VALENCIA.- La inmigración en España es «esencial» para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones, pero requiere que vaya acompañado de «un aumento paralelo de los servicios públicos necesarios para que se produzca una buena inclusión y no se produzcan rechazo».
Así, lo ha señalado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antonio Costas, en la presentación en Valencia del 'Informe sobre al realidad migratoria en España' que se ha celebrado en la sede de la CEV con la asistencia del presidente de los empresarios valencianos, Vicente Lafuente, y de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. El estudio se ha elaboración a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Al respecto, Costas ha explicado que la migración en nuestro país es «singular» y «no tiene comparación» porque si en Europa llevan gestionando este proceso seis o siete décadas, en España se ha pasado de ser «un país de emigrantes a principios de siglo a ser el cuarto país del mundo en migración, se ha pasado prácticamente de cero inmigrantes a casi diez millones de inmigrantes en dos décadas y media».
El informe confirma que la población migrante representa ya una quinta parte de la población residente en España y resulta «esencial» para el crecimiento. De hecho, apunta que España necesitará 2,4 millones de trabajadores en la próxima década y la mayoría serán migrantes.
En 2025 la mayor parte de la población inmigrante vive en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía y desde el punto de vista de la distribución provincial, los datos revelan la consolidación de la zona del Mediterráneo como el territorio de mayor densidad de población extranjera.
Además, el estudio constata el distinto ritmo de crecimiento de la población de origen extranjero en las diferentes regiones, que pone de manifiesto, por un lado, una posible saturación en territorios donde venían concentrándose altas proporciones de personas de origen foráneo y por otro, una mayor dispersión hacia regiones «tradicionalmente» menos atractivas.
Así, algunas comunidades, como la valenciana, muestran «un gran dinamismo», con un crecimiento de la población extranjera del 29% en solo tres años, añadiendo 270.000 nuevos residentes. Este crecimiento supera «significativamente» la media nacional y posiciona a Valencia como el territorio con mayor atracción migratoria reciente.
La provincia de Valencia concentra 582.000 extranjeros (21%), mientras que Alicante alcanza los 597.000 (29%), configurando un eje demográfico de alta intensidad migratoria.
Costas ha explicado que uno de los efectos positivos es que la inmigración entra en los sectores «más intensivos» en trabajo, como servicios domésticos, hostelería o construcción, lo que genera «un desplazamiento de la población autóctona hacia actividades empleos de mayor productividad y mayores salarios» y a los cinco años «muchos inmigrantes que entran por la parte baja del mercado laboral» también participan de esta mejora.
Por ello, ha reivindicado la necesidad de crear una sociedad informada, que el objetivo que persigue este informe, que sea capaz de distinguir lo que «son beneficios y costes de políticas pragmáticas de lo que son políticas populistas».
Así, ha apuntado que la inmigración es un proceso «intenso y muy denso», que aunque está «siendo gestionado razonablemente» aún requiere «avanzar mucho en las situaciones de irregularidad administrativa», que es «el verdadero problema» tanto para las propias personas inmigrantes que sufren esa situación como para la economía española porque «no permite incorporar a esas personas».
Al respecto, ha apuntado los tres retos que debe afrontar la Administración para avanzar hacia esa integración y aprovechar los efectos positivos: una gestión «controlada, segura y eficaz» de las entradas y de las estancias , así como una regularización «más acelerada y más intensa» porque hay unas 800.000 personas en situación de irregularidad administrativa y, por tanto, «no pueden acceder prácticamente ni al empleo ni a casi ningún servicio» y la existencia de un mercado «alegal» de citas previa que «dificulta mucho el proceso de la regularización».
Por último, reclama «un aumento de la capacidad y de los recursos de los servicios sociales, especialmente en aquellos lugares donde se ha producido una concentración y, en algunos casos, saturación de inmigración».
Por su parte, la doctora en Economía de la Universitat Jaume I (UJI) Maite Alguacil Marí, que forma parte del consejo científico asesor del Gobierno en materia de migración, ha recalcado que la inmigración es «un fenómeno absolutamente estructural: Están aquí y han venido a quedarse y, además, los necesitamos, dada nuestra estructura demográfica y nuestro tejido productivo».
En el caso de la Comunitat Valenciana se han establecido en sectores estratégicos para la economía valenciana como la hostelería, la agricultura, o los cuidados, pero son sectores con «una alta temporalidad que dan lugar a una alta vulnerabilidad».
Así, ha coincidido en que el reto es «la cohesión social, que no es solo una buena vecindad, sino garantizar las condiciones de vida» y ha advertido de que la Comunitat , según los recientes informes de Save the Children, o la tasa AROPE, presenta tasas de pobreza «por encima de la media y que esta situación se agrava en los inmigrantes».
Por su parte, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha coincidido en que la inmigración es «un elemento que bien gestionado va a aportar crecimiento y bienestar», y ha resaltado que resulta «clave» para la economía valenciana, pero ha advertido de que «mal gestionado puede generar tensiones sociales y desperdiciar mucho talento».
Por ello, ve «necesario» avanzar hacia un modelo de políticas públicas migratorias que sea «estratégico basado en evidencias y con objetivos claros de integración y de cohesión social» y ha reclamado un Pacto de Estado.
Del mismo modo, la vicepresidenta, Susana Camarero, ha apuntado que la política migratoria «exige hoy más que nunca rigor, responsabilidad y visión de Estado, ya no sirve la improvisación».
Así, ha recalcado que la inmigración «no es una opción ideológica es una realidad que convive con nosotros» que «bien gestionada contribuye al crecimiento, pero que sin un marco regulatorio, claro, previsible y eficaz los efectos positivos se diluyen y aparecen disfunciones».
Por ello, ha apostado por «una inmigración regular, ordenada y vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral» y ha advertido de «los cuellos de botella administrativos» que genera el Gobierno que «están lastrando el acceso al trabajo» en la Comunitat: los permisos de trabajo y la homologación de títulos.
