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miércoles, 18 de julio de 2018

Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis

MADRID.- Las cajas de aho­rros han sido las tristes pro­ta­go­nistas de la crisis y la re­es­truc­tu­ra­ción de la banca en España. Prueba de ello es que su nú­mero de ofi­cinas se ha se ha re­du­cido en un 51% desde los má­ximos que sus redes al­can­zaron en 2008, un re­corte su­pe­rior al de los bancos ya que mu­chas cajas exis­tentes en­tonces han des­apa­re­cido en dis­tintas in­te­gra­cio­nes. No obs­tante, su com­pro­miso te­rri­to­rial se de­muestra con un 32% de las su­cur­sales en po­bla­ciones con menos de 10.000 ha­bi­tan­tes, con CaixaBank a la ca­beza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco. 

Un total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de 25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.

Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000 habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un 31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas, está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes. Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su red con 1.147 sucursales.

Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867 empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.

domingo, 15 de septiembre de 2013

La cronología de los ERE en las cajas: de las jugosas prejubilaciones a los despidos con 20 días por año

MADRID.- Con la negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa, se completa la segunda ronda de despidos acometida por las entidades en manos del Estado -Bankia, Novagalicia y la catalana-, si bien las condiciones ofrecidas a los afectados varían mucho entre el primer proceso y este último. De generosas prejubilaciones e indemnizaciones de 45 días por año, a la amenaza de aplicar a rajatabla la reforma laboral (20 días por año y 12 mensualidades) que ha puesto sobre la mesa el banco que preside José Carlos Pla.

Sólo entre estas tres entidades se acometerá, una vez que el proceso llegue a su fin, un recorte de más de 16.000 empleados. El mayor ajuste ha sido el realizado por Bankia, un total de 8.200 empleados que suponen casi un 35% de la plantilla que acumularon las siete cajas de ahorros en el momento de su fusión.

A principios de febrero, la entidad acordó con los sindicatos un recorte de 4.500 empleados. Las medidas de salida se concretaron en diversas modalidades de bajas incentivadas que se segmentan en función de la voluntariedad, edades y la evolución del plan de recolocación. No obstante, la media se situó en 30 días por año trabajado, con el límite de 20 mensualidades.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, a unas condiciones sensiblemente mejores. Así, los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.

También en febrero, Novagalicia acordó un ERE para 1.850 empleados de los cuales un máximo de 455 pueden acogerse a prejubilaciones cobrando el 80% de su sueldo. El resto del recorte de la plantilla se acometerá a través de bajas incentivadas, con unas indemnizaciones de 30 días por año, con un máximo de 22 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. En ningún caso la indemnización podrá superar los 250.000 euros.

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova provocó un primer ERE para 1.200 empleados, que se llevó a cabo principalmente a través de prejubilaciones de mayores de 55 años que recibieron un 85% del sueldo. En julio de 2011 anunció un nuevo ERE para 350 empleados, a los que se sumaron luego otros 700. En estos casos las indemnizaciones fueron las más generosas hasta el momento, de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En total, los casi 8.000 empleados con los que contaban las cajas gallegas se han reducido a la mitad.

El último ajuste pendiente es el de CatalunyaCaixa, en la que la dirección ha planteado como propuesta 2.453 despidos con el mínimo legal permitido, es decir, 20 días por año y 12 mensualidades.

La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas. El recorte total podría alcanzar a más de 4.000 empleados, de los alrededor de 8.500 que había en la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa son las tres entidades actualmente en manos del Estado, y también las que más ayudas públicas han recibido. En total, Bankia ha recibido 22.424 millones, por los 12.052 de la catalana y los 9.052 de la gallega.

martes, 21 de mayo de 2013

Compromís aportará documentos a la Fiscalía para denunciar la "politización y manipulación" de las cajas de ahorro

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha anunciado este martes que su formación aportará documentación a la Fiscalía para  denunciar la "politización y manipulación" de las cajas de ahorro por parte de los "partidos mayoritarios". 

   Morera, en un comunicado, ha asegurado que ha tenido acceso a cartas "muy comprometedoras, enviadas por la dirección del PP a concejales" que van a poner en conocimiento de la justicia. Así, cita una misiva que, en abril de 2001, el ahora presidente del Senado, Pío García-Escudero, "envió por error a un concejal de una localidad del interior de Alicante".
   En la carta, facilitada por la coalición, el responsable de organización de los 'populares' se dirige al alcalde o portavoz municipal: "Te pido que te asegures de la afinidad del compromisario para que vote nuestra opción 'Participación Popular' --en Caja Madrid-- y lo comuniques a tu Gerente Provincial con las claves 'Sí', 'No, 'No sabe/No contesta'".
   "Si consideras que es de nuestra opción, le puedes indicar que puede venir a votar a Madrid" y "recibirá su dieta correspondiente y los gastos que le origine el viaje, pues esta persona ya ha firmado la aceptación y la ha entregado en la propia Caja Madrid".
 "Te ruego te tome con la máxima diligencia, dada la importancia que tiene para todos este tema". 
"En nombre del PP de Madrid te doy las gracias por anticipado".
   En opinión del síndic de Compromís, estas comunicaciones "revelan algo muy grave" y ha afirmado que desde el PP, "han repetido hasta la saciedad que las cajas de ahorro no estaban politizadas, lo que se demuestra que no es cierto y que estaban totalmente controladas por los partidos mayoritarios".
   En el caso de Caja Madrid, "investigando un poco, se sabe que el 25 por ciento de los consejeros los elegían las corporaciones municipales, es decir, políticos", ha señalado Morera, quien ha apuntado que el 10% era elegido por la Asamblea de Madrid y un 28% era de los impostores, que quedaban agrupados entre 'Participación Popular', controlada por el PP y 'Propuesta Socialista', vinculada al PSOE, ha dicho.
   "Lo mismo que ha pasado en Caja Madrid ha pasado en el resto de cajas de ahorro que hemos perdido por culpa de la incompetencia de decisiones políticas y partidistas, que no técnicas", ha lamentado.
   El portavoz de Compromís ha apuntado que con estos datos, "además de demostrar la excesiva politización de las cajas, también se demuestra que estas entidades se han usado por parte de los grandes partidos como lugares para colocar a sus altos dirigentes o como moneda de cambio".
   Por ese motivo, van a reclamar a la justicia "que investigue, que delimite si existen hechos delictivos y que se ponga a disposición judicial a todo aquel que haya participado en estas operaciones".
   En este sentido, y "vista la documentación, más otros hechos que han sido publicados recientemente", considera que Pío García-Escudero "tiene que dimitir ya que ha participado en acciones muy poco transparentes y democráticas, y no puede estar al frente de altas instituciones del Estado".

