ALICANTE.- La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) ha solicitado su personación como acusación popular en las diligencias seguidas ante el Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de Instrucción nº 5, que instruye el conocido como 'caso Les Naus', en el que se investigan las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en este residencial de Playa de San Juan, construido sobre suelo que era municipal.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, la personación se produce «ante la gravedad de unos hechos que afectan de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública, especialmente cuando lo investigado se refiere a viviendas de protección pública y a posibles irregularidades en su adjudicación».
«La vivienda protegida debe servir para aplicar derechos sociales, no para generar presuntas redes clientelares en un entorno clientelar fuera de todo orden y control público. Y la Administración Pública debe estar al servicio de la ciudadanía, no de intereses particulares ni de redes de poder», sostiene el sindicato.
Para FETAP-CGT, «no estamos ante un asunto menor ni ante una controversia meramente administrativa: cuando hay dudas sobre el acceso a vivienda protegida, sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad».
FETAP-CGT subyara su voluntad de ser parte en esta causa porque «la defensa de los servicios públicos exige también defender la limpieza de las instituciones que los gestionan».
«La Administración no pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes ocupan temporalmente un cargo público. Pertenece a la ciudadanía y debe funcionar bajo principios de legalidad, igualdad, transparencia y responsabilidad», argumenta.
La Federación cuenta con afiliación en el Ayuntamiento de Alicante y representa a trabajadoras y trabajadores públicos «que sostienen diariamente la actividad municipal» y por ello considera que «el descrédito institucional provocado por hechos de esta naturaleza también afecta a la plantilla pública, que no puede quedar asociada a prácticas ajenas a los principios que deben regir la función pública».
En esta línea, recalca que se persona «para contribuir a que la investigación llegue hasta el final, para reclamar que se incorporen las diligencias necesarias y para evitar que un asunto de evidente relevancia pública quede reducido a responsabilidades difusas».
«La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, quién intervino, con qué criterios se actuó y si existieron responsabilidades administrativas, políticas o penales», señala el sindicato, que añade que su personación como acción popular «se ampara en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Además, recalca, «responde a los propios fines estatutarios de la organización, que incluyen la vigilancia de la legalidad en la Administración Pública, la defensa de la transparencia institucional y la posibilidad de intervenir en procedimientos penales cuando los hechos investigados puedan estar relacionados con corrupción, gestión pública negligente o afectación a derechos laborales, sindicales o colectivos».
FETAP-CGT se compromete a la «máxima colaboración institucional» con el juzgado en la investigación «en un caso que afecta a vivienda protegida, a la credibilidad del Ayuntamiento de Alicante y a la confianza de lo público».
En esta línea, asegura que trabajará en la causa y actuará «para que se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados tal y como ya se esta realizando en el caso de la sana o en el caso Montoro», donde ya ejerce como acusación popular.
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