Fuentes cercanas al anterior consejo de administración, ya cesado, explicaron que esta decisión incluye la sanción a una veintena de ex consejeros, pero se excluye a Ángel Nicolás, presidente de la Federación Empresarial Toledana, que actuó en el último consejo como vicepresidente, en sustitución de Jesús Bárcenas, que había dimitido poco antes de la intervención.
También se excluye a Francisco Galán y Emilio Lorente, que tan sólo participaron en la celebración del último consejo de administración de la entidad, sustituyendo a los 'populares' Rosa Romero y Emilio Sanz, que abandonaron el cargo a instancias del PP.
La razón que alega el Banco de España para presentar dicho expediente sancionador, que aún no se ha notificado de forma oficial a todos los ex consejeros afectados, ha sido la "deficiente gestión" que los responsables de la entidad llevaron a cabo, quienes no impusieron las medidas necesarias para evitar deficiencias.
Se trata de un expediente de carácter administrativo, según uno de los ex consejeros, que explicó que es una especie de continuación a la decisión que en su día tomó el Banco de España para sustituir a los miembros del consejo de administración.
En ese momento el Banco de España justificó su decisión con que no se habían tomado los medios necesarios, explica, y en esta ocasión, "nos achaca más cosas y de forma más detallada", como por ejemplo dotaciones específicas, a las que los interventores, según indica, han llegado a la conclusión después de llevar a cabo un proceso de estudio sobre la gestión de la entidad.
Cuando concluya este proceso, subrayó este ex consejero, los interventores trasmitirán, "según entiendo", a los ex consejeros una primera valoración de forma individual, así como si se derivarán responsabilidades o no de esta gestión.
Se da la circunstancia de que ayer, los quince miembros del consejo cesados el 30 de marzo, presentaron conjuntamente recurso de alzada contra su destitución, por considerar que su actuación no fue negligente.
Los responsables de Caja Castilla-La Mancha (CCM) que formaban parte del consejo de administración de la entidad o de su equipo gestor cuando fue intervenida por el Banco de España podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros por cabeza y a la inhabilitación por hasta diez años en el sector financiero.
Así figura en el artículo 12 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que contempla una serie de sanciones a los responsables de cometer infracciones muy graves, con independencia de la sanción que corresponda imponer a la entidad de crédito infractora.
Entre las infracciones calificadas como 'muy graves' por la ley figura el carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad, así como incumplir el deber de veracidad informativa a los socios, depositantes, prestamistas y al público en general.
Además de estas situaciones, que podrían corresponder con los sucesos que provocaron la intervención de CCM por parte del instituto emisor español el pasado 28 de marzo, se considera "muy grave" contar con una cobertura sobre recursos propios insuficiente.
La norma establece que serán responsables de estas infracciones aquellos que ejerzan cargos de administración o dirección cuando se puedan imputar a una conducta "dolosa o negligente", si bien matiza que para determinar la sanción aplicable se tomará en consideración el grado de responsabilidad del individuo en los hechos.
La CCM comunicó a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros en 2008, un 87% menos respecto al año anterior, lo que contrasta con los ajustes de patrimonio necesarios detectados por el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El avance de los resultados de 2008 hechos públicos ayer desvelaron pérdidas en la entidad de hasta 740 millones de euros.
El Banco de España intervino CCM por la "deficiente" gobernanza de la entidad del equipo directivo, que llegó a "socavar de forma muy grave la solvencia y viabilidad" de la caja de ahorros que hasta ahora presidía Juan Pedro Hernández Moltó.
Así figura en el documento de la comisión ejecutiva del Banco de España en su sesión del pasado 28 de marzo, cuando el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió hacerse con la gestión de la entidad, la primera intervención desde que estalló la crisis financiera.
El texto resalta que el equipo directivo de CCM sobrevaloró el ciclo expansivo y asumió una exposición excesiva al sector inmobiliario, tanto a través de la financiación directa como de participaciones en empresas del sector, sin ser capaz de reaccionar cuando el deterioro de la situación se hizo manifiesto.
