que denunció la infiltración de la mafia en ese sector y la escasa acción de la justicia.

Según Coldiretti, la "agro-mafia", presente desde la producción hasta la distribución gracias al control del sistema de transporte, ha aumentado su volumen de negocios de un 12,4% en 2018, llegando a facturar 24.500 millones euros (27.110 dólares)

A nivel local se está comenzando a implementar otro modelo de desarrollo. Goel, un grupo de cooperativas de Calabria fundado en 2003, ayuda a los agricultores a vivir mejor con sus propios productos y a resistir a la mafia.

Lanzado en 2015 por las asociaciones Diritti a Sud, Solidaria y SfruttaZero (Cero Explotación), ahora se produce salsa de tomate sin productos químicos y los 20 trabajadores tienen un contrato regular, son pagados a tiempo y se les proporciona transporte gratuito, así como bocadillos y agua.

SfruttaZero vende, a través de sus propios circuitos, sus botellas de tomate a tres o cuatro euros, contra los 90 centavos en general con que se venden en los supermercados.

Y no tiene dificultades para venderlas, ya que los consumidores son cada vez más sensibles a los problemas éticos y ecológicos y prefieren pagar más a cambio de justicia social y respeto del medio ambiente, asegura Cleopazzo.

UGT lanza una campaña contra la explotación laboral ante el "relajamiento" de las autoridades

MADRID.- UGT desarrollará a partir de hoy una campaña contra la explotación en el trabajo ante el aumento de la economía sumergida y el "relajamiento" de los controles para detectar estas irregularidades.

"Como consecuencia de la crisis se ha producido cierto relajamiento para perseguir la explotación laboral", denunció el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en rueda de prensa para presentar la campaña de la central, al tiempo que cuestionó la medida 'estrella' de esta legislatura: "Resulta bastante incoherente defender un nuevo modelo productivo con la convivencia de la explotación laboral".

Así pues, Méndez pidió la colaboración de la Administración Central y las comunidades autónomas con el fin de "fortalecer" la persecución a esta "fuente de negocio ilegal". Por su parte, el director general de Inmigración, Markus González Beilfuss, valoró la iniciativa del sindicato y compartió la necesidad de "implicar" a todos los agentes sociales y económicos de la sociedad.

"La lucha contra la explotación es un problema social y no individual, por lo que requiere de medidas especiales y consensuadas", enfatizó.

Con todo, el sindicato liderado por Méndez considera que, tras las reformas del Código Penal y de la Ley de Extranjería, ahora es el momento "adecuado" para abordar y detectar con "eficacia" la explotación en el trabajo.

En concreto, el Código Penal, cuya reforma se encuentra aún en tramitación parlamentaria, tipifica por primera vez el delito de trata de seres humanos, entre otras causas, con la finalidad de explotar laboralmente a las víctimas, en tanto que la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España recoge la inclusión de documentar a las víctimas de la trata de seres humanos cuando son inmigrantes irregulares.