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viernes, 6 de junio de 2014

La banca deberá identificar la nacionalidad o residencia de sus clientes con cuentas financieras

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a las instituciones financiera a suministrar información sobre cuentas financieras e identificar la residencia o la nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas.

La información a suministrar comprenderá la identificación completa de las cuentas, el nombre y apellidos o razón social y, en su caso, el número de identificación fiscal o análogo.
   El Gobierno ha explicado que esta nueva obligación de información se hace necesaria precisamente para adaptar la normativa española sobre asistencia mutua a los proyectos, actualmente en desarrollo, de intercambio de información automático y estandarizado, con el fin de prevenir y luchar contra el fraude fiscal.
Por otra parte, el real decreto introduce determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen anual (modelo 390), regulada en el Reglamento del IVA, que supondrá la reducción de costes indirectos para más de un millón de contribuyentes potenciales.
   Concretamente, el real decreto exonera de la obligación de presentar la citada declaración-resumen a determinados sujetos pasivos, teniendo en cuenta la información que ya vienen obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. La exoneración beneficiará a los obligados respecto de los que la Administración ya posea información suficiente.
   Aunque la concreción se desarrollará vía orden ministerial, afecta, fundamentalmente, a arrendadores personas físicas (un censo potencial de seiscientos mil contribuyentes, que desde este mes de enero están obligados a la presentación telemática) y a contribuyentes en régimen simplificado de estimación objetiva (censo potencial de 490.000 contribuyentes) del IVA.
   Por otra parte, la nueva norma introduce mejoras en el sistema de notificaciones electrónicas. El Real Decreto 1/2010 ya introdujo la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria, siempre que dicho medio se haya consentido por el interesado. Como complemento a esta posibilidad, a partir de ahora se podrán realizar notificaciones en la sede electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado.
   Ello permitirá que obligados tributarios con el denominado PIN24 puedan acceder de forma voluntaria a la sede electrónica de la Agencia Tributaria para conocer el contenido de las notificaciones de carácter tributario que pudieran tener pendientes, con los mismos efectos que cualquier otra notificación de carácter tributario.

jueves, 6 de mayo de 2010

Conde-Pumpido confirma las investigaciones sobre 'Gürtel' en Suiza y el Caribe

GRANADA.- El fiscal general del Estado, Plácido Conde-Pumpido, ha dicho hoy en cuanto al blanqueo de capitales que, aunque España es uno de los países europeos que está luchando de manera "más dura y eficiente" contra esta delincuencia, la zona del Mediterráneo, con mucho "potencial de riqueza", atrae este tipo de criminalidad y se han detectado secciones de mafia procedente de países de Europa del Este, la más "peligrosa", y del sur de Italia.

"A veces el blanqueo de capitales parece al ciudadano algo alejado, pero se trata de un oscurecimiento de bienes que proceden de actividades ilícitas, que a veces alcanzan hasta la farándula", señaló Conde-Pumpido, quien recordó que precisamente en la Costa del Sol hay puestos en marcha tres "macroprocesos" relacionados con el blanqueo, como es el caso 'Minutas', 'Ballena Blanca' y 'Malaya'.

A su entender, el dinero que se intenta blanquear procede fundamentalmente del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de seres humanos o de armas, y "obviamente" de la corrupción. Para detectar este tipo de operaciones financieras fraudulentas, la Fiscalía se encuentra con el problema de que "las fronteras han desaparecido para los delincuentes" pero no para nuestros sistemas jurídicos, que "todavía son contemplados desde una perspectiva estrictamente nacional".

"Hoy día los traspasos de fondos a través de sistemas sofisticados de carácter financiero o a través de los medios informáticos se producen con una enorme facilidad, y los criminales cada vez se organizan mejor", incidió Conde-Pumpido, que aseguró que el Estado también responde a esta criminalidad "con instrumentos cada vez más efectivos".

Así, recordó la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo, que introduce un fichero de titularidades financieras para que el Ministerio Público o las autoridades judiciales pueda saber del cualquier desvío de fondos que se produzca, y que permitirá "no tener que dirigirse una a una a las instituciones financieras para localizar las transferencias de fondos originarios de blanqueo, sino en un lugar centralizado, para que los servicios de inteligencia financiera pueda luchar contra eso".