domingo, 10 de marzo de 2013

Las cajas de ahorros han perdido casi 25.000 empleos desde el inicio de la crisis

MADRID.- El número de empleados de las cajas de ahorros se ha reducido en 24.317 trabajadores (-19,6%) desde el tercer trimestre de 2008, con lo que a 31 de diciembre de 2012 el número total de trabajadores se situaba en 99.737 personas, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

   Esta reducción también ha sido patente en el número de oficinas, que se ha visto rebajado en 4.743 sucursales, lo que supone un recorte del 20,5% hasta las 18.414.
   A comienzos de 2010, en España había un total de 45 cajas de ahorros, de las que 43 han participado o se encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9% del sector.
   En la actualidad existen un total de 14 entidades o grupos de entidades con un volumen medio de activos de 84.967 millones a septiembre de 2012, frente a las 45 entidades que existían en diciembre de 2009 con un volumen medio de activos de 84.967 millones de euros.

miércoles, 9 de enero de 2013

La Fiscalía pide al Banco de España datos del informe de los inspectores

TOLEDO.-   La Fiscalía General del Estado pedirá información al Banco de España sobre el informe de la Asociación de Inspectores que concluyó que en el trabajo de la inspección del Banco aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que pudieran ser delictivas para "constatar si hay delito".

   Así lo ha indicado a preguntas de los medios en Toledo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que se ha referido al informe de los Inspectores que según publicó el diario 'El País' indicaba que "la forma habitual de reacción ante los indicios de delito era mirar para otro lado".
   Torres-Dulce ha aseverado que si de los informes del Banco de España se dedujera una actividad delictiva, "se actuaría en consecuencia"; aunque ha recalcado que las prácticas que reflejan los inspectores pueden ser solo "conductas reprobables pero sin incidencia en el Código Penal".

   Hasta ahora, ha dicho, "no ha llegado ningún dato que permita corroborar" que hay indicio de delito, pero "se pedirá la información al Banco de España para corroborar la información periodística" aparecida en El País "porque afecta de forma grave a las instituciones".
   "Si ha existido un delito, me preocupa tener los elementos suficientes para perseguirlo, hay que saber si alguien ha vulnerado la legalidad con trascendencia penal y por eso solicitaremos estos informes", ha concluido.

domingo, 14 de octubre de 2012

Las cajas piden que el BE pueda autorizarlas a mantener el control de sus bancos

MADRID.- Las cajas de ahorros han solicitado al Gobierno que sea el Banco de España el que tenga la última palabra para decidir sobre si una participación mayoritaria en los bancos a los que traspasaron sus negocios puede afectar a la viabilidad de la entidad, de modo que pueda suprimir esta restricción si lo considera oportuno, según han informado fuentes financieras.

   Esta sería la alternativa que manejan las cajas, que conllevaría una modificación de la Ley de Cajas (Lorca), en respuesta a la regulación del Memorándum de Entendimiento (MoU) pactado por el Gobierno con Bruselas como condición para desembolsar la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca.
   De acuerdo con el MoU, las cajas deben rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control. La Caixa, por ejemplo, posee algo más del 60% de Caixabank, por lo que esta normativa le obligaría a deshacer posiciones de control. Las tres cajas vascas también cuentan con participaciones en Kutxabank.  
   Las cajas fundamentan su propuesta, recogida en un documento remitido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) al Gobierno, bajo premisas económicas, de gobierno corporativo y jurídicas.
   "Se ha ofrecido como alternativa que se haga una modificación de la Lorca, de forma que sea el Banco de España el que diga si el que una caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su gobierno corporativo o su viabilidad", explicaron las fuentes consultadas.
   Las mismas fuentes precisaron que si el organismo liderado por Luis María Linde considerara que una posición de control de alguna caja no afecta a la estabilidad del banco, "no debería haber ninguna limitación".
   Esta petición de las cajas de que sea el Banco de España quien decida sobre su participación en los bancos a los que dieron origen en un contexto de recapitalización del sector financiero se habría acogido con cierta "receptividad" por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, según las fuentes consultadas.
   La condición suscrita en el MoU recogía una de las recomendaciones del FMI para desatar los vínculos entre las antiguas cajas y los bancos, después de décadas en las que los poderes públicos controlaron estas entidades y empujaron al sector de las cajas a empacharse de ladrillo.
   Si finalmente las cajas se ven obligadas a rebajar su posición de control en los bancos a los que traspasaron sus negocios, se produciría una nueva vuelta de tuerca en el sector, pues podría llevar aparejada su conversión en fundaciones. La pérdida de control se distribuiría durante varios años.
   El MoU establece que el Gobierno debería tener preparada una norma para el próximo mes de noviembre que permita "aclarar" la función de las cajas en su calidad de accionistas de bancos. Y explica que "en último término" se debería reducir su participación hasta una cota "no mayoritaria".

domingo, 30 de septiembre de 2012

Las cajas sufrieron la pérdida de 24.000 millones en depósitos en julio

MADRID.- El deterioro que están sufriendo algunas cajas de ahorros en su actividad ha pasado factura también a los depósitos de clientes, que se vieron mermados en solo un mes, julio, en 24.069 millones de euros.

