Así lo ha trasladado el ministro Pablo Bustinduy en una visita este
miércoles a Sueca para conocer la labor de los trabajadores
agrícolas en los arrozales y su denuncia sobre la ausencia de controles
oficiales por parte del Consell sobre la calidad y etiquetado del arroz.
Ha estado acompañado por el secretario general de la Unió de
Llauradors, Carles Peris, y por el eurodiputado de Compromís, Vicent
Marzà.
Bustinduy ha recordado que su departamento ha reclamado de forma
reiterada a la Generalitat que designe a la autoridad competente y
acredite la realización de los controles oficiales sobre la calidad y el
etiquetado del arroz.
«No hemos recibido respuesta», ha asegurado, y ha
subrayado que la Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma
que no realiza el control oficial de la información alimentaria.
Ha exigido al Consell que deje de «mirar a otro lado» y asuma sus
competencias por «sentido común y justicia» tanto con los consumidores
como con los productores de arroz.
Además, ha garantizado que el
Ministerio hará «todo lo que esté en su mano» y actuará «por todos los
cauces administrativos y legales necesarios» para asegurarse de que el
gobierno de Juanfran Pérez Llorca acredita los controles necesarios.
Una competencia, ha recalcado, «absolutamente esencial para
garantizar el derecho a una información suficiente, clara y precisa para
los consumidores.
Por último, Bustinduy ha remarcado que realiza esta
petición »con total normalidad y con espíritu de cooperación
institucional«, con el objetivo de que la Generalitat »subsane esa
anomalía".
Por parte de La Unió, Peris ha reclamado transparencia en los envases
de arroz para que aparezca claramente el origen, «no como hasta ahora
que solo aparece el lugar de envasado», algo que «es clave para el
productor pero también para el consumidor, que sin ninguna duda queda
totalmente desprotegido».
Según ha denunciado, las grandes empresas comercializadoras utilizan
«una simbología, de proximidad, de identidad valenciana, como una
fallera, una barraca valenciana o L'Albufera» y, sin embargo, no
clarifican en el envase el lugar de origen.
«Y puede ser perfectamente
un arroz procedente de Mercosur de Argentina o de Vietnam», ha
advertido, lo que supone «engañar al consumidor».
Ante esta situación, el representante agrario ha urgido a la
Generalitat a «corregir esa mala praxis» en el control del etiquetado,
algo que La Unió lleva «reiteradamente insistiendo en escritos y en
protestas continuas».
En clave europea, el eurodiputado de Compromís ha explicado que
trasladó las quejas de La Unió Llauradora ante la dirección general de
la Comisión Europea competente en materia de etiquetado, que contestó
que «esto es una clara vulneración del reglamento europeo» y que «por
tanto, las autoridades competentes han de actuar».
«Queda claro quién no
está actuando», ha señalado sobre el Consell.
Marzà ha garantizado que seguirá defendiendo a los productores
valencianos desde Bruselas para que «puedan vivir de lo que trabajan y
que los precios sean justos».
«No se puede permitir engañar a la
ciudadanía», ha reivindicado.
En 2025, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán,
envió una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la
Generalitat para reiterarle que «corresponde a las autoridades
administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad
autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores
derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan,
aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios».
Además,
advirtió que «el incumplimiento por parte de los operadores económicos
de esta normativa está tipificado como infracción en materia de
consumidores y usuarios».
La reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la
Generalitat «sigue sin resolverlo». Los informes de 2023 y 2024 del Plan
Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen
la información proporcionada por los servicios de inspección de las
direcciones generales con competencias en consumo de todas las
comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana.
Tampoco se
han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año
2025 por parte de este territorio, apuntan desde Consumo.
La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado al Ministerio la denuncia
presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz. Desde la
organización aseguran que hay superficies que exhiben productos en
estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin
que el etiquetado indique el origen real de esos productos.
Esto, denuncian desde La Unió, podría inducir a error al consumidor
--que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de serlo-- y
agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de
símbolos de la Comunitat en arroz importado.