De igual forma, la reforma del Código Penal también "introduce instrumentos más efectivos", y también órganos como Eurojust permiten perseguir con eficacia este tipo de delincuencia.

En lo que respecta a los paraísos fiscales, Conde-Pumpido indicó que después de los atentados del 11-S en Nueva York todos los países del mundo están haciendo un "esfuerzo importante" para hacerlos "desaparecer" y ya los servicios de inteligencia financiera "llegan a cualquier lugar".

El fiscal general hizo en ese sentido referencia al caso 'Gürtel', en el que se están llevando a cabo investigaciones en Suiza y paraísos fiscales en el Caribe.

El secretario de Estado para la Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, manifestó por su parte que el Gobierno "no descansa en la lucha contra estas bolsas de impunidad", y, aunque cada vez los instrumentos que utilizan las organizaciones criminales sean más "sofisticados", el Estado cuenta con los suficientes mecanismos "para defenderse".

"La idea de que los delitos de cuello blanco no afectan al ciudadano está ya completamente superada", mantuvo.

Para Campo Moreno, la "preocupación" del Estado le ha llevado a poner en marcha la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y la "importante" reforma del Código Penal, que "afina" los delitos y que establece una "importante respuesta" a la corrupción, una "lacra que nos invade", para que ésta "no campe por sus fueros y se pasee".

jueves, 8 de abril de 2010

El Senado aprueba el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó anoche por unanimidad el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que queda pendiente de aprobación definitiva por parte del Congreso.

La portavoz del PSOE en la comisión, Yolanda Vicente, destacó que la Ley "no puede ser más oportuna" y que incide directamente en el establecimiento de obligaciones cuando existen actividades delictivas contra la Hacienda Pública y delitos de terrorismo tipificados en el código penal.

Además, la futura Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, en aras a evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o para la financiación de terrorismo.

Vicente mostró su sorpresa ante el giro de la postura del PP, que se abstuvo en la votación anterior realizada en el Congreso y, sin embargo, aprobó el texto en la Cámara Alta.

Entre otras medidas, la Ley reforzará el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.

miércoles, 24 de marzo de 2010

El Congreso aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales con la abstención del PP

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó anoche con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

Fuentes socialistas confirmaron que la norma continuará su tramitación en el Senado por el procedimiento de urgencia, de manera que la previsión es que entre en vigor antes del 30 de abril, tras aceptar enmiendas de todos los grupos de la oposición.

El proyecto legislativo incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterios para su aplicación. Así, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como son las entidades financieras y a profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).

martes, 22 de septiembre de 2009

El Consejo Fiscal español aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo Fiscal ha considerado favorable el contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

"El conjunto del anteproyecto, con las observaciones reseñadas, es valorado favorablemente", conclye el informe sobre el reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otras observaciones, el Consejo Fiscal se muestra a favor de las obligaciones de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Los sujetos y las empresas estarán obligadas a declarar determinados movimientos por importe igual o superior a los 100.000 euros. La nueva Ley faculta a los funcionarios aduaneros y policiales para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y medios de transporte.

El Consejo Fiscal se pronuncia a favor de que los abogados queden excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley deja sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros, sin determinar si éstos y su tratamiento son cuestiones que deben ser reguladas por Ley Orgánica, según establece también el artículo 31 la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, advierte el informe.

En sus disposiciones generales, el informe destaca que el delito de blanqueo de capitales, que antes estaba limitado al procedente de cualquier actividad delictiva que comporte un delito castigado con penas superiores a los tres años de prisión, se ampliará a las operaciones sospechosas relativas a delitos con pena inferior a ley la preventiva.

Por último, el consejo fiscal valora positivamente permitir a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal acceder a los datos del Fichero de Titulaciones Financieras durante las investigaciones contra delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo Fiscal para la emisión del informe. Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco Central Europeo.

viernes, 15 de mayo de 2009

Economía multa a Cajasur por infringir la ley contra el blanqueo

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ve responsable a la caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.

El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.

Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.