Para el conjunto del sector, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), esta cifra supone el 3,73 % del total de los depósitos, que asciende a 621.609 millones.
El pasado viernes, coincidiendo con la publicación del informe de Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de la banca española, la propia CECA informaba de que los bancos dependientes de cajas de ahorros cerraron el primer semestre con unas pérdidas de 5.944 millones de euros, cuando un año antes ganaron 2.100 millones.
Tanto estas cifras de pérdidas como la de caída en los depósitos están influidos por los datos de Bankia, el gigante financiero en crisis ahora en manos del Estado, y que necesita ser recapitalizado, según Oliver Wyman, con 24.743 millones.
Según los datos de la CECA, casi la mitad de la caída de depósitos total, unos 12.000 millones de euros, correspondería a Bankia, aunque la entidad ha explicado que de esta cifra solo unos 4.500 millones correspondería a retirada efectiva de depósitos de clientes.
Pese a esta caída, insisten, la cuota de mercado en depósitos de Bankia se ha visto mermada solo en seis centésimas.
Hasta junio, la entidad que preside Jose Ignacio Goirigolzarri sufrió unas pérdidas en su cuenta de resultados de 4.447 millones de euros.
La CECA explica también que la crisis económica que atraviesan familias y empresas ha perjudicado el resultado de las cajas en los seis primeros meses del año, y recuerda que desde que se puso en marcha el proceso de reestructuración del sector se han realizado provisiones por un importe de 8.000 millones de euros.
A continuación se acompaña una tabla con el nombre de la entidad, el importe de los depósitos de la clientela expresados en millones de euros en junio y julio, la diferencia en millones de euros entre estos meses y su expresión en porcentaje, negativo, excepto cuando se indica lo contrario.

ENTIDAD/ JUNIO /JULIO/ DIFERENCIA/ %
 -------------------------------------------------------------
Banco CCM 14.403 14.232 171 1,2
BBK BANK 10.755 10.572 183 1,7
BMN 48.659 / 47.986 / 673 / 1,4
B.F.A. 1.540 1.575 +35 +2,2
BANCA CÍVICA 45.111 44.184 927 2
C.E.C.A. 2.472 2.239 233 10,3
CATALUNYA BANC 43.282 44.761 + 1.479 +3,3
BANKIA 137.095 124.989 12.106 9,7
ONTINYENT 791 775 16 2,1
LIBERBANK 23.820 23.161 659 2,9
POLLENSA 303 310 + 7 +2,1
NCG BANCO 40.702 41.176 + 474 +1,1
IBERCAJA BANCO 29.803 28.867 936 3,2
BANCO GRUPO CAJA3 15.308 14.785 523 3,5
KUTXABANK 39.056 38.463 593 1,5
CAIXABANK 140.447 131.982 8.465 6,4
UNICAJA BANCO 26.057 25.762 295 1,1
BANCO CEISS 26.074 25.790 284 1,1

sábado, 25 de agosto de 2012

Las cajas de ahorro preparan una nueva oleada de despidos masivos para el otoño

MADRID.- Los empleados de las cajas de ahorro se enfrentan a un otoño caliente, con una nueva ronda de despidos que en algunos medios digitales cifran en más de 5.000 personas. La fecha clave para el pistoletazo de salida se producirá tras la primera quincena de septiembre, cuando las auditorías independientes detallen qué entidades recibirán ayudas del rescate europeo, según http://www.elboletin.com.

Según los cálculos de los sindicatos, desde que se inició la crisis más de 30.000 trabajadores de los bancos y cajas han perdido su empleo, un 11,1% de las plantillas que existían en 2008. La nueva ronda de ayudas del rescate de 100.000 millones de euros llevará aparejadas nuevas condiciones de reestructuración por parte de Bruselas. En otras palabras, más despidos y cierres de sucursales.

Una entidad que podría tener que recibir ayudas es BMN. La entidad, de la que el ministro de Economía, Luis De Guindos, fue consejero antes de asumir su cartera, quedó fuera de la nueva ronda de fusiones y tiene difícil poder realizar los saneamientos del ladrillo a cargo de sus resultados. El grupo surgido de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, necesita algo más de 1.000 millones de euros para realizar las provisiones exigidas por los dos reales decretos aprobados por el Gobierno este año.

Por lo pronto, BMN ha iniciado en la segunda quincena de agosto el ‘Segundo Plan de Adecuación Laboral’, que estará ejecutado previsiblemente para principios de octubre. 389 trabajadores han presentado solicitudes para adherirse a esta nueva reestructuración de la plantilla, de los que 353 han pedido bajas voluntarias, 25 suspensiones y 11 excedencias.

Las entidades en procesos de fusión también deberán recortar sus plantillas al regreso del verano si finalmente reciben parte del rescate. Es el caso del proceso de Unicaja y Caja España Duero. Los rumores apuntan a que 1.800 empleados podrían abandonar la entidad. En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores.

Más complicado es el caso de la fusión a tres bandas entre Ibercaja, Liberbank y Caja3, ya que, según han publicado algunos medios digitales, si el proceso finalmente requiriese ayudas públicas, Ibercaja podría plantearse romper el acuerdo o, como poco, reformular el reparto de poder.

Se da el hecho de que Liberbank surgió precisamente de una fusión rota, cuando Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, las tres entidades que la conforman, rompieron su acuerdo con la CAM hace aproximadamente un año. Su unión ya provocó un ajuste que afectó a 1.227 empleados, un 17% de su plantilla.

Casos aparte son los de las tres entidades nacionalizadas, Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, que aglutinarán la mayor parte de las ayudas públicas, y cuyo futuro está incluso en el aire al abrirse la puerta a que el FROB liquide entidades.

Bankia, formada por Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Avila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana, ya aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.700 trabajadores, el 16% de la fuerza laboral, tras su fusión.

Mientras, Novagalicia ha eliminado un total de 1.904 empleos para cumplir con las exigencias de su plan de reestructuración, a los que se sumarán 700 puestos de trabajo más hasta el 2013, según el expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor, que contempla además otras 1.400 suspensiones de contratos. CatalunyaCaixa eliminó 1.300 puestos de trabajo con la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa. Otra incógnita es qué ocurrirá con Banco de Valencia, que cuenta con 2.000 empleados.

domingo, 29 de julio de 2012

González (Cierval): "Hay que salvar a bancos y cajas, pero no a los banqueros y cajeros que los han llevado a ese punto"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, considera que "hay que salvar a los bancos y a las cajas de ahorros, pero no a los banqueros y a los cajeros que, por acción o por omisión, los han llevado al punto en el que están, especialmente a las cajas de ahorros".

  González reconoce que "tal y como está montado el mundo, probablemente no hay más remedio que salvar de alguna manera a los bancos y a las cajas de ahorros, y a las 'ex cajas de ahorros'" dado que "no hay solución alternativa o, de haberla, a lo mejor era peor el remedio que la enfermedad".
   No obstante, se opone frontalmente a que, "en ese pack, haya que salvar también a los banqueros y a los cajeros que, por acción o por omisión, han llevado a esas entidades a esa situación" y que, "en algunos casos, se llegue incluso a premiarlos".  
   Preguntado por la situación de Bankia y por los procesos judiciales abiertos contra exconsejeros y exdirigentes de Banco de Valencia, admite que "desde luego, es una mala noticia para la Comunitat Valenciana, muy mala noticia".
   El líder de la patronal autonómica lamenta el desmantelamiento prácticamente en su totalidad del sistema financiero valenciano y apunta que "siempre nos quedará Caixa Ontinyent". 
"Es la única entidad que queda valenciana, y hay que decirlo también", subraya.
   En cuanto a la exigencia de responsabilidades a los antiguos gestores de las entidades, insiste en que "hay que dar ejemplo".
   Así, González sostiene que "cuando uno está en un sitio, asume la responsabilidad y tiene que responder". En este sentido, argumenta que "en este país, todavia hay suficientes medios legales para que eso se sustancie".
   El presidente de Cierval añade que, "en cualquier caso, hay que reconocer que lo que se dice una labor brillante no han hecho".

martes, 19 de junio de 2012

El Eurogrupo atribuye los problemas del sector financiero a las entidades junto al Mediterráneo

BRUSELAS.- El Eurogrupo atribuye los problemas del sector bancario español al "exceso de crédito al sector de la construcción" debido a la "euforia de la convergencia". El Banco de España detectó los problemas en una fase "temprana" y actuó de forma "contundente" exigiendo más provisiones pero "el problema era mucho mayor de lo que se pensaba".
   "Es importante destacar que los problemas no han sido causados por los grandes bancos internacionales españoles, sino que se concentran en los balances de instituciones más pequeñas, con un alto grado de correlación con la proximidad al Mediterráneo", ha ironizado el alto funcionario.
   "Eso es importante cuando se examina la reforma de la supervisión bancaria. Es muy fácil controlar a los grandes bancos porque están muy bien gestionados normalmente, pero es más difícil vigilar a los bancos pequeños, donde luego están los problemas que se contagian a la economía, si son sistémicos", ha explicado.
   El Eurogrupo no ve ningún problema en que la auditoría en profundidad del sector bancario, cuyos resultados estaba previsto publicar a finales de julio, se retrase hasta septiembre. "Si es dos semanas más tarde pero más en profundidad, lo preferimos", alega.

lunes, 18 de junio de 2012

Asociación de Impositores pide recuperar la confianza en las cajas con la garantía sin limitación de todos los depósitos

VALENCIA.- La Asociación de Impositores de Cajas de Ahorro de la Comunitat Valenciana ha pedido que se recupere el "clima de confianza en las cajas" mediante la "garantía de todos los depósitos sin limitación", durante la celebración de su asamblea anual, según ha informado en un comunicado el presidente de esta asociación, Ángel Villanueva.

   Durante la celebración del encuentro, al que han asistido cerca de un centenar de representantes de esta organización en las distintas cajas, se ha criticado la "política de información" de la administración y organismos reguladores.
   Asimismo, según Villanueva, se ha reclamado que se "aclare la situación de los bancos generados por las cajas" y se ha valorado "la necesidad de un posicionamiento claro que recupere el clima de confianza" en ellas "mediante la garantía de todos los depósitos sin limitación".
   En esta asamblea, donde también se ha aprobado el informe de gestión presentado por Villanueva y las cuentas anuales, se ha pedido "recuperar el valor de la acción y un dividendo acorde con la inversión en el momento de la salida a bolsa".
   Asimismo, se ha reivindicado un "nuevo tratamiento al problema de las preferentes, que garantice el mantenimiento del valor de la inversión efectuada en su día, todo ello de forma homogénea con independencia de la caja origen que los emitió".
   Además, se ha exigido el mantenimiento de la Obra Social de las cajas mediante la asignación a la participación de las cajas en Banco Financiero y de Crédito (BFA) de un valor que permita su funcionamiento a futuro.

martes, 12 de junio de 2012

EU pide la comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas en las Corts para explicar su gestión en el control de las cajas

VALENCIA.- El grupo de Esquerra Unida (EU) en las Corts Valencianes ha pedido este martes la comparecencia en la Cámara autonómica de los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana, Francisco Camps y José Luis Olivas, este último también ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, para que expliquen "cuál fue su responsabilidad y su gestión" en las competencias del Consell para "dirigir, investigar y supervisar" la actividad de las cajas valencianas.

   Igualmente, ha exigido "responsabilidad" y "cárcel" por la pérdida de las entidades de ahorro valencianas y del tejido financiero de la Comunitat. Así lo ha explicado la coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación en las Corts, Marga Sanz, durante el acto que varios de sus miembros han celebrado frente a la sede principal de Bancaja en la ciudad de Valencia para exigir "la depuración de responsabilidades políticas y penales por la quiebra y pérdida de las cajas de ahorro valencianas".
   Junto a Sanz estaban el también diputado autonómico Ignacio Blanco; la diputada provincial de EU en la Diputación de Valencia Rosa Pérez; el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, y la otra concejala de EU en esta corporación Rosa Albert. Todos se han concentrado durante unos minutos ante la central de Bancaja tras una pancarta en la que se podían leer en valenciano las frases 'Judici als Bankers' ('Juicio a los Banqueros') --esta última palabra imitando el logotipo de Bankia-- y 'No paguem els seus deutes' ('No paguemos sus deudas').
   Con esta convocatoria, EU ha querido también apoyar la creación de una 'Comisión de la Verdad' en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras que esta tarde defenderá en la Cámara Baja el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y portavoz parlamentario, Cayo Lara. Esta comisión busca "investigar qué ha pasado en el sistema financiero español" y saber "si han habido fraudes" y "qué responsabilidad ha tenido en todo el Banco de España y el Gobierno".  
   Marga Sanz ha indicado que "los más de 170.000 millones que la banca ya está absorbiendo de dinero público exige responsabilidad y cárcel" porque "no es posible que en estos momentos la gente esté pagando, con 6 millones de parados y con recortes en los derechos fundamentales de educación y de sanidad, lo que la banca se está tragando por culpa de haberse metido en una dinámica de especulación, en un sistema productivo que nos ha llevado al caos".
   "En estos momentos exigimos responsabilidades", ha reiterado Sanz, que ha precisado que a prisión deben ir "todos aquellos que se han quedado con dinero de los españoles y que han mentido a la ciudadanía sobre cuáles fueron los balances que se dieron en su momento". Ha agregado que EU quiere saber "con qué balance se presentó Bancaja en la SIP de Bakia, qué valoración tuvieron esos activos" y que se diga "qué ha pasado con el dinero de los valencianos y valencianas y qué va a pasar también con sus ahorros en el Banco de Valencia".  
   La diputada ha anunciado que EU ha registrado este martes en el Parlamento Valenciano "una petición de comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas para que expliquen en el pleno de las Corts cuál fue su responsabilidad y su gestión al frente de las competencias que tenía el Consell para poder dirigir, investigar y supervisar la actividad de las cajas en este periodo que se está cuestionando". No ha descartado pedir también una comisión de investigación.
   Marga Sanz ha confiado en que la Cámara autonómica "pueda dar eco a estas explicaciones" que exige la ciudadanía. "Es un escándalo que está afectando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hoy, más que nunca, exigen responsabilidades de quienes nos han hundido, los bancos, de quienes han hundido la economía y de quienes han provocado que hoy no tengamos cajas que podrían ser banca pública para incentivar nuestra economía y a nuestras empresas".
   Ha considerado que así se podría "poner en marcha una dinámica diferente" para salir de la crisis y hacer que su impacto "sea mucho menor". En este sentido, preguntada por la denuncia del FROB contra la cúpula del Banco de Valencia, Sanz ha respondido que "todo está metido en la misma dinámica", al tiempo que ha pedido que la "lógica" actuación de este organismo en este momento se dé junto a "una explicación política de qué ha pasado en el Banco de Valencia".  
   Respecto a si EU tiene previsto iniciar algún tipo de acción legal por estos hechos, ha asegurado que quiere discutirlo primero en sede parlamentaria porque "si realmente hay voluntad política de investigar desde las instancias públicas lo que ha pasado" desde ahí "se derivarán ante el Ministerio Fiscal las valoraciones" necesarias.

sábado, 26 de mayo de 2012

Cayo Lara pide investigar responsabilidades penales en la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido que se habrá una comisión de investigación para depurar las responsabilidades, "incluso penales" en las gestión de las cajas de ahorro.

   En el marco de la ejecutiva federal de IU celebrada este sábado en Madrid, Lara ha indicado que pidieron en el Congreso de los Diputados abrir una comisión de investigación, y que recibieron un rechazo del Partido Popular a tal iniciativa .
   "El PP, que presume de transparencia, niega dar explicaciones en el Parlamento e impide que se aclare la situaciones de las entidades de crédito en España", ha señalado.
   Lara se ha preguntado qué gestión han hecho los anteriores administradores con los recursos de los ciudadanos, pero también "qué es lo que ha hecho el supervisor del Banco de España que ha permitido que se produzca tamaño desastre" en Bankia.
   Además, el dirigente de IU ha reiterado el apoyo de la nacionalización de Bankia. "El Estado tiene que entrar para quedarse con carácter de permanencia en la banca pública en España, para que los clientes de las entidades no pierdan la seguridad".
   Asimismo, Lara ha indicado que la nacionalización no debe ser para salvar a los banqueros, sino "para dar una salida social a la crisis, dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, y para apoyar un nuevo modelo de desarrollo productivo".
   Por último, Lara ha indicado que nadie sabe lo que necesita Bankia. "Primeramente eran 4.000 millones de euros para salvarla, en menos de una semana 7.500 millones, ayer 15.000 millones y tras el consejo de la entidad, 19.000 millones".

lunes, 21 de mayo de 2012

Las cajas de ahorro han arruinado la economía española

WASHINGTON.- Las pérdidas de la banca española podrían situarse entre los 218.000 y los 260.000 millones de euros, y necesitarían una inyección de capital extra de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, informó hoy el Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

La mayoría de estas pérdidas se concentran en las cajas, donde el IIF asegura que un "número significativo necesitará asistencia gubernamental".
"El grueso de estas pérdidas estaría concentrado en los balances de activos inmobiliarios, que están concentrados en la cajas", agrega el IIF, que engloba a más de 400 entidades financieras internacionales.
En su análisis mensual de la economía de mayo, la asociación de banqueros agregó que las perspectivas sugieren que las pérdidas estarían más cerca del peor escenario dado que los adversos pronóstico macroeconómicos, especialmente en lo que se refiere al crecimiento y desempleo.
El IIF destacó, no obstante, que estas necesidades de capital extra, entre 50.000 y 60.000 millones de euros, representan solo el 5% del PIB de España, si se asumen unas provisiones de 190.000 millones de euros.
La asociación de banqueros compara estas exigencias de recapitalización con las de Irlanda, que eran del 33% del PIB en plena crisis.
Asimismo, destacó que la parte positiva en España es que "los grandes e internacionalmente activos bancos españoles deberían tener pocas dificultadas para financiar las provisiones adicionales requeridas".
En un contexto más amplio, el IIF subrayó que las tensiones en la eurozona han vuelto al primer plano tras una periodo de "calma relativa" en el segundo trimestre.
"Las previsiones de los mercados se han vuelto negativas arrastradas por los resultados electorales, las renovadas preocupaciones acerca de la salud del sector banquero español y las discusiones acerca de la salida de Grecia del euro", explicó el IIF.
La agrupación de banqueros, que lideró las negociaciones para la la quita del 50% de la deuda griega en manos privadas, informó que sus previsiones están basadas "en la premisa de que finalmente las autoridades políticas europeas actuarán para evitar el peor desenlace, que es esencialmente una ruptura en la divisa común".

sábado, 19 de mayo de 2012

Torres-Dulce ordena depurar las responsabilidades penales por la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo".

   Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista, en la que ha calificado de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.
   Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra "de momento" Bankia, aunque "otra cosa es que pueda haberlo en el futuro" y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.
   "En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no".
   Torres-Dulce ha añadido que él es "muy beligerante" en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa "extraordinariamente". No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Ha añadido que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía".
  "Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido", ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita "con mayor presteza".
   "No se trata de falta de colaboración", según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer "un mayor ritmo investigador". El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una "mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos".
   Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", ha señalado Torres-Dulce.
   "Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".
   Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. "No vamos a investigar todo lo que haya hecho la 'Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal", ha concretado.
   Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: "Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave".
   Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver "con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales".
   Ha advertido que el los últimos tiempos "está muy presente" la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a "financiación de partidos políticos", pero también existen otros casos "que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante".
   Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, "empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores".
   Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de  Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.
   El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede "intentar conseguir una condena como sea", sino a través de los medios legales.
   "En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales".

domingo, 4 de marzo de 2012

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".
   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.
   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".
   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

sábado, 25 de febrero de 2012

El adiós a las "prejubilaciones de oro" en las cajas de ahorro

MADRID.- La reforma laboral permitirá a las cajas de ahorro, en plena reconversión, acometer intensos ajustes laborales bien diferentes de las "jubilaciones de oro" a las que estaba acostumbrado el sector.

Las cajas están a punto de entrar en un nuevo baile de fusiones y adquisiciones, la segunda fase de un proceso que ha reducido su número de las 45 que había hace apenas dos años a los 17 grupos actuales, una cifra que aún tiene que ser más pequeña, según prevé el Gobierno.
La crisis, que cumplirá su cuarto aniversario en agosto, puso de manifiesto el exceso de oficinas y de empleados del sector financiero español, que se cifró en torno al 20 % en ambos casos y que se ha visto agravado en algunas zonas con los solapamientos producidos tras las fusiones.
Las cajas y los sindicatos trabajan actualmente a toda máquina para intentar solucionar estos problemas de la forma menos sangrante posible, aunque la reforma laboral ha abierto la ventana de posibilidades con que cuentan los empresarios.
Lo que se da por supuesto es que ya no se van a repetir las jubilaciones doradas con que el sector mimaba a sus empleados de mayor edad.
Los ajustes que se han puesto sobre la mesa en los últimos días incluyen ya medidas que tratan de imponer una mayor flexibilidad, como Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales, eliminación de puestos de trabajo y recortes salariales.
Según fuentes del bufete Sagardoy Abogados, las prejubilaciones dejarán de ser la herramienta más utilizada en el sector "por razones de coste" y por las dificultades legales que tiene su articulación.
Y además, dicen las fuentes, las entidades financieras han agotado casi totalmente tal posibilidad, ya que no quedan muchos empleados en activo próximos a la jubilación.
Aunque explican que es imposible estimar a cuántos trabajadores puede afectar la nueva reestructuración financiera, creen que la cifra será más reducida si se utilizan a fondo las medidas alternativas de flexibilidad.
De momento nadie puede precisar a cuánto ascenderá el coste de este ajuste, aunque será más reducido por la propia situación del sector, entre un 30 y un 40 % menos que en anteriores procesos similares.

lunes, 13 de febrero de 2012

UPyD pedirá una comisión de investigación del Congreso sobre la insolvencia de algunas cajas de ahorro

MADRID.- El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha avanzado su intención de promover la apertura de una comisión de investigación en el Congreso donde se depuren "responsabilidades políticas y penales, si las hubiera", en la quiebra de diferentes cajas de ahorro.

   Según adelanta Rosa Díez en un mensaje de su perfil en Facebook, durante la sesión plenaria de este jueves, en la que se convalidará la reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno el 3 de febrero, UPyD anunciará la propuesta de crear "una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las cajas de ahorros, para que se depuren responsabilidades políticas y penales si hubiera caso".
   Y es que en los últimos años, el Banco de España ha tenido que intervenir diferentes entidades de crédito del país, como Caja Mediterráneo (CAM) o Caja Castilla-La Mancha (CCM), tras constatarse problemas de solvencia y elevadas indemnizaciones a directivos de estas entidades.
   La creación de una comisión de investigación en el Congreso sólo puede ser solicitada por 70 diputados (la quinta parte de la Cámara) o por dos grupos parlamentarios, lo que implica que UPyD requerirá la firma de otro grupo parlamentario. Para que se apruebe, la iniciativa ha de ser aprobada por el Pleno del Congreso, donde el PP tiene mayoría absoluta.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Menéndez (Cajastur) apuesta por seguir reduciendo plantilla en el sector pero sin recurrir a la prejubilación

OVIEDO.- El presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, ha criticado la política de prejubilaciones llevada a cabo en su entidad financiera, y en el sector bancario en general, y ha apostado por incidir en otras vías como el cierre de oficinas y la reducción de personal dentro del proceso de reestructuración de los bancos.

   En una conferencia ofrecida en la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo para analizar la reestructuración del sistema financiero español, Menéndez indicó que la prejubilación "no es el camino", y propuso que los fondos dedicados a este fin se inviertan en buscar una salida para los empleados más jóvenes, o con menos tiempo en la empresa.
   El presidente de Cajastur, entidad accionista mayoritaria del grupo Liberbank, apostó decididamente por mantener dos líneas de actuación: la integración de entidades para su consolidación, y la reducción de oficinas y plantillas, porque si no, "el negocio no es sostenible".
   Así, señaló que la reducción de oficinas llevada a cabo en el sistema en general ha sido de un 8% durante este año, una cifra que es insuficiente. Además, matizó que el plan de integración plantea una eliminación de entre 15% y un 18% de oficinas, y eso "implica una reducción de personal de en torno al 15%".
   El objetivo de Liberbank es alcanzar un 25% de reducción de gastos generales en torno a 2014, pero "teniendo en cuenta que los márgenes han bajado es posible que haya que aplicar más reducciones", subrayó.  
   No obstante, criticó desde un punto de vista personal, las políticas de prejubilaciones para estas reducciones de plantillas, y matizó que si ha firmado los decretos al respecto ha sido por "responsabilidad", pero "no es el mejor camino jubilar a personas de 55 años que pueden trabajar perfectamente".
   Desde su punto de vista, "hay otras alternativas", que estarían dirigidas a los empleados jóvenes y que llevan poco tiempo en la empresa. Así, apostó por invertir el dinero de las prejubilaciones en "enfocar la carrera profesional" de estas personas.
   Preguntado por el efecto de estas prejubilaciones sobre las arcas públicas, Menéndez no lo consideró "ni bueno ni malo", y aceptó su aplicación "si es bueno para la economía, y existe un riesgo sistémico de cierre de la banca".
   Los criterios para la clausura de oficinas serían la "eficiencia y el solapamiento", es decir mantener las más rentables, haciendo pasar las delegaciones por un "filtro de eficiencia".
   En este punto, indicó que en las zonas de expansión (que para Cajastur serían lugares fuera de Asturias, como Madrid o Valencia) "hay más motivos para el cierre".
   Además, Menéndez rechazó también las críticas a la ayuda económica estatal a las entidades financieras, comparando la situación de España con la de otros países. Así, recordó que en el caso español, los fondos empleados supusieron un 9% del PIB, "muy por debajo de otros países europeos", entre los que citó a Irlanda, Grecia o Inglaterra.
   Es más, a su juicio, el sistema financiero español se ha caracterizado por "resolver sus problemas sin ayudas públicas". En este sentido, puso como ejemplo a Liberbank, único grupo en un proceso de integración que aún no ha recurrido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además, recordó que el dinero que ha entregado el Estado a este fin "no es capital puesto a riesgo", sino que "se pagan intereses" por él.
   Respecto a nuevos procesos de integración, el presidente de Cajastur matizó que no hay nada nuevo, aunque sí que reconoció que son aspectos que se hablan, pero no existe ninguna "conversación formal".
   Integración de entidades, reducción de plantillas y oficinas, y fortalecimiento son las ideas generales que ha fijado para la reestructuración del sistema financiero. A partir de ahí, según Menéndez, cabe esperar dos cosas: en primer lugar, la reapertura del mercado interbancario, en estos momentos cerrado por una "crisis de confianza", que consideró "demoledora". Y la recuperación de la economía española.
   Antes, Menéndez realizó una extensa disertación sobre la crisis que afecta a los bancos, que vinculó con unos tipos de interés demasiados bajos que favorecieron una excesiva concesión de créditos durante los años 2009 (aumento del 217% en este periodo). Esto conllevó el proceso de endeudamiento de familias y empresas.
   Además, recordó que en este endeudamiento ha jugado un papel predominante la inversión inmobiliaria, sector del que existe una "fuerte dependencia".

lunes, 28 de noviembre de 2011

Las indemnizaciones millonarias a directivos de la CAM son legales


MADRID.- El personal del Hotel Hilton de Toledo conocía a la perfección a la cúpula de Caja Castilla La Mancha (CCM). Hasta que la entidad fue intervenida, en marzo de 2009, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y su director general, Ildefonso Ortega, eran dos de los mejores clientes del restaurante del hotel. Allí agasajaban a empresarios y políticos con "el mejor arroz al senyoret de la meseta castellana". Tras la comida, una Visa Oro de la caja pagaba la cuenta y varios coches oficiales esperaban a la puerta.

Las facturas abultadas en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo, los billetes de avión en primera clase, la compra de obras de arte, los carísimos viajes de incentivos... fueron el pan nuestro de cada día para unas entidades que se han convertido en la principal víctima de la crisis en el sector financiero.
Los gestores, protagonistas de estos dispendios y responsables de la mala gestión (tres cajas han sido intervenidas -CCM, Cajasur y Caja Mediterráneo- y otras tres han sido nacionalizadas -Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim-) lejos de ser castigados, han recibido generosas indemnizaciones.
El primer caso que saltó a la opinión pública, y uno de los más sangrantes, fue el de María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo (CAM). La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó por apuntarse al paro para cobrar el subsidio de desempleo y acudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa. El Estado tuvo que aportar 2.800 millones de euros para recapitalizar la entidad y otros 3.000 millones como línea de crédito.
Desde que se conoció este episodio han salido a la luz numerosos casos de directivos de cajas que han cobrado escandalosas compensaciones por abandonar las entidades en cuyo descalabro participaron activamente. El último, la semana pasada, el de la cúpula de Caixa Penedès. Cuatro ejecutivos se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.
Uno de los episodios que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (producto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones. Esta voluminosa indemnización no incluye los más de 15 millones de euros que cobró el último presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, como pensión.
La presión social y las gestiones de la nueva cúpula de la entidad gallega hicieron que los exdirectivos se replantearan el cobro de las sumas acordadas. Javier García de Paredes, ex director general adjunto, aceptó devolver la mitad de los 10 millones que le correspondía. El resto de directivos implicados aún no ha devuelto nada.
Otro caso sonado es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.
El principal problema al que se enfrentan tanto en Novacaixagalicia como en otras entidades financieras es que los contratos que esgrimen los directivos para cobrar las compensaciones son perfectamente legales. "Encargamos informes jurídicos a varios despachos y todos ellos han coincidido en que los contratos se ajustan a derecho", explicaba recientemente José María Castellano, el nuevo presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (la filial financiera de la caja). Por este motivo, la única vía que las cajas tienen para recuperar parte de la suma de las indemnizaciones es confiar en que los directivos rectifiquen, presionados por la alarma social y por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

Contratos legales
La dificultad para revocar los contratos sobre compensaciones a altos cargos se ha puesto de relieve en Caja España-Duero. El exvicepresidente, Francisco Fernández, ha cobrado 554.000 euros al prejubilarse de la entidad financiera, que también ha recibido el apoyo del FROB. El consejo de la caja analizó la posibilidad de revocar el pago, pero lo descartó el pasado viernes tras recibir un informe de un despacho de abogados en el que otorgaba plena legalidad a la indemnización.
"El debate no debería ser si nos escandalizamos más o menos por una indemnización", aseguraba recientemente Manuel Menéndez, presidente ejecutivo de Liberbank, una de las pocas entidades que no ha recibido apoyo público. "El debate debería ser si tiene sentido prejubilar a directivos con 55 años. Tal vez hacerlo tenga sentido económico, pero será, en cualquier caso, muy caro".
Lo que evidencia la crisis es que el sector bancario, especialmente las cajas, estaba sobredimensionado (lo que ha provocado el cierre de miles de oficinas y el recorte de decenas de miles de empleos) y sus salarios estaban inflados. Buen ejemplo de ello es un estudio reciente elaborado por el sindicato Comisiones Obreras que revela que, entre 2004 y 2010, el beneficio de las nueve mayores cajas cayó un 7%, mientras que la retribución de la alta dirección subió un 38%.

La fiscalía ya investiga

Hasta hace unos meses, las noticias sobre la remuneración de los directivos o los consejeros de una caja de ahorros apenas tenían trascendencia. "Caja Navarra pagó en 2010 dos millones de euros en sueldos directivos" o "La cúpula de Catalunya Caixa cobra 1,86 millones en seis meses" eran titulares que mostraban los altos sueldos que se pagaban en el sector financiero, pero no pasaban de ahí.
La percepción de estas informaciones cambió radicalmente cuando esta industria, de retribuciones privilegiadas, se tuvo que echar en manos del Estado para evitar su bancarrota. Con tres cajas nacionalizadas, otras tres intervenidas, y un banco (participado por una caja) también controlado por el supervisor, la tolerancia hacia los sueldos escandalosos ha terminado.
El principal cambio proviene de la actitud de la administración de justicia. Tras hacerse pública la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".
El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia. En este caso, Anticorrupción investiga dos interrogantes de la gestión de la entidad: por qué sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, y hasta qué punto son legales las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. Fue el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) el que tuvo la iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara los hechos.
El último paso de esta escalada son las investigaciones de oficio. Es lo que ha hecho la Fiscalía Superior de Cataluña, que el viernes anunció que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".
La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